El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, sostuvo una reunión virtual con la delegación del Ministerio de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita, en la que presentó las principales oportunidades de inversión que ofrece el Perú en el sector minero.

“El Perú es un país minero, que se encuentra cercano a un 4% de crecimiento económico, y estamos interesados en cooperar mutuamente para el desarrollo de nuevos negocios. Les recomendamos dialogar con Ingemmet, porque hay 46 zonas donde pueden hacer exploración avanzada”, indicó.

La exposición, a cargo de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera del MINEM, presentó el potencial minero y cartera de proyectos con las que cuenta el Perú, haciendo énfasis en que, del 15.2% de áreas concesionadas, solo el 1.54% es empleado en actividades mineras, muestra de la oportunidad de exploración existente.

“El Estado garantiza la seguridad jurídica a los inversionistas y un régimen de estabilidad tributaria, durante la etapa de exploración, siendo, además, de nuestro interés, el desarrollar un corredor multidimensional minero en Cajamarca”, afirmó el director Walter Sánchez.

Montero señaló que el MINEM podría facilitar el contacto entre las empresas saudíes interesadas en invertir y los encargados de los proyectos en ejecución, resaltando el potencial de 5 millones de toneladas de reserva en litio, ubicada en el sur del país.

A su turno, los representantes de Ingemmet manifestaron estar abiertos a una futura colaboración, no solo en iniciativas de exploración minera, sino también en intercambio de conocimiento tecnológico, el cual fortalecería el crecimiento sostenible del país.

En respuesta, Abdulrahman Albelushi, viceministro de Recursos Mineros y cabeza de la delegación saudí, agradeció la explicación y expresó el interés de los inversionistas de su país para incursionar en el sector minero y proyectos en desarrollo que tiene el Perú.

El ministro reiteró su invitación para que la comitiva del Ministerio de Industria y Recursos Minerales de Arabia Saudita, participe, en el mes de setiembre del Perumin, Convención Minera líder en Latinoamérica y el mundo.

En la reunión participaron también funcionarios del Viceministerio de Minas y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú.

Fuente: Minem

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La industria minera ha logrado avances trascendentales en el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la sostenibilidad ambiental y social. Ello quedó demostrado en el informe entregado por las autoridades en la Feria de Maquinaria y Tecnología Minera MAQ-EMIN 2025 organizado por el Capítulo de Ingeniería de Minas del CD Lima – CIP.

Silvia Cuba Castillo, presidenta ejecutiva del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), informó que el sector minero es el que más proyectos presenta a su institución.

“Hasta el 16 de mayo último hemos aprobado 87 iniciativas por 8,400 millones de dólares”, dijo la titular del organismo público especializado en la evaluación ambiental de proyectos de inversión en el Perú, adscrito al Ministerio del Ambiente.

En la actualidad existen otros 92 proyectos en evaluación por unos 15 000 millones de dólares, 80% de los cuales están relacionados con la minería, detalló Cuba Castillo durante su participación en MAQ-MIN 2025, que se realizó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

BALANCE Y PROYECCIONES

En representación del ministerio de Energía y Minas, el viceministro de Minas, Henry Luna Córdova, presentó un balance económico del comportamiento del sector durante los primeros meses del año.

Explicó que se alcanzó 1059 millones de dólares en inversiones, 2611 millones de soles en transferencias, 6072 millones de soles en recaudación fiscal y 8227 millones de dólares en exportaciones mineras. En tanto, se generaron 242 mil puestos de trabajo directos.

En su ponencia “Análisis y Proyecciones del Sector Minero en el Perú”, refirió que el Perú produce 8 de los 17 metales para la transición energética, vitales para un futuro más sostenible y con bajos niveles de carbono.

HECHO EN PERÚ

Luna Córdova destacó la realización de MAQ-MIN 2025 como una oportunidad para posicionar al Perú en el mundo como uno de los principales países mineros.

Durante su conferencia, Roque Benavides, presidente de Compañía de Minas Buenaventura, subrayó el rol estratégico de las universidades en la generación de innovación y tecnología aplicada a la industria.

