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El gremio minero energético manifestó que de aprobarse el proyecto de Ley N° 5108, que propone alterar el modelo regulatorio actual para la distribución eléctrica y reducir la tasa de actualización del sector eléctrico en plena situación de emergencia por el COVID-19, se afectará gravemente las inversiones programadas por las empresas distribuidoras para ampliar la cobertura y mejorar la calidad del servicio eléctrico a nivel nacional en beneficio de los usuarios más vulnerables.

“Actualmente, de las 22 empresas distribuidoras de electricidad que hay en el Perú, solo 3 son privadas. En este sentido, una norma como esta pone en riesgo no solo las inversiones de las empresas públicas sino su eventual colapso”, señaló el gremio, al indicar que, los Ministerios de Energía y Minas y de Economía y Finanzas también han opinado en contra del referido proyecto.

La SNMPE precisó que de aprobarse proyecto de Ley N° 5108 se dará un duro golpe a la economía de las distribuidoras estatales que operan en el país, colocando en situación de inviable su cartera de inversiones comprometida por aproximadamente 7,941 millones de soles que tenían previsto ejecutar en las regiones de Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ica, Arequipa, Cajamarca, Puno, Junín, Tumbes, Huánuco, Áncash, Pasco, San Martín, Huancavelica, Ucayali y Ayacucho.

Asimismo, en el caso de Lima, se podrían frustrar o paralizar las inversiones en el mediano plazo por alrededor de S/ 4,000 millones, las cuales estaban previstas para la atención de nuevos suministros en asentamientos humanos y zonas periféricas, a la expansión de la ciudad, el mantenimiento y renovación de redes y la mejora de la calidad del servicio.

“No ejecutar estas inversiones perjudicará a las familias que aún no cuentan con servicio eléctrico y a aquellas actividades o sectores que requieren de nuevos suministros de energía o mejora de las instalaciones (por ejemplo, agroindustria, pesquería, construcción, turismo, vivienda, agua potable y saneamiento, entre otros”, explicó la SNMPE.

Este proyecto –subrayó- agudiza la compleja situación que atraviesan las empresas distribuidoras debido al impacto del COVID-19 y del aislamiento social, lo que les ha significado una reducción sustancial en su recaudación, altos niveles de morosidad y un incremento sustancial de costos derivados de la situación sanitaria.

Al respecto, el gremio minero energético manifestó que este es el peor momento para impulsar cambios como los planteados en el proyecto de ley N°5108, el cual generará incertidumbre regulatoria que traerá consigo inestabilidad y una paralización de las inversiones.

La SNMPE dijo que un tema tan relevante como el modelo regulatorio de la distribución eléctrica y la tasa de actualización requieren ser vistos de manera técnica por el Ministerio de Energía y Minas, a fin de garantizar el análisis técnico de cualquier cambio de esta naturaleza considerando los altos niveles de inversión en capital que requiere la distribución eléctrica y el largo período para el que estas se realizan.

Fuente: Horizonte Minero

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Sin embargo, en este reinicio de actividades hay un tema que viene llamando la atención de las autoridades: que hay un número importante de trabajadores mineros que están llegando a laborar contagiados con covid-19.

“Las experiencias que estamos viendo en las primeras mineras que están entrando a reanudar (operaciones) no señala, por ejemplo, que entre los trabajadores que están regresando, a muchos de ellos (se les han hecho) pruebas y están dando positivo, por los días que han estado en casa o de días libres”, dijo la ministra.

Es por ello que ahora se está replanteando la vigilancia que se tendrá hacia los trabajadores, no solo en el campamento minero, sino cuando están fuera de este, para minimizar el riesgo de contagios.

Fuente: Gestión

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“Esta semana estuvimos con el Ministerio de Energía y Minas, y con 13 comunidades, quienes pedían que se anule el Estudio de Impacto Ambiental y la autorización de la licencia de construcción e iniciar un proceso de consulta previa”, expresó el gobernador de la región de Cusco, Jean Paul Benavente. Recuerda que, la comunidad exigía una compensación por los proyectos que desarrolla la minera en la zona.

En ese sentido, Jean Paul Benavente considera que es necesario que las empresas mineras no solo participen en los proyectos sociales, sino que se involucren más en las iniciativas, en la que no solo se otorgue dinero a las comunidades, sino que pueden comprometerse con acciones más concretas.
“Es un error darles el dinero (a las comunidades), lo mejor es que el Estado tenga presencia o que las mineras también lo hagan a través de fondos de compensación social que ya se tiene”, afirma.
Fuente: Gestión

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