Luego del anuncio de una tregua entre representantes del gobierno y los integrantes de la Confemin que venían protestando en varias regiones del país, este lunes 14 de julio se instaló la mesa técnica que abordará la problemática de la minería informal por 60 días adicionales. Dicha información fue confirmada por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ante los medios de comunicación.

“Hemos tenido una participación amplia y democrática, en la que cada uno de los integrantes de esta mesa técnica han expresado de manera muy acertada sus posiciones, desafíos y los retos que esperan de esta reunión. Hay un consenso en cuanto a resolver de manera democrática y pacífica los inconvenientes y problemas que arrastramos durante muchos años en la minería”, sostuvo el titular de la PCM.

Pese a las críticas que recibió por parte de la Confemin, Arana resaltó la presencia de los dirigentes mineros y sus juntas directivas, así como los titulares de los tres poderes del Estado, quienes mostraron su apertura y vocación de diálogo para arribar a puntos de acuerdo sobre la formalización de la minería artesanal y a pequeña escala.

Precisamente, Máximo Franco Bequer, presidente del gremio, insistió en defender su plataforma de lucha que busca modificar el Decreto Supremo que cierra el proceso de formalización minera y que excluye a más de 50.000 operadores del Reinfo por no cumplir los requisitos mínimos. Para Bequer, dicho dispositivo legal debe suspenderse hasta que se apruebe una Ley Mape.

“Solamente se ha instalado la mesa y hemos dejado en claro nuestra posición. Rechazamos las declaraciones de la presidenta en la que dice que somos ilegales. El viernes se ha programado la primera reunión para trabajar la modificación de los decretos supremos y otros temas que están pendientes. Nuestro reclamo es que no se pueden retirar a 50.000 personas sin el debido proceso”; enfatizó.

En otro momento, el dirigente minero reiteró que el principal obstáculo para la formalización minera es la acreditación de un contrato de explotación a cargo de los titulares. Puntualizó que más de 95% de los trabajadores en vías de legalizarse laboran para terceros, es decir, en un terreno que no es de ellos, sino de las empresas concesionarias.

Diálogo entre gobierno y mineros continuará

En relación a las protestas que realizaron los miembros de la Confemin por dos semanas, Arana subrayó el ejercicio de autoridad por parte del Ejecutivo para resguardar el orden en las calles y el principio de autoridad, estipulado en la Constitución Política. En la parte final de su declaración, informó que la próxima reunión de la mesa técnica se realizará este viernes 18 de julio a las 10:00 a. m.

“Hay que recordar que el problema de la minería no es reciente. De forma histórica, hoy le estamos haciendo frente sin sesgos políticos, sin menoscabar los derechos laborales, sin defender a algún gremio especial. El propósito que nos anima es darle a los trabajadores mineros la posibilidad de tener un buen empleo, cuidar su salud, que se remedien los pasivos ambientales y que se labore dentro de la ley”, agregó.

A su turno, el congresista del Bloque Magisterial, Álex Paredes, confirmó que, durante los 60 días de diálogo, no habrá manifestaciones y reiteró que se debe suspender la aplicabilidad de los decretos del Ministerio de Energía y Minas (Minem) sobre el cierre del Reinfo y el reglamento que regula la ampliación de este registro.

En su opinión, el Ejecutivo tiene que resolver este último punto en coherencia con su posición de voluntad de diálogo. No obstante, la parlamentaria Diana Gonzáles, también vicepresidenta de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, refirió que no debería haber un retroceso en cuanto a los dispositivos legales que buscan anular los mineros artesanales.

“Lo que sí ha quedado muy claro es la apertura al diálogo sin retrocesos. Al inicio de la sesión, la presidenta reiteró la importancia de respetar la ley y que todos los peruanos actúen dentro del marco normativo. Ahora, los mineros insisten en que se está atacando el derecho al trabajo, pero hay que recordar que son más de 50.000 reinfos suspendidos hace más de un año.”, anotó.

Ausencia de Fiscal de la Nación

A esta primera reunión asistieron también el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, el titular del Interior, Carlos Malaver, el presidente del Congreso y de la Comisión de Energía y Minas, Eduardo Salhuana y Paul Gutiérrez, respectivamente, así como el Defensor del Pueblo, y otros representantes del Poder Judicial, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y demás gremios empresariales.