“El país necesita centros de estudio que hagan verdadera investigación con impacto. Una universidad que no investiga, no es una universidad. Lo que requerimos son instituciones que desarrollen investigación aplicada, con resultados concretos que respondan a las necesidades del sector productivo, especialmente el minero”, puntualizó.

Durante la clausura, Jorge Soto Yen, presidente del Capítulo de Ingeniería de Minas del CD Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, agradeció el apoyo de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica, Geográfica, Ambiental, Civil y Arquitectura de la UNMSM para la realización del evento.

Asimismo, destacó la figura de Germán Arce y la directiva del capítulo, impulsores de este cónclave que espera consolidarse en el tiempo.

Por su parte, Arce explicó que la feria bajo el lema: “Hecho en Perú”, nació como un reconocimiento a los fabricantes nacionales de maquinaria y equipos, cuya capacidad y tecnología quedó demostrado “es de clase mundial”.

Fuente: Difusión

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) indicó que 16 proyectos mineros, ubicados en distintas regiones del país, tienen previsto iniciar su ejecución de inversión financiera entre 2025 y 2029, con una inversión conjunta estimada en US$ 15,169 millones, según lo señalado en la “Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025”, publicado por la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM).

Para 2025, se proyecta el inicio de ejecución de 9 proyectos mineros, con una inversión conjunta estimada en US$ 7,407 millones, lo que representa el 11.6% del total de la Cartera de Proyectos de Inversión Minera.

En esta fase están comprendidos los proyectos: Reposición San Rafael (US$ 293.5 millones), Reposición Tantahuatay (US$ 127 millones), Reposición Colquijirca (US$ 502.5 millones), Reposición Raura (US$ 76.2 millones), Tía María (US$ 1,802 millones), Corani (US$ 579 millones), Pampa de Pongo (US$ 1,781.3 millones), Zafranal (US$ 1,900 millones) y Ampliación Huancapetí (US$ 345.0 millones).

En cuanto al año 2026, se espera el inicio de ejecución financiera de 3 proyectos: Ampliación Huarón (US$ 118 millones) en Pasco, Optimización Cerro Verde (US$ 2100 millones) en Arequipa y Reposición Ferrobamba (US$ 1,753 millones) en Apurímac. En conjunto, estas iniciativas suman una inversión de US$ 3,971 millones, lo que representa el 6.2% de la inversión global.

Para el 2027, está programado el inicio de ejecución financiera del proyecto Integración Coroccohuayco en Cusco, con una inversión de US$ 1,500 millones. A su vez, ese mismo año se estima el comienzo de los proyectos Los Calatos (US$ 655 millones) en Moquegua y Trapiche (US$ 1,038 millones) en Apurímac.

En conjunto, los 3 proyectos mencionados totalizan US$ 3,193 millones. Adicionalmente, para el año 2029 se contempla el inicio de ejecución del proyecto Coimolache Sulfuros en Cajamarca, con una inversión estimada de US$ 598 millones.

Cabe precisar que, la Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025 incluye 46 proyectos que aún no han definido su fecha de inicio de ejecución, principalmente porque se encuentran en etapas tempranas de desarrollo.

Además, se registra un proyecto cuya ejecución se encuentra actualmente suspendida. En conjunto, este grupo representa una inversión de US$ 44,368 millones, equivalente al 69.2% del total de la Cartera.

Fuente: Minem

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Las regiones Cajamarca, Apurímac y Arequipa agrupan el mayor número de inversiones mineras a nivel nacional, al concentrar el 57.9% del total registrado, ascendente a US$ 37,085 millones, de acuerdo con la nueva Cartera de Proyectos de Inversión Minera 2025 presentada recientemente por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM).

Cajamarca lidera la inversión minera en el país con US$ 16,714 millones y representa el 26.1% del total de la inversión en cartera, distribuidos en 8 proyectos, incluyendo el proyecto de Reposición Tantahuatay, con una inversión de US$ 127 millones, que tiene previsto iniciar operaciones este 2025.

