El Ministerio del Interior (Mininter) dispuso el despliegue inmediato de equipos de élite especializados de la Policía Nacional del Perú en Pataz, con el objetivo de ubicar y capturar a los responsables del asesinato de 13 trabajadores mineros en la región La Libertad.

Los equipos pertenecen al Grupo Especial contra el Crimen Organizado, así como a las divisiones especializadas de Investigación de Secuestros y Extorsiones y de Investigación de Homicidios de la Dirincri-PNP, precisa el Mininter a través de un comunicado. Añade que, además, se viene trabajando estrechamente con las Fuerzas Armadas.

“Nuestros agentes de élite están plenamente facultados para hacer uso de sus armas de fuego si las circunstancias lo ameritan, en estricto cumplimiento del marco legal vigente”, puntualizó el documento.

Finalmente, el Ministerio del Interior expresó su profundo pesar por las lamentables pérdidas y reafirma su firme compromiso de erradicar esta lacra criminal.

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Fatal hallazgo

En horas de la mañana del domingo, la Minera Poderosa confirmó, a través de un comunicado, el asesinato de los 13 trabajadores mineros secuestrados en Pataz, por delincuentes aliados de la minería ilegal.

“Esta madrugada, tras intensas labores de búsqueda, el equipo de rescate de la Policía pudo recuperar los cuerpos de los trece (13) trabajadores que fueron secuestrados en Pataz por mineros ilegales coludidos con elementos criminales”, puntualiza el documento.

En ese sentido, la minera expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida.

Recordó que el secuestro se produjo el pasado 26 de abril luego de un ataque a las operaciones de un “minero artesanal en proceso de formalización con el que Poderosa mantiene contrato de explotación, secuestrando a un grupo de sus trabajadores.

“Suman ya 39 los colaboradores, mineros artesanales y sus trabajadores ultimados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, hoy convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente, segando vidas, sembrando el terror y sometiendo voluntades”, puntualizan.

Añade que estos luctuosos sucesos se suman también a lo acontecido (último sábado), en una operación formal en Alacoto, Pataz, donde otra incursión de mineros ilegales y grupos criminales habría resultado en la toma de instalaciones de una planta. “El espiral de violencia descontrolada que vive Pataz se da pese a la declaratoria del estado de emergencia y la presencia de un importante contingente policial, que lamentable no ha podido frenar el deterioro de las condiciones de seguridad en la zona”, precisan.

Conasec

La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) solicitó al Gobierno convocar con urgencia a una reunión de Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec) en Pataz.

En tal sentido, la ANGR pidió también “la intervención inmediata de las Fuerzas Armadas en Pataz, la instalación de una base militar permanente en la zona, una investigación integral bajo fiscalía especializada para identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la masacre”.

“La reciente y atroz ejecución de 13 trabajadores vinculados a la minería formal en la provincia de Pataz evidencia una escalada intolerable de violencia criminal que ha superado la capacidad de respuesta de la Policía y de las autoridades”

Fuente: El Peruano

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Tras lo sucedido con la masacre de los 13 trabajadores de la minera Poderosa en Pataz, el alcalde de dicha localidad, Aldo Mariño, anunció un paro indefinido para el 5 de junio y dijo que bloquearán salida de oro. Ello debido a la ola de criminalidad que azota la zona y la inacción del Gobierno.

“Después de 204 años, Pataz tiene que ser escuchado y atendido, (pedimos) un hospital, asfaltado y seguridad. Si el Gobierno Central no nos atiende, yo creo a partir del 5 de junio va a lamentar no haber actuado a tiempo”, indicó a Latina Noticias.

“Las rondas campesinas han acordado paro indefinido el 5 de junio, no van a dejar que salga un gramo de oro más de la provincia de Pataz”, destacó.

Asimismo, Mariño indicó que iniciará una caminata el 12 de mayo, desde Tayabamba hasta la ciudad de Lima, será una marcha de sacrificio exigiendo al Gobierno central que escuche sus pedidos.