Sin embargo, fue bastante notoria la ausencia de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza. Mediante un oficio dirigido a la presidenta Dina Bolurte, mostró su “extrañeza” y “preocupación” por no haber sido convocada a la mesa de trabajo.

“Nos preocupa y causa extrañeza que el Ministerio Público no ha sido convocado a esta mesa de trabajo. Esta decisión al haberse convocado a otras entidades del sistema de justicia como el Poder Judicial, representa un riesgo para la eficiencia y legitimidad de la política pública que se pretende formular”, dice el documento.

Frente a esta afirmación, el titular de la PCM descartó que exista algún tipo de conflicto con la Fiscalía y argumentó que, si bien se trataba de un espacio abierto, no era el momento más propicio para incorporar a Delia Espinoza o a otro representante de dicha entidad.

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Tras varios días de bloqueo ininterrumpido, los mineros informales que protestan en el sur del país otorgaron este jueves una tregua de dos horas para permitir el paso de vehículos en la vía Panamericana Sur, a la altura del puente Ocoña, en la región Arequipa. Sin embargo, a las 8:06 de la mañana, el paso volvió a ser interrumpido y los manifestantes retomaron la medida de fuerza.

Durante ese breve lapso, decenas de unidades lograron avanzar desde el sur hacia el norte, reduciendo momentáneamente la enorme cola de vehículos que, según reportes policiales, alcanzaba los 10 kilómetros.

Apenas concluyó el plazo de la tregua, los manifestantes se reagruparon y cerraron nuevamente la vía, dejando varados a quienes no alcanzaron a cruzar.

Los bloqueos forman parte de una protesta sostenida por mineros informales que exigen la modificación de la Ley de Pequeña Minería y la ampliación de los plazos del Reinfo. La medida afecta no solo el tránsito vehicular, sino que tiene un severo impacto económico.

Según el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, los bloqueos afectan a regiones como Arequipa, Nasca y otras zonas del sur, y ya provocan pérdidas de entre 20 y 30 millones de dólares solo en la última semana. La cifra incluye tanto a la agroexportación como al abastecimiento nacional.

“Cada día la situación se agrava más”, dijo Amaro a Canal N. Además, precisó que productos como palta, cebolla, ajo y espárragos no están llegando a los mercados ni a los puertos de embarque. También alertó que el cierre de rutas está restringiendo el acceso a fertilizantes y materiales esenciales para la producción.

Asimismo, el sector ganadero enfrenta pérdidas por la imposibilidad de acopiar leche, un producto perecible.

“En algunas zonas la están botando, y eso puede impactar en los precios de productos básicos en los próximos días”, explicó.

Amaro alertó que, de continuar los bloqueos, Lima, Arequipa y La Libertad podrían empezar a sentir el impacto en 48 horas.

“Se viene una ruptura de la cadena de pagos y un posible desabastecimiento”, señaló.

Finalmente, el representante de AGAP exigió al Ejecutivo tomar medidas urgentes: “Una carretera es una infraestructura estratégica del país y no puede bloquearse porque a alguien se le ocurre. El gobierno debe actuar ya”.

Fuente: Gestión

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Arana indicó que de no llegar a un entendimiento la Policía tiene orden de intervenir en los puntos de protesta y actuar; pero sin hacer uso de la fuerza.

“Lo vamos a hacer primero de manera pacífica. Vamos a llegar, vamos a tratar de llegar a un entendimiento, explicarles cuál es la tarea del Ejecutivo, cuál es su rol. Pero si no fuera así, la Policía tiene órdenes dentro de las tareas que tiene. Y sin el uso de la fuerza, poder liberar estas carreteras que están siendo tomadas”, refirió, informó RPP.

Arana sostuvo que no se puede seguir otorgando prórrogas a la informalidad minera, por lo que se dirigió al Congreso para que evalúe el propósito de la nueva ley MAPE, que busca proteger y regular a los pequeños mineros y mineros artesanales.

Fuente: Gestión

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Lima, 11 de junio de 2025. El Gobierno nacional redobla esfuerzos para erradicar la minería ilegal. En ese marco, desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año se han realizado 422 operativos de interdicción a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú en las diferentes regiones del país.

