Ley de hidrocarburos: propuesta para dinamizar la industria petrolera

La propuesta de Ley Orgánica de Hidrocarburos, que se debatirá próximamente en el Congreso de la República, ha generado diversas matrices de opinión. Las hay en favor de esta ley dadas las expectativas de la reactivación y la modernización del sector, con el consecuente impacto positivo en la economía del país, especialmente de las regiones donde se realizarían las actividades petroleras. También hay quienes están en contra, debido a la percepción negativa que el sector genera en ciertas instituciones gubernamentales y medioambientales, así como por presuntas condiciones ventajosas para los inversionistas en materia de regalías y plazos contractuales.

Antes de comentar las principales repercusiones de esta propuesta de ley, debemos recordar, brevemente, los aspectos más relevantes del escenario petrolero en los últimos años.

Así, la depresión en los precios internacionales de las materias primas desde el año 2014, muy en particular los precios del petróleo, generó diferentes estrategias de los actores claves del mercado petrolero mundial: Estados Unidos de América con sus altos niveles de inventarios de crudo y mayor producción de petróleo de esquisto, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y ciertos países no OPEP con sus acuerdos de recortes de producción y, otros países no OPEP con sus propias estrategias geopolíticas para abordar esta difícil situación, entre otras.

Este complejo escenario de alineamiento de oferta-demanda del petróleo generó, entre otras consecuencias, la necesidad de una revisión profunda de los portafolios de inversiones de las compañías nacionales e internacionales de petróleo a nivel mundial. Esto los llevó a enfocarse en proyectos de menores riesgos financieros y operacionales y que incidieran de forma positiva en la continuidad de sus negocios.

Como era de esperarse, la industria petrolera peruana no escapó de esa crisis mundial. En los últimos años, este sector no ha sido prioridad para la inversión en exploración y producción, que ha caído a mínimos históricos.

Esto se refleja en la drástica disminución de la producción de petróleo que actualmente alcanza unos 43,000 barriles diarios, lo que representa una reducción significativa en comparación con años anteriores de mayor producción.

Asimismo, también es un signo los pocos contratos de exploración petrolera que se han firmado, mientras que ha aumentado la cifra de campos petroleros no exitosos y se han cerrado temporalmente una gran cantidad de pozos petroleros.

Con este escenario actual, para evitar un mayor deterioro en la industria petrolera peruana, se requieren políticas claras y bien definidas por parte del Estado Peruano para reimpulsar el sector y atraer inversionistas. Esto incluye la necesidad de actuación conjunta y alineada de los diferentes entes de gobierno involucrados.

De la información publicada por la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE) se interpreta que, de aprobarse esta propuesta de Ley, se generarían beneficios tangibles para la industria petrolera nacional. Por un lado, a nivel de operaciones aguas arriba, se atraerían nuevas inversiones extranjeras para reactivar la exploración y producción de hidrocarburos. Aquí se destaca la existencia de unos 4,500 pozos petroleros en la costa y selva actualmente cerrados por razones económicas, también se avanzaría en la puesta en valor de reservas de petróleo por unos 154 millones de barriles y, aumentaría la capacidad de producción para atender la demanda del mercado local que alcanza unos

250,000 barriles diarios y que generó importaciones por unos US$ 5,500 millones en 2017. Adicionalmente, según la información de la SNMPE, se estima USD 21,000 millones en nuevas inversiones en los próximos cuatro años.

Por otro lado, a nivel de operaciones aguas abajo, la SNMPE indica que, con la nueva ley, la industria petrolera estaría en mejores condiciones para afrontar las obras de modernización de la

Refinería de Talara que ampliará su capacidad de refinación a unos 95,000 barriles diarios. De lograrse el objetivo de la nueva Ley, se podría incrementar la producción de petróleo a unos 100,000 barriles diarios en los próximos cinco años, reduciendo por ende las necesidades de importaciones de petróleo para su refinación local y avanzar hacia mayores niveles de autosuficiencia energética.

También se esperan beneficios para las regiones donde se encuentran los campos petroleros ya que recibirán mayores ingresos por regalías y se espera el fortalecimiento de PERUPETRO como ente promotor de la inversión y facilitador de decisiones contractuales y de operación.

Otra medida importante que se implementaría con la nueva ley, dado el contexto actual de nuestro país asociado a temas de corrupción y la necesidad de atención a comunidades adyacentes a las áreas de producción, es la revisión de los contratos petroleros. Esto no solo permitirá evaluar los plazos de vigencia de los contratos y plantear regalías competitivas y atractivas para los inversionistas – que serían renegociables en función de los niveles de producción y precios internacionales -, sino que también servirá para incorporar cláusulas anticorrupción, crear el Fondo de

Adelanto Social para minimizar los impactos sociales en beneficio de las comunidades e incorporar la posibilidad de terminar contratos por incumplimientos o faltas graves de la normatividad ambiental.

Hoy, existe oportunidad petrolífera para invertir en Perú, pues unas 4 de 18 cuencas con potencial para la explotación de hidrocarburos han sido exploradas y el país cuenta con reservas de 435 millones de barriles de petróleo fiscalizado a condiciones estándar, según el resumen ejecutivo del Libro Anual de Recursos de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de 2016.

Considerando estos factores y el contexto de crisis petrolera local, la continuidad de la industria dependerá de un marco regulatorio integral – incluidos la Ley y los reglamentos necesarios – que equilibre el desarrollo petrolero y los asuntos sociales y medio-ambientales. También, de negociaciones contractuales transparentes con inversionistas en un escenario ganar-ganar y de inversiones en exploración para certificar nuevas y mayores cantidades de reservas de hidrocarburos.

Así, la propuesta de ley de Hidrocarburos buscaría encaminar a la industria petrolera nacional hacia la actual tendencia global de crecimiento progresivo de inversiones en exploración, producción y refinación a través de la modernización de estas actividades mediante el uso de nuevas tecnologías, algo que solo es viable en escenarios de precios favorables en el sector y condiciones competitivas.

Por: Ronald Villalobos – Socio de Auditoría en KPMG en Perú

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