El ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, anunció la creación de un comando unificado, liderado por un general del Ejército del Perú (EP), para combatir el crimen organizado en Pataz, tras expresar su pesar por el asesinato de 13 trabajadores mineros en la esta provincia de la región La Libertad.

Recordó que el control del orden interno en la provincia de Pataz estará a cargo de las Fuerzas Armadas, como parte de la prórroga del estado de emergencia aprobada mediante decreto supremo. La medida, que regirá por 30 días a partir del 9 de mayo, responde a la grave situación de violencia y actividades ilegales en la zona.

Precisó que el despliegue de las Fuerzas Armadas se efectuará bajo un comando unificado, que será liderado por un general del Ejército con amplia experiencia en operaciones y capacidad de liderazgo.

Articular acciones

“La respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata. Se ha prorrogado el estado de emergencia y el control del orden interno lo asumirán las Fuerzas Armadas. El comando unificado permitirá articular la actuación de los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, detalló.

Asimismo, Astudillo explicó que la Policía Nacional cuenta con unidades especializadas para enfrentar la minería ilegal, capacidades que serán integradas estratégicamente bajo esta nueva estructura de mando conjunto. También destacó la participación activa de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Sunat y Sucamec.

Entre las medidas adicionales dispuestas figura la inmovilización social obligatoria –toque de queda– desde las 18:00 hasta las 6:00 horas en las localidades de Pataz, Parcoy y Tayabamba. Además, se ordenó paralizar toda actividad minera en estas jurisdicciones, como parte del esfuerzo por contener el accionar de organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal.

El ministro Astudillo subrayó que esta intervención no es improvisada, ya que desde el inicio de su gestión ha mantenido presencia constante en la zona. “Desde el primer día de mi gestión estuve en Pataz, el 14 de febrero del año pasado, un día después de decretarse el estado de emergencia”, recordó.

Más agentes

En cuanto al refuerzo de seguridad, anunció que la Policía Nacional aumentará significativamente su presencia en Pataz, pasando de 400 a 1,000 efectivos especializados. Por su parte, las Fuerzas Armadas también incrementarán su contingente, conformado por 100 militares. Subrayó la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de actividades económicas legítimas, como la minería.

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El Ministerio del Interior (Mininter) dispuso el despliegue inmediato de equipos de élite especializados de la Policía Nacional del Perú en Pataz, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del asesinato de 13 trabajadores mineros en la región La Libertad.

Los equipos pertenecen al Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como a las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones y de Investigación de Homicidios de la Dirincri-PNP, precisa el Mininter a través de un comunicado. Añade que, además, se viene trabajando estrechamente con las Fuerzas Armadas.

“Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente”, puntualizó el documento.

Finalmente, el Ministerio del Interior expresó su profundo pesar por las lamentables pérdidas y reafirma su firme compromiso de erradicar esta lacra criminal.

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Fatal hallazgo

En horas de la mañana del domingo, la Minera Poderosa confirmó, a través de un comunicado, el asesinato de los 13 trabajadores mineros secuestrados en Pataz, por delincuentes aliados de la minería ilegal.

“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los trece (13) trabajadores que fueron secuestrados en Pataz por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, puntualiza el documento.

En ese sentido, la minera expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida.

Recordó que el secuestro se produjo el pasado 26 de abril luego de un ataque a las operaciones de un “minero artesanal en proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación, secuestrando a un grupo de sus trabajadores.

“Suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades”, puntualizan.

Añade que estos luctuosos sucesos se suman también a lo acontecido (último sábado), en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde otra incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de instalaciones de una planta. “El espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da pese a la declaratoria del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial, que lamentable no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”, precisan.

Conasec

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó al Gobierno convocar con urgencia a una reunión de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Pataz.

En tal sentido, la ANGR pidió también “la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en Pataz, la instalación de una base militar permanente en la zona, una investigación integral bajo fiscalía especializada para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la masacre”.

“La reciente y atroz ejecución de 13 trabajadores vinculados a la minería formal en la provincia de Pataz evidencia una escalada intolerable de violencia criminal que ha superado la capacidad de respuesta de la Policía y de las autoridades”

Fuente: El Peruano

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La medida fue oficializada mediante Ley Nº 32307, publicada en edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De esta forma se modifican los artículos 4 y 23 del Decreto Legislativo 1095, Decreto Legislativo que Establece Reglas de Empleo y Uso de la Fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional.

Así, sobre la finalidad de la intervención de las Fuerzas Armadas, se establece que deben “prestar apoyo a la Policía Nacional, previa declaración de Estado de Emergencia, en casos de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, minería ilegal, protección de instalaciones estratégicas para funcionamiento del país, servicios públicos esenciales y en los demás casos constitucionalmente justificados cuando la capacidad de la Policía sea sobrepasada en su capacidad de control de orden interno, sea previsible o existiera peligro de que ello ocurriera”.

En tanto, respecto a los ámbitos de actuación de las Fuerzas Armadas, se establece que pueden actuar en apoyo a la Policía Nacional en los casos de minería ilegal.

Asimismo, establece que el Poder Ejecutivo adecúa el Reglamento del Decreto Legislativo 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el Territorio Nacional, a las modificaciones dispuestas en la presente ley en un plazo de 60 días hábiles contados a partir de su entrada en vigor.

Fuente: El Peruano

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