“Necesitamos un Estado robusto, desde la presidencia y el Ministerio del Interior, para que vayan firmes contra la criminalidad. Segundo, que el Congreso haga su trabajo, que establezcan la pena de muerte o cadena perpetua. (…) A medida que el Estado siga ausente como gobierno central en Pataz, la delincuencia va seguir avanzando”, refirió el alcalde.

Además, comentó que son más de 39 mineros artesanales que han sido asesinados en lo que va del año, no obstante, la cifra podría ser aún mayor.

Sobre la reunión que tendrá el día de hoy con la presidenta, Dina Boluarte, sobre el asfaltado de Pataz, dijo que pondrá sobre la mesa el tema de la inseguridad que vive su localidad.

“Ha colapsado la provincia, espero que hoy día lo conversemos (con la presidenta), pero con objetivos claros, que nos diga: voy a enviar tanto personal de servicio de inteligencia y voy a implementar las comisarías. Si nos dice así genial, sino (dicha reunión) será solo una foto más”, mencionó.

Fuente: Gestión

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En el marco del estado de emergencia declarado en la provincia de Pataz, en la región de la Libertad, las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, refuerzan su presencia con operativos y despliegues en contra de la inseguridad.

Precisamente, con la finalidad de supervisar dichas acciones militares, el ministro de Defensa, Walter Enrique Astudillo Chávez, se encuentra en esta provincia desde el último sábado, acompañado del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General de Ejército David Ojeda Parra, y su Estado Mayor.

Entre las acciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional, destacan los patrullajes, los operativos de control de identidad, en negocios y principales vías de la provincia.

La comitiva presidida por el titular del sector Defensa también sostuvo una reunión de comando en la Comisaría Rural de Retamas, a fin de supervisar acciones combinadas entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, destinadas a recuperar la seguridad en la localidad.

En la dependencia policial, el ministro Walter Astudillo recibió una exposición de la situación del área declarada en emergencia, así como el avance de la intervención de las fuerzas del orden. De igual modo, se reunió con el presidente de la comunidad.

Fuente: El Peruano

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“Este año, si no fuera por la minería, estaríamos hablando de una gran recesión”. Fueron las recientes palabras de Alex Contreras, ministro de Economía y Finanzas, al referirse que esta actividad sostiene a la economía peruana, pero la situación se podría enfriar más por la ola de violencia que enfrentan las compañías extractivas.

El último sábado, al menos nueve trabajadores murieron y 15 resultaron heridos en un ataque a las instalaciones de la minera Compañía Minera Poderosa, provincia de Pataz (La Libertad), en el norte del Perú. De acuerdo a la Policía Nacional del Perú (PNP), se tratarían de mineros ilegales y delincuentes extranjeros.

Al respecto, Rómulo Mucho, exviceministro de Minas, manifestó que, al tener un Gobierno muy débil para poder enfrentar la delincuencia y minería ilegal, las inversiones en el Perú se frenarían o migrarían a otros países.

Así, podrían paralizar las inversiones por US$ 4,646 millones de los proyectos mineros que el Gobierno espera promover en su plan Unidos.

Los proyectos que se anunciaron para el 2024 son: Yumpag (Pasco), Romina (Lima), Corani (Puno) y Chalcobamba (Apurímac), que implican una inversión total de US$ 964 millones. Mientras que en el 2025 se ejecutaría Zafranal (Arequipa) con US$ 1,263 millones.

En adelante, la cartera de proyectos mineros por ejecutar será de US$ 46,657 millones, con La Granja (Cajamarca), El Galeno (Cajamarca), Río Blanco (Piura), Los Chancas (Apurímac), Michiquillay (Cajamarca), entre otros.

“El Gobierno no tiene autoridad en absoluto porque todo el mundo hace lo que le da la gana en el país, además, este Congreso no representa a ninguno. Ya parece que estamos en el viejo oeste, debido a que no es la primera vez que pasan estos hechos”, aseguró Mucho en Gestión.

