El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), como ente rector del proceso de formalización minera a nivel nacional, precisó que el cómputo del plazo para solicitar la autorización de uso de explosivos ante la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC) solo se iniciará cuando finalice la transferencia del acervo documentario por parte de las Direcciones Regionales de Energía y Minas (DREM).

La Resolución Directoral N° 0005-2025-MINEM/DGFM, que puede ser revisada en el siguiente enlace https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/7010638-0005-2025-minem-dgfm, establece disposiciones claras, ordenadas y equitativas para los pequeños productores mineros y mineros artesanales en proceso de formalización, precisando los alcances del tercer párrafo de la tercera disposición complementaria transitoria del Reglamento de la Ley N° 32213, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EM.

En ese sentido, los pequeños mineros y mineros artesanales podrán iniciar el trámite ante la SUCAMEC una vez culminado dicho procedimiento, asegurando así condiciones claras, ordenadas y equitativas para su avance en la formalización.

Asimismo, con el objetivo de reforzar la transparencia y el seguimiento de este proceso, la norma también establece que la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) del MINEM deberá emitir, a más tardar el 7 de agosto de 2025, un informe sobre el estado del traspaso de la documentación correspondiente.

El MINEM reafirma su rol como ente rector del sector minero nacional, y su compromiso para garantizar que el proceso de formalización minera se lleve a cabo con orden y transparencia con la finalidad de promover una minería moderna, sostenible y formal, que contribuya al desarrollo regional y nacional.

Fuente: Minem

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En una nueva acción contundente contra la minería ilegal en la región La Libertad, el Gobierno Nacional, a través del Comando Unificado Pataz, ejecutó con éxito la operación “Drako II” en el sector “La Quinta”, que ocasionó pérdidas por más de S/7 millones a esta actividad ilícita.

Durante la operación, se interdictó una bocamina ilegal, se detuvo a una persona presuntamente implicada en el delito ambiental de minería ilegal y se intervino a otros tres sujetos para las diligencias correspondientes.

Además, se incautó un amplio arsenal de insumos y equipos vinculados a esta actividad ilícita, entre ellos un motor generador, un tablero eléctrico, 226 detonadores mecánicos, seis detonadores artesanales, 50 metros de mecha lenta, otros 50 metros de mecha rápida y 190 unidades del explosivo ELMULNOR-300, entre otros materiales.

El valor económico total de lo incautado asciende a S/ 7 millones 81 mil, representando un nuevo golpe al aparato logístico y financiero de las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal en esta zona del país.

La intervención, producto de labores de inteligencia militar, se realizó de manera articulada con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), la Gerencia Regional de Energía, Minería e Hidrocarburos (GREMH) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), informó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Fuente: Andina

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Durante la operación, liderada por la Jefatura del Distrito de Capitanía 4, se incautaron y destruyeron siete motobombas, 55 galones de aceite, 1,160 galones de combustible diésel y otros materiales logísticos empleados para la minería ilegal, con un valor estimado de S/ 179,600.

En coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, los bienes fueron puestos bajo custodia de las autoridades competentes.

Ello conforme al Decreto Legislativo 1100, que establece medidas para erradicar esta actividad ilícita en el territorio nacional.

Estas acciones reafirman el firme compromiso de la Marina de Guerra del Perú, a través de la Dicapi, en la protección del ámbito acuático nacional y la preservación de los recursos naturales.

De esta manera, contribuye a garantizar la legalidad y sostenibilidad en las zonas fluviales, en cumplimiento de las disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional.

Fuente: Andina

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Con el objetivo de que las Fuerzas Armadas, con apoyo de la Policía Nacional, continúen enfrentando el accionar de organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal y otros delitos en Pataz (La Libertad), el Gobierno Nacional prorrogó el estado de emergencia en dicha provincia por 60 días calendario a partir del 7 de agosto del presente año

La medida fue oficializada hoy mediante el Decreto Supremo 101-2025-PCM, publicado en el boletín Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

El dispositivo lleva la rúbrica de la presidenta de la república, Dina Ercilia Boluarte Zegarra; del presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana Ysa; del ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez; así como de los titulares del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La norma establece que las Fuerzas Armadas mantendrán el control del orden interno en la provincia de Pataz, con el apoyo de la Policía Nacional del Perú, a fin de enfrentar a las redes criminales que operan en la zona.