“La minería ilegal y el crimen organizado ligado a esa actividad ilícita representan un problema grave porque atentan contra la seguridad y la tranquilidad de la población, dificultan las actividades económicas formales y afectan el medio ambiente y a la economía nacional. Por eso, el Ejecutivo está decidido a ponerle punto final y está desplegando múltiples acciones en ese sentido”, señaló el premier Eduardo Arana.

“Reafirmo el compromiso del Gobierno nacional para continuar el combate frontal a la minería ilegal y sus delitos conexos”, subrayó el presidente del Consejo de Ministros, quien destacó que la lucha contra este flagelo se ejecuta con un enfoque integral y multisectorial, con especial énfasis en la provincia de Pataz, en la región La Libertad, donde opera el Comando Unificado, integrado por militares y policías, que actúa con inteligencia operativa y que ha mostrado resultados concretos.

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Impulso a la formalización

El alto comisionado para el combate a la minería ilegal, Rodolfo García Esquerre, sostuvo que los avances en la lucha contra esta actividad ilícita se enmarcan en una nueva estrategia nacional que va más allá de las acciones punitivas, como las operaciones de interdicción, y abarca también esfuerzos coordinados multisectoriales para impulsar la formalización minera, la recuperación ambiental y las económicas sostenibles para las comunidades afectadas.

“El problema de la minería ilegal no es solo económico; es un fenómeno que impacta política, social y económicamente, e incluso en términos de seguridad. Se trata de crimen organizado”, resaltó García Esquerre, quien resaltó que la nueva estrategia tiene un enfoque integral, para lo cual se coordina con diversos sectores del Estado, a fin de asegurar que todas las intervenciones tengan impacto real y sostenido.

Control en Pataz

En Pataz, el Comando Unificado realiza acciones de control territorial, intervenciones e interdicciones, mediante un trabajo de inteligencia y bloqueo logístico. Por disposición del Gobierno nacional, el 8 de junio se reanudaron las operaciones de la minería formal. A fin de garantizar la seguridad de la actividad económica formal, las fuerzas del orden realizan operaciones de estricto control en las zonas de Calquiche, Shicun y Pamparacra.

En esos puntos, las fuerzas del orden, junto con personal de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), frenan el transporte de armas, explosivos, insumos, material aurífero, maquinarias y otros artículos ilícitos ligados al crimen y a la minería ilegal. Para ello la tecnología de trazabilidad cumple un rol fundamental.

Este despliegue territorial busca romper la cadena de financiamiento y operación de las organizaciones delictivas ligadas a la minería ilegal que actúan en la provincia liberteña. Todas las acciones contra la minería ilegal se ejecutan en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, del Ministerio Público.

La reciente exclusión de 1425 inscripciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) —que se encontraban suspendidas—, más las acciones de las fuerzas del orden están permitiendo neutralizar las rutas logísticas que sostienen a la minería ilegal en Pataz.

“La exclusión de los registros suspendidos del Reinfo permitirá diferenciar claramente entre minería ilegal y minería informal. Esto ayudará a identificar a los mineros ilegales que se valen de este registro para trasladar material como si estuvieran autorizados”, explicó el alto comisionado García Esquerre.

A todo ello se suma el proceso de diálogo con las autoridades locales y principales actores políticos, económicos y sociales de la jurisdicción, en el marco de la Mesa de Desarrollo Integral de la provincia de Pataz, impulsada por el Ejecutivo.

Fuente: IIMP

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“Expresamos nuestra preocupación sobre la decisión de la administración gubernamental de ordenar la paralización de todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, incluyendo en dicha medida a las empresas mineras formales que sí cumplen con todo el marco legal vigente y que sufren los embates del avance descontrolado de la minería ilegal en el territorio nacional”, expresó.

Asimismo, manifestó que esta decisión, que ocasionará un grave impacto económico y social para la región La Libertad y el país, refleja el escaso conocimiento que tiene el Gobierno en torno a las complejidades para el desarrollo de las actividades mineras y los riesgos ambientales, operativos y sociales que implica detener las operaciones por 30 días.