En esa línea, el exviceministro sostuvo que la inversión privada necesita seguridad, estabilidad y buenas condiciones, pero no se dan.

“El plan Unidos está desfasado cuando se habla de destrabe de proyectos mineros. Y, por supuesto, que se corre riesgo (de paralizar proyectos)”, comentó.

Detalló que Chalcombamba está invadido por la comunidad Huancuire y también han ingresado mineros ilegales.

“El inversionista estará donde hay estabilidad política-jurídica, predictibilidad tributaria, son cuestiones básicas para que digan: ‘este país me da la confianza’, pero si ve que no los protegen, entonces, no continúan. Hoy día cada quien pone su propio sistema de seguridad”, remarcó.

Pérdidas en la economía

Dante Vera Miller, gerente general de V&C Analistas, indicó a este diario que la minería ilegal ha generado pérdidas de S/ 22,700 millones al año en Perú, lo que representa un 2.5% del PBI.

“Ese dinero es lo que deja de percibir el gobierno representado en el daño ambiental, pérdida de ingreso salarial de los trabajadores, pérdida tributaria para el país, entre otros”, anotó.

A ello, se sumaría que combatir la inseguridad le cuesta al país más de 1% del PBI, según el MEF.

“Los costos de la delincuencia son altos. Lo que cuesta enfrentar la delincuencia en materia de presupuestos e infraestructura representa más de un punto del PBI, además de los sobrecostos que se generan para el sector privado”, señaló el ministro Contreras hace unos días.

Con respecto al atentado contra Poderosa no es la primera vez, ya que alertaban continuos ataques con la llegada de bandas criminales transnacionales al sector minero, que habría elevado la violencia y letalidad entre mineros ilegales.

Cómo operan? Vera Miller expresó que son los mineros que los contratan y que luego se convierten en sus propios extorsionadores. “Son reclutados como sus guardaespaldas para sus peleas entre mineros ilegales, pero después se convierten en sus víctimas para sembrar el terror en la zona”, aseveró.

El experto explicó que el crimen organizado y la minería ilegal han afectado la producción de oro de Poderosa en cerca de un 40%.

Además, la red criminal amenaza con extenderse a otras regiones donde hay una producción aurífera importante en manos de empresas mineras. “En Cajabamba (Cajamarca) están otras empresas como Pan American Silver con su minera Shahuindo donde ya se han registrado tres asesinatos y hay amenazas a sus trabajadores”, advirtió.

Precio del oro

Para Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult y exministro de Energía y Minas, la minería ilegal tiene características muy similares al narcotráfico y se viene repitiendo constantemente no solo en La Libertad, sino también en Arequipa y otras regiones del país.

“Esperamos que el Gobierno sea consciente del grave daño moral, de corrupción, de violencia y de muerte que está generando esta actividad”, apuntó.

Uno de los motivos porque las bandas delincuenciales y mineros ilegales se extienden es por el precio del oro, que se encuentra por encima de los US$ 2,000 la onza, aseveró Tamayo.

“La señal de precio está dando incentivo para que la actividad sea más rentable y aumente. La cotización del oro ha subido un poco por las condiciones internacionales y eso genera muchos incentivos a que haya más minería ilegal o que vengan ya situaciones de delincuencia más organizada”, acotó.

Afecta inversión

Del mismo modo, Tamayo declaró que la minería ilegal y los actos delictivos afectan, en general, a todo el ambiente y el clima de inversión.

Solo este año, la inversión minera tendrá una caída de 18%, y para el 2024 estima que las cifras seguirán con una baja de 7.7%, según proyección del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Por lo que se podría tardar un poco más en recuperarse.

“Ahora, por el número de muertos, y la importancia de Poderosa, que es una de las minas más grandes de oro formales, ojalá sea una llamada alerta al Gobierno porque situaciones de inseguridad las estamos viendo en distintos sectores de la economía. Eso afecta el clima de inversión o eleva significativamente los costos si alguien desea invertir”, dijo.