Apurímac ocupa el segundo lugar con una inversión conjunta de US$ 11,888 millones de 7 proyectos que representa el 18.6% de la inversión global, siendo sus proyectos más representativos Hierro Apurímac (US$ 2,900 millones), Los Chancas (US$ 2,600 millones) y Haquira (US$ 1,860 millones).

Arequipa se ubica en tercera posición, con un monto equivalente a US$ 8,483 millones, que representa el 13.2% del total en cartera distribuido en 6 proyectos. De ellos destaca Pampa de Pongo, con una inversión de US$ 1,781 millones y estima iniciar construcción este año y culminar en el 2033.

En tanto, Moquegua (6 proyectos) y Áncash (7 proyectos), con inversiones de US$ 4,364 millones y US$ 3,596 millones, respectivamente, agrupan el 12.4% de la inversión global.

El proyecto San Gabriel destaca en Moquegua que inició su construcción en el 2022 con una inversión de US$ 650 millones. Mientras en Áncash el más representativo es Reposición Antamina que cuenta una inversión de US$ 1,604 millones.

Mientras Cusco (3 proyectos) y Piura (2 proyectos) contribuyen con inversiones de US$ 3,290 millones y US$ 3,242 millones, respectivamente. Ambos representan el 10.2% de la inversión total en cartera, distribuidos en 5 proyectos.

Entre los departamentos que contienen una participación inferior al 5.0% de la inversión total, figuran Lambayeque (US$ 2,160 millones), Ayacucho (US$ 1,830 millones), La Libertad (US$ 1,581 millones) e Ica (US$ 1400 millones) y representan el 10.9% de la inversión total de la cartera.

Los proyectos más significativos son Reposición Inmaculada (US$ 1319 millones) en Ayacucho, la Arena II (US$ 1346 millones) en La Libertad y en Ica, Ampliación Shougang (US$ 900 millones).

Fuente: Minem

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En conversación con Gestión, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro Vargas, señaló que a la fecha su sector ha destrabado 471 proyectos de inversión por US$ 29,344 millones, y que ya han empezado a reducir los plazos para la aprobación de sus estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d).

Refiere que se han aminorado los plazos de evaluación que se realizan a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) adscrito al Minam y que la reducción continuará tras la reciente aprobación de la Línea de Base Ambiental Pública. Aquí los detalles.

-El proceso de evaluación, a cargo del Senace, a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos se fue ralentizando en anteriores gobiernos…

Justamente, uno de los aspectos que se buscó en la actual gestión es que destrabemos proyectos que estaban en evaluación por mucho tiempo, en algunos casos por más de cinco años, con idas y vueltas entre el Senace y las autoridades opinantes. Analizamos nuestro marco legal y encontramos que había sobreregulación.

En el 2001 se diseñó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que daba plazo de 8 meses para analizar los proyectos, pero, con los años se han ido generando procedimientos extras, requisitos adicionales que lo hicieron muy complejo, no solo en Senace sino en los mismos sectores.

-¿Qué pasos dio su sector el último año para destrabar esos procedimientos extra?

Se dio el Decreto Supremo N° 004– 2024 para reducir los periodos de admisibilidad de un proyecto, y en el cual se tenía que verificar: si (su estudio ambiental) cumplía los términos de referencia, si los consultores que lo hacían estaban registrados y acreditados, y si habían pagado para la evaluación. Todo esto -supuestamente- se debía hacer en solo 5 días hábiles.

-Antes de este DS, ¿cómo era la situación?

Hemos encontrado proyectos sin admisibilidad tras casi año y medio a dos años (de presentados los estudios ambientales), porque en esa etapa (que es inicial) evaluaban aspectos de fondo. Entonces, con este DS hemos regulado que la fase de admisibilidad no pase de 5 días hábiles.

ELIMINARON DUPLICIDAD DE FUNCIONES

-¿Qué otro procedimiento se ha agilizado el año que pasó?