Asimismo, se dispone la inmovilización social obligatoria en el distrito de Pataz desde las 22:00 hasta las 05:00 horas.

Quedan exceptuadas de esta medida las personas que prestan servicios esenciales, tales como salud, medicinas, agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones, limpieza pública, servicios funerarios y actividades conexas.

Durante el horario de inmovilización social obligatoria, las farmacias y boticas podrán brindar atención según la normativa vigente.

También se permite el desplazamiento peatonal o en vehículo particular de quienes requieran atención médica urgente o de emergencia, así como para la adquisición de medicamentos.

Asimismo, el Ejecutivo aprobó el Decreto Supremo 100-2025-PCM, que prorroga el estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, en la región Loreto, por 60 días calendario a partir del próximo 6 de agosto.

Del mismo modo, mediante el Decreto Supremo 099-2025-PCM, se amplió el estado de emergencia en los distritos de Ayna, Santa Rosa, Anchihuay y Río Magdalena, en la provincia de La Mar, departamento de Ayacucho, por 60 días calendario desde este 3 de agosto.

Estas medidas se adoptan con el propósito de garantizar la plena vigencia de los derechos fundamentales y proteger a la población frente a amenazas contra su seguridad, destacó el Ministerio de Defensa (Mindef).

Fuente: Andina

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Durante la intervención, se constató que las bocaminas operaban sin autorización formal, por lo que se procedió a su interdicción inmediata. En el lugar, también se incautó un arma de fuego —marca BERSA S.A., modelo Thunder 380, con cacerina y seis cartuchos—, hallazgo que confirma el grado de violencia y peligrosidad con que actúan estas organizaciones ilegales.

El golpe económico infligido supera los S/800,000 en pérdidas para las mafias que lucran con los recursos del Estado, debilitando su logística y estructura operativa en esta zona crítica del país.

La operación —conformada por efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú— se desarrolló en estrecha coordinación con el Ministerio Público, SUCAMEC, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) y la Gerencia Regional de Energía, Minas e Hidrocarburos (Gremh), como parte de un esfuerzo multisectorial orientado a frenar el avance del crimen organizado vinculado a los delitos ambientales.

La operación Relámpago I marca un nuevo avance en la presencia del Estado en territorios afectados por actividades ilícitas, reafirmando el principio de autoridad y el compromiso del sector Defensa con la seguridad nacional, el orden interno y la erradicación de economías ilegales.

Fuente: Andina

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La presidenta de la república, Dina Boluarte, convocó para hoy a las 11:00 horas a una mesa de trabajo con el propósito de tratar el proceso de formalización minera, una de las prioridades de la gestión del Ejecutivo.

La Jefa del Estado extendió la invitación al presidente del Congreso de la República, Eduardo Salhuana; a la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello; al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, a representantes de gremios mineros, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú; y al presidente de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, Paul Gutiérrez.

Agenda

Detalló que la mesa de trabajo técnica tendrá la siguiente agenda: el proceso de formalización minera para 31,560 mineros con el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) autorizado; la implementación de los derechos labores de los trabajadores mineros; y el trabajo en conjunto de una Ley para la pequeña minería y minería artesanal que responda a los intereses de los trabajadores, el medio ambiente y el país.

La Mandataria anunció esta convocatoria durante la presentación del informe del Poder Ejecutivo a la Nación sobre la situación de la minería ilegal en el país.

“Los mineros ilegales están al margen de la ley, con ellos no hay pactos, acuerdos ni diálogo porque como se ha demostrado en estos días, sus medios son violentos en defensa de su actividad destructiva del país (…) nosotros no pactamos con la ilegalidad”, subrayó durante su discurso.

La presidenta Boluarte enfatizó que la posición del Gobierno es transparente y firme frente a la minería ilegal que destruye el medio ambiente, contamina ríos, explota a los trabajadores en niveles similares a la esclavitud, organiza y promueve la trata de mujeres y el trabajo infantil.

Inflexibles

En esa línea, afirmó que no se permitirá que el caos y la violencia se apodere del Perú como se pretendió hacerlo a fines del 2022 y comienzos del 2023.

“Repito lo expresado por nuestro Gobierno, el objetivo de Reinfo es apoyar a mineros en la formalización de sus actividades, el minero informal que se formalice recibirá los beneficios que la Constitución y las leyes así lo garantizan”, sostuvo.