“Si el objetivo es facilitar el despliegue de las fuerzas del orden en Pataz, la suspensión de las actividades formales resulta innecesaria, debido a que existe una clara diferenciación entre una bocamina legal con una ilegal, pues las bocaminas ilegales están georeferenciadas, lo que puede permitir una actuación oportuna y precisa de la autoridad policial. Las empresas mineras formales se han mostrado siempre prestas a trabajar en conjunto con el Gobierno para hacer frente a la minería ilegal. Es llamativo que la única alternativa posible incluya parar la operación formal”, afirmó.

La SNMPE indicó que las empresas mineras formales son víctimas no solo del accionar de los mineros ilegales, en varios casos vinculados a mafias criminales, que han tomado por asalto la provincia de Pataz, sino también de la ineficacia del Estado peruano que no ha sabido enfrentar el flagelo de la minería ilegal que ha puesto en riesgo la seguridad nacional y de los peruanos.

El gremio minero energético advirtió que la suspensión de las actividades productivas formales facilitará que los mineros ilegales y sus socios, las organizaciones criminales, tomen el control de las galerías de las empresas formales que operan en la provincia.

En ese contexto, alertó que la decisión de suspender por 30 días las actividades mineras, provocará impactos operativos negativos para las compañías mineras, dado que se podría dañar la infraestructura básica de la cadena productiva, si es que no se permite la realización de las tareas de cuidado y mantenimiento, así como contar con personal a cargo de ese trabajo.

“Una unidad de producción minera no puede detenerse, operativamente hablando, de golpe. Esto implica un riesgo, por ejemplo, de colapso de la presa de relaves, que debe monitorearse las 24 horas. Esto sin contar riesgos de infraestructura, como posibles inundaciones o acumulación de gases, si no está el personal que monitorea y controla estos sistemas de bombeo”, explicó.

Otro efecto de la cuestionable medida –anotó- es que se pone en riesgo más de 4 mil puestos de trabajo directos e indirectos; y que paralizar actividades mineras formales implicaría invocar suspensión perfecta de labores, dejando sin pago a los trabajadores y se provocará la ruptura de la cadena de pagos, afectando a contratistas, pequeños negocios y a las propias comunidades vecinas.

La SNMPE informó que en la actualidad la región La Libertad aporta el 33% de la producción de oro nacional y que la decisión expresada por el Consejo de Ministros ocasionará pérdidas a las mineras formales y las comunidades que les prestan servicios, que el día de hoy ya son víctimas de la minería ilegal.

En cuanto a las pérdidas de recursos que genera la minería formal por concepto de canon y regalías para la región La Libertad, se estima que sufrirá una reducción de S/ 25 millones mensuales; y en lo que respecta a las exportaciones del Perú, se dejaría de percibir divisas por más de US$ 80 millones al mes.

De otro lado, el gremio empresarial manifestó que el Ministerio de Energía y Minas ha demostrado poca capacidad para gestionar un proceso de formalización exitoso y que lamentablemente ha tenido una actitud pasiva ante la invasión de concesiones y operaciones mineras formales. “Se ha permitido la desnaturalización de la formalización minera hasta convertirse en un incentivo perverso para la minería ilegal disfrazada de legalidad”, puntualizó.

A su vez, la SNMPE sostuvo que el Congreso de la República no está exento de responsabilidad en el desborde la minería ilegal en el país, porque la aprobación de las continuas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha servido para encubrir las ilícitas actividades de los mineros ilegales.

Finalmente, aseveró que la medida aprobada por el Poder Ejecutivo es una pésima señal para la inversión ya que perturba la estabilidad jurídica al afectar derechos constitucionales y no da garantías para el ingreso de nuevos capitales de inversión.

Fuente: Difusión

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Lima, 28 de noviembre de 2024. La minería ilegal continúa expandiéndose en nuestro país y, por ahora, no hay impedimento para que deje de hacerlo. Además, de afectar la industria minera formal en La Libertad, Puno, Apurímac y Cajamarca; aumentar los indicadores de inseguridad ciudadana y la criminalidad organizada, viene depredando nuestra flora y fauna.

Un estudio de la Universidad del Pacífico, al que accedió el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), reveló que esta economía ilegal opera hoy, de manera impune desde el 2015, en 18 áreas nacionales protegidas de 12 regiones del país.