Más costos para las mineras

Incluso, Tamayo resaltó que para las empresas mineras que operan, esto va a representar un incremento en sus costos, sobre todo en seguridad.

“Lo que queda claro es que todas las minas que están formales explotando oro y que pueden tener cerca a mineros informales van a tener que enfrentar esto con un cambio sustancial en sus condiciones de seguridad de las instalaciones, sobre todo del personal”, analizó.

Incapacidad del Gobierno

El representante de Macroconsult consideró que es lamentablemente que el Gobierno se muestre incapaz de enfrentar esta sensación de inseguridad.

Más allá de lo que tenga que hacer en temas de seguridad en las zonas alrededor de las operaciones mineras con los policías, Tamayo recomendó en un primer paso tomar conciencia de que las economías ilegales en su conjunto (narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal) están ganando espacio y territorio.

Agregó que esto muestra que hemos fracasado como país en los intentos de formalización de la minería y que se requiere, un cambio de enfoque que involucre instancias más allá del Ministerio de Energía y Minas y direcciones regionales.

”Se requiere una política más a nivel centralizado y habrá que cambiar leyes, normas si es necesario recentralizar en las entidades del gobierno central el manejo y enfrentar esta plaga”, enfatizó.

Por su parte, Miguel Cardozo, director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, sostuvo que la inseguridad es un asunto que afecta a todas las actividades económicas de nuestro país.

“La inseguridad se ha vuelto un tema endémico y parece que no hay ninguna voluntad de combatirla, no hay un plan, no hay una visión de mediana y largo plazo para tratar de eliminarlas rápidamente. Los inversionistas, obviamente, quieren seguridad, entonces, estamos regresando a épocas terribles donde todo era armas”, puntualizó.

Si bien hay marcos normativos contra la minería ilegal, Cardozo sugirió aplicarlos para que sean castigados. “Hay una impunidad terrible que favorece a la delincuencia, al desorden y actividades ilegales”, instó.

Medidas que debe aplicar el Gobierno

Sobre las medidas concretas que debe aplicar el Gobierno, Luis Miguel Incháustegui, exministro de Energía y Minas, refirió que no es solamente es el tema policial, sino tener estrategia para que las bandas criminales salgan y luego establecer barreras para que ya no puedan volver a entrar.

“Se debe realizar algo así como se hizo en Madre de Dios, en donde hubo una inversión fuerte con varios ministerios para sacarlos de la zona de protección que era La Pampa. Esta operación se le denominó Mercurio”, planteó.

Añadió que la minería ilegal no solo es un tema del Ministerio de Energía y Minas, sino también del Ministerio del Interior, Ministerio del Ambiente y Presidencia de Consejo de Ministros

“Es una mala señal para los inversionistas (lo ataques a las compañías mineras). Los recursos minerales son los que realmente jalan a los inversionistas, pero este tipo de cosas hacen que lo piensen dos veces y quizás puedan optar por otras zonas y no en el Perú en donde también los permisos no se pueden promover de forma más rápida”, afirmó.

Incháustegui también mencionó que se necesita promover realmente la minería artesanal porque la minería ilegal se camufla entre esa actividad.

Asimismo, informó que la minería ilegal le resta una parte importante en la producción de oro formal, que este año volvería a tener niveles similares al 2022, en alrededor de 97 millones de gramos finos.

“Los mineros ilegales también está afectando los proyectos de cobre, porque la minería artesanal también trabaja con este mineral”, replicó.

DATO:

• La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Cámara de Comercio de Lima (CCL), Asociación de Exportadores (ADEX), ComexPerú, Sociedad Nacional de Industrias (SNI), entre otros gremios, lamentaron lo sucedido por el ataque a la minera Poderosa y pidieron al Gobierno tomar acciones contra las bandas criminales.

Fuente: Gestión

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