La Jefa del Estado señaló que 7,500 millones de soles le ha costado la minería ilegal al país en términos tributarios, dinero con el cual se hubiera podido financiar 1,500 escuelas primarias rurales o 500 colegios secundarios urbanos, entre otras obras para cerrar las brechas sociales.

No politizar tema

El presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, hizo un llamado a no politizar la discusión en torno a la formalización minera, sino más bien a realizar un análisis técnico de la materia para alcanzar consensos en beneficio de la población.

Subrayó que desde el Ejecutivo tienen muy claro su rol constitucional de preservar el Estado de derecho y son firmes en su compromiso para con la ciudadanía y en contra de la ilegalidad.

Remarcó que cualquier tipo de conversación con los sectores de la minería informal y artesanal que se mantienen en protesta “forma parte de los mecanismos de diálogo que desde el Ejecutio siempre hemos propuesto”.

Fuente: El Peruano

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Lima, 24 de junio de 2025. La minería ilegal de cobre, una problemática aún poco visibilizada frente a lo que ocurre con el oro, sin embargo, viene creciendo de manera acelerada y silenciosa, especialmente en el corredor minero del sur del país que abarca las regiones de Arequipa, Cusco y Apurímac. Así lo advirtió Stephani Maita, economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), en una conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

“Diversos especialistas del sector ya han alertado que la escala operativa de estas actividades ilícitas supera con creces lo que debería corresponder a la pequeña minería o minería artesanal”, sostuvo Maita. De acuerdo con el analista Iván Arenas, actualmente circulan entre 120 a 200 camiones diarios cargados con mineral ilegal en este corredor, “casi el doble de los que registran operaciones legales como Las Bambas”, agrega la especialista del IPE.

Este auge ilegal se ve favorecido por los altos precios internacionales del cobre y por la existencia de una red creciente de plantas de procesamiento no fiscalizadas. “En los últimos diez años, estas plantas no solo se han triplicado en número, sino que también han incrementado su capacidad operativa, especialmente en regiones como Arequipa e Ica, debido a su cercanía con los puertos de exportación”, explicó Maita.

Ausencia de fiscalización

Aunque el IPE aún no cuenta con un estimado oficial sobre el volumen total de cobre extraído ilegalmente, Maita advirtió que, de persistir la ausencia de un Estado fiscalizador, podríamos “alcanzar escenarios de violencia y crimen organizado similares a los del norte del país”, donde la minería ilegal del oro ha facilitado la entrada de mafias vinculadas al narcotráfico y la trata de personas.

Maita remarcó que el IPE identificó presencia de mineros ilegales en zonas concesionadas a proyectos estratégicos como Michiquillay, Los Chancas y Haquira. “Esto representa un serio riesgo para el desarrollo de nuevos proyectos de inversión minera, al dificultar la liberación de terrenos y aumentar la conflictividad social”, añadió.

El problema se agrava con la posible ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Por ello, el IPE insiste en que un primer paso para enfrentar con firmeza la minería ilegal es el cierre de este registro, así como la implementación de una estrategia integral que incluya una mayor fiscalización, trazabilidad y cooperación internacional.

Fuente: IIMP

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El Gobierno Central aprobó hoy el Decreto Supremo n.º 003-2025, que establece la implementación de la Estrategia nacional para la reducción e interdicción de la minería ilegal en el Perú al 2030, cuya elaboración estuvo a cargo del Ministerio del Interior (Mininter) en coordinación con otras entidades del Estado.

La medida, publicada en el Diario Oficial El Peruano, tiene como objetivo general fortalecer la lucha contra la cadena delictiva de la minería ilegal a nivel nacional, a través de un trabajo articulado, eficaz y sostenible. Para ello, se han dispuesto los siguientes objetivos específicos:

1. Reducir las actividades ilegales de explotación del mineral sin autorización estatal a nivel nacional.
2. Reducir la venta, compra, transporte y almacenamiento de hidrocarburos, maquinarias, motores, explosivos y otros materiales destinados a la minería ilegal.
3. Incrementar las acciones de control, regulación, fiscalización e intervención sobre el procesamiento de minerales en las plantas de beneficio y en zonas no permitidas.
4. Incrementar las acciones de fiscalización y sanción sobre el uso de guías de remisión por parte de los mineros informales y realizar la depuración del registro integral de formalización minera.
5. Reducir la comercialización de minerales de origen ilegal.
6. Incrementar las investigaciones a organizaciones criminales a través del sistema de justicia de crimen organizado y extinción de dominio.

