En octubre de 2013, la Comunidad Campesina de Llacuabamba (Parcoy, Pataz) alcanzó un hito histórico al obtener su certificado de operación minera, fruto de un acuerdo con Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA). Esta iniciativa, gestada desde 2011, permitió formalizar a 170 mineros artesanales en sus inicios. Hoy, más de 1,200 mineros han sido integrados a la legalidad, convirtiendo a Llacuabamba en la primera comunidad campesina en practicar minería responsable en el país, operando bajo la norma ISO 9001.

El contrato firmado entre la comunidad y MARSA fue un precedente: se estableció un esquema de cesión de uso de concesiones mineras bajo una figura legal clara, en la que la empresa mantenía la titularidad, pero delegaba la explotación artesanal a los comuneros organizados en asociaciones productivas. MARSA asumió el compromiso de acompañar el proceso desde lo técnico, legal y ambiental, garantizando canales de comercialización formales, acceso a formación en seguridad y medio ambiente, y asistencia para cumplir con los requisitos de formalización.

Por su parte, la comunidad se comprometió a cumplir con los estándares técnicos y normativos, así como a organizarse para gestionar la actividad de manera transparente y responsable. Como parte del acuerdo, los mineros formalizados destinan un porcentaje de su producción a la comunidad, que se invierte en infraestructura pública, salud, educación y desarrollo social. Este modelo no solo ha generado empleo digno e ingresos sostenibles, sino que también ha fortalecido el tejido comunitario, promoviendo una cultura de legalidad y corresponsabilidad.

Desde mi experiencia directa en MARSA, fui testigo de cómo el diálogo continuo, la planificación estratégica y una comunicación transparente crearon una relación de confianza entre la empresa y la comunidad. La formalización en Llacuabamba no fue una imposición, sino un proceso participativo donde se entendió que la sostenibilidad solo es posible si existe legitimidad social.

Este enfoque contrasta profundamente con lo que ocurre en otras zonas de la región, como el distrito de Pataz, donde el crecimiento descontrolado de la minería ilegal ha generado un escenario crítico. Recientemente, trece trabajadores mineros fueron asesinados dentro de un socavón; la violencia, corrupción, las mafias del oro y la extorsión han tomado el control de vastos territorios.

En este contexto, Minera La Poderosa ha buscado formalizar a los mineros artesanales mediante acuerdos y contratos individuales. Aunque busca encauzar estas actividades hacia la legalidad mediante compromisos técnicos y legales, la ausencia de un enfoque comunitario y un marco normativo sólido ha limitado su impacto sostenible y ha dificultado la creación de un entorno seguro.

La minería ilegal en Pataz ha generado una economía paralela que financia actividades delictivas, erosiona la institucionalidad local, contamina los ecosistemas y genera tensiones sociales graves. Si bien el Estado ha desplegado operativos policiales y militares en las zonas de conflicto, estas acciones resultan reactivas y temporales. No abordan el núcleo del problema: la falta de una política clara de formalización que combine incentivos, fiscalización, desarrollo productivo y articulación territorial. El REINFO, lejos de cumplir su propósito, ha otorgado un blindaje temporal a miles de operadores ilegales que no muestran avances reales hacia la legalidad.

Frente a esta realidad, la comunicación y el relacionamiento estratégico son más que herramientas: son condiciones esenciales para la sostenibilidad. La experiencia de Llacuabamba demuestra que la confianza se construye con diálogo genuino, información clara, liderazgo compartido y visión a largo plazo. Cuando la minería se gestiona desde una perspectiva territorial, con un enfoque social y ambiental, puede convertirse en un motor de desarrollo.

Hoy, más que nunca, el Perú necesita modelos replicables de formalización minera que prioricen el bienestar comunitario, respeten el medio ambiente y contribuyan a la paz social. Esto exige una acción coordinada entre el Estado, las empresas, las comunidades y la sociedad civil, donde la comunicación no sea un accesorio, sino el eje articulador del cambio.

Por Roberto Lazo Cuadros, Mg. en Comunicación Estratégica. Especialista en comunicación y relacionamiento comunitario en el sector minero-energético

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MARSA se convirtió en la primera institución que donó una planta de oxígeno en La Libertad y fue instalada en el hospital de Laredo. Además, realizó una importante donación económica para la compra de la planta de oxígeno instalada en la comunidad de Llacuabamba (Pataz) e hizo entrega de un compresor para potenciar la producción de la planta de oxígeno instalada en el Hospital Belén de Trujillo. Asimismo, entregó mobiliario para las oficinas administrativas de la Unidad Ejecutora de Salud, destinadas al Hospital de Tayabamba, en Pataz.

En la comunidad de Llacuabamba y anexos, atendió a las familias vulnerables para que puedan afrontar la emergencia y aislamiento social, a través de la entrega de canastas con alimentos y productos de limpieza. También colaboró con la desinfección frecuente de las calles y entregó materiales de bioseguridad.

Durante el proceso de vacunación, prestó apoyo logístico a la región para lograr que más pobladores sean atendidos, y, conocedora de la importancia de la investigación científica como alternativa para dar solución a los problemas sociales, financió la publicación del documento técnico elaborado por médicos liberteños para el tratamiento de pacientes con covid-19.

La ceremonia de reconocimiento a la empresa minera se desarrolló en la Cámara de Comercio de La Libertad.

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