Se trata del Parque Nacional Huascarán (Áncash), Parque Nacional Río Abiseo (La Libertad), Parque Nacional Bahuaja Sonene (Madre de Dios), Parque Nacional Cerros de Amotape (Tumbes), Parque Nacional Tingo María (Huánuco), Santuario Nacional Pampa Hermosa (Madre Dios), Reserva Nacional Tambopata (Puno), Reserva Nacional Allpahuayo Mishana (Loreto), Reserva Nacional San Fernando (Ayacucho) y Reserva Nacional de Tumbes.

La lista, del estudio denominado “Indicadores para entender el impacto de las economías ilegales en el Perú”, la complementan la Reserva Nacional de Junín, Reserva Nacional de Lachay (Lima), Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas (Lima), Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi (Arequipa), Reserva Comunal El Sira (Ucayali), Reserva Comunal Amarakaeri (Madre de Dios), Zona Reservada Santiago Comaina (Amazonas), y Parque Nacional Yaguas (Loreto).

Al respecto, Fernando Castillo, miembro del Comité Organizador de PERUMIN 37, comentó, que, en efecto, la minería ilegal opera en el país principalmente en áreas o zonas protegidas, donde no se puede realizar minería formal.

En diálogo con Canal ya, el experto sostuvo que hay que distinguir a los mineros artesanales de los ilegales, debido a que estos últimos no desean formalizarse y están vinculados a delitos conexos como el lavado de activos, sicariato, trata de personas y organización criminal.

Asimismo, destacó que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) -que hoy el Parlamento se alista a extender hasta por dos años más -viene siendo usado como herramienta legal por los mineros ilegales para delinquir, debido al Decreto Legislativo N° 1351 que exime de responsabilidad penal con tan solo el hecho de aspirar a ser un minero formal.

“No se está midiendo la real magnitud de lo que de lo que ha significado como avance y posicionamiento de la minería ilegal en el Perú. Ya no estamos hablando de manera informal y del proceso formalización. A nivel del país y del Estado la discusión se está dando todavía en los procesos de formalización y el Congreso ha aprobado normas vinculadas a ir por el lado de la formalización, cuando está demostrado que ya no es el problema principal”, concluyó.

Fuente: Difusión

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• Actividades ilegales se aprovechan de la fragmentación del estado, la corrupción, la impunidad y otros factores para crear zonas liberadas

 “Se estima que el 20% de la minería ilegal opera en zonas de concesiones mineras y proyectos importantes. Es decir, casi no existe proyecto nuevo que no tenga actividades fuera de la ley cerca. Si a eso le sumamos la criminalidad, estamos hablando de una situación realmente extrema donde la violencia de los hechos demuestra el peligro que estas organizaciones representan”, reflexionó Pablo O´Brien, gerente general de Yarabamba y presidente del “Foro desarrollo social y ambiental” de EXPOMINA Perú 2024.

El reconocido ejecutivo agregó que a esto se suma un discurso que los presenta como la “minería de los pobres”. “La fragmentación del estado, la corrupción, la impunidad y otros factores han hecho que existan zonas liberadas”, resaltó.

Mercado ilegal

Durante su presentación, O´Brien hizo hincapié en que si existe tanta actividad ilegal es porque hay un mercado que lo respalda, especialmente el nacional, donde gran parte del oro que se comercializa proviene de actividades ilegales. “La penetración de las mafias en instituciones gubernamentales es evidente, incluyendo conexiones políticas que se evidencia en la perdida de control territorial. En el Perú, las leyes no se cumplen y ese ese el problema que nos está llevando a esta situación de descontrol”.

El presidente del “Foro desarrollo social y ambiental” también considera que se debe hacer algo respecto a la posesión del terreno, ya que resulta un problema que las comunidades tenga

posesión del terreno, pero no el derecho a las concesiones y muchos aprovechan esta situación para explotar el terreno de cualquier forma”.

O´Brien finalizó su presentación llamando a los mineros a encontrar la forma de llegar a acuerdos con los propietarios de los terrenos porque si no encontramos la forma de sacar adelante los proyectos, será la minería ilegal la que aproveche nuestros recursos.

Fuente: Difusión

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