En tal sentido, las instituciones del Estado involucradas en la implementación de la Estrategia deben presentar planes de acción específicos, y gestionar el presupuesto para su ejecución, ante la Comisión multisectorial de naturaleza permanente.

La comisión multisectorial, junto al Mininter, estará a cargo del seguimiento y monitoreo de las acciones ejecutadas en el marco de la Estrategia, cuyo financiamiento se realizará con el presupuesto institucional aprobado de los pliegos involucrados, conforme a las leyes anuales de presupuesto.

El dispositivo legal lleva la firma de la presidenta de la República, Dina Boluarte Zegarra, y es refrendado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana; el ministro del Interior, Carlos Malaver; el ministro de Defensa, Walter Astudillo; el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero; el ministro del Ambiente, Juan Castro; y el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Reyes.

Fuente: El Peruano

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Las acciones del Comando Unificado Pataz mantienen un ritmo sostenido en su misión por restablecer el orden y combatir la minería ilegal en esta convulsa provincia liberteña.

Durante la jornada del pasado lunes, un despliegue estratégico en diversos puntos clave permitió a las fuerzas del orden confiscar un significativo arsenal de materiales peligrosos y detener a individuos presuntamente vinculados a actividades extractivas ilícitas.

Los operativos, que incluyeron estrictos controles de identidad, inspecciones vehiculares exhaustivas y fiscalización de carga, culminaron con la incautación de más de 400 unidades de dinamita, nitrato de amonio, fulminantes, mechas y municiones de calibre 9 mm. Además, se intervino a varias personas que no portaban la documentación requerida y que estarían relacionadas con la explotación ilegal de minerales.

El operativo fue supervisado por el Ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, quien estuvo en compañía del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército David Guillermo Ojeda Parra, y del general de Brigada Marco Marín Saldaña, jefe del Comando Unificado Pataz.

Astudillo subrayó la experiencia en combate del personal desplegado en la Fuerza Especial Conjunta: “El arduo trabajo está siendo realizado por las fuerzas integradas de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. El país demanda que todos los que estamos actuando tengamos éxito. Esta es una iniciativa que fomenta el progreso, asegura la seguridad y facilita la recuperación del orden interno”.

La jornada de intervenciones se centró en tres puntos críticos identificados previamente: el control de Calquiche, bajo la supervisión de fuerzas combinadas; el puente Chagual, donde se llevó a cabo una inspección minuciosa; y un socavón ubicado en el sector de Pueblo Nuevo, lugar donde se produjo la detención de dos personas y el decomiso del material explosivo.

Estas operaciones forman parte de una estrategia liderada por el personal élite de la Fuerza Especial Conjunta del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (DINOES) de la Policía Nacional.

Fuente: Perú 21

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“No retrocederemos frente a la minería ilegal, ni frente a la violencia criminal. Pase lo que pase, no nos rendiremos nunca, como decía nuestro héroe nacional: hasta quemar el último cartucho”, subrayó la mandataria durante una actividad oficial para informar las acciones del Gobierno contra la criminalidad y delincuencia.

En esa línea, la jefa del Estado expresó su confianza en ganar la guerra frente al crimen organizado, delincuencia común, minería ilegal, narcotráfico; así como contra quienes profesan una ideología anarquista.

“A todos estos criminales les decimos: con nuestras Fuerzas Armadas, nuestra Policía Nacional y la sociedad civil organizada les daremos batalla”, señaló la jefa de Estado, quien reiteró que la unidad es el arma más poderosa para enfrentar el crimen y terrorismo.

Aseguró que las fuerzas del orden están listas, decididas y comprometidas con la población para hacer frente a los problemas del país, “de pie, con la frente en alto, la manos limpias y sin corrupción”.

La presidenta Boluarte subrayó que seguirá adelante y servirá a todos los peruanos hasta el término de su gestión, sin que las denuncias interpuesta en su contra la distraigan.

“Así será hasta el último día de nuestra gestión, el 28 julio del 2026. Aquellas denuncias al por mayor presentadas ante el Congreso no nos distraen, de eso encarga mi abogado. Yo estoy acá, firme y fuerte con las Fuerzas Armadas, con la Policía Nacional, con el pueblo peruano para hacer más grande nuestra querida patria”, concluyó

Fuente: Andina

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