Emitimos el DS 005-MINAM para eliminar las duplicidades (de funciones) entre Senace, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Forestal, lo que nos ha permitido reducir a 6 meses el proceso de evaluación. Antes solo la etapa preliminar tomaba hasta 12 meses, y el proceso de formulación del estudio tomaba casi dos años.

-Entiendo que también se dieron normas para acelerar los procesos de aprobación ambiental de sectores opinantes.

Así es. Junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sacamos el Decreto Legislativo 1668 que permitió que sectores productivos como Agricultura, Transportes, Energía y Minas, Vivienda, comiencen a analizar mejor sus procedimientos internos y vayan eliminando barreras burocráticas en sus trámites para los estudios ambientales.

PROYECTOS QUE SE HAN DESTRABADO

-¿Qué resultados se ha obtenido de este cambio normativo a la fecha?

Solamente en el 2024 hemos destrabado US$ 13,800 millones en proyectos y en lo que va el año, en este primer trimestre, ya estamos certificando y aprobando proyectos por US$ 10,700 millones que corresponden a 120 proyectos de inversión.

-Desde que comenzaron estos cambios normativos, ¿cuántos estudios ambientales para proyectos se han aprobado hasta la fecha?

Desde el año 2023 a marzo del 2025 hemos destrabado un total de 471 proyectos de inversión que suman US$ 29,344 millones en sectores estratégicos como minería, transportes, electricidad, hidrocarburos, proyectos de salud, de agricultura, saneamiento y vivienda.

-¿Qué estudios para grandes proyectos han aprobado entre ellos?

Ya salió por ejemplo la ampliación de la Zona Operativa Portuaria Etapa 1 del puerto de Chancay (por US$ 1,100 millones); hemos destrabado (la cuarta modificación al EIA-d) de Las Bambas (por US$ 6,600 millones); la modificación del estudio departamental de Antamina (por US$ 2,000 millones), el proyecto minero Zafranal (por US$ 1,700 millones), el terminal portuario de Salaverry, complejos hidroeléctricos, líneas de transmisión, entre otros.

-En cuanto a la reducción de los plazos de aprobación de estos estudios, ¿cómo se ha ido avanzando en cada periodo?

En el 2013 (la aprobación de estos estudios) demoraba más o menos 113 días hábiles, casi 3 años de evaluación; y tras la aprobación de los decretos mencionados del 2024 hemos pasado a 67 días hábiles, es decir, más o menos entre 3 a 4 meses (calendario). Inclusive hay proyectos, que se han aprobado en 28 días hábiles.

APRUEBAN LÍNEA DE BASE AMBIENTAL PÚBLICA

-¿Este año se darán más pasos para agilizar aún más estos procedimientos de evaluación?

Vamos a continuar en ese proceso. Hace dos semanas hemos dado el decreto supremo que aprueba la Línea Base Ambiental Pública, para poner a disposición de parte del Estado, información para la elaboración de líneas de base para proyectos del sector privado.

-¿Cuál era el problema con el actual sistema para determinar esa línea de base?

Que el Estado había trasladado su responsabilidad de generar información para la línea de base al privado, que al final debía demostrar cuáles eran las condiciones ambientales existentes en determinado territorio.

-¿Qué cambia con esta disposición?

Que ya no será responsabilidad del titular (del proyecto) levantar esta línea base. El Estado, a través de sus sectores -que generan información ambiental o social, sea hidrológica, hidrogeológica, de flora, fauna, carreteras, escuelas, centros de salud, etcétera-, la pondrá en una sola base, a disposición de cualquier ciudadano a través de una plataforma administrada por el Minam.

-¿Esa Línea de Base Ambiental Pública será sustento para los estudios ambientales?

Será información vinculante porque siendo que los sectores (ministerios) la ponen a disposición, ya no podrá ser cuestionada por los evaluadores en la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental.

-¿Qué plazos se podrán ahorrar los titulares de proyectos con el uso de esta nueva línea de base?

(Los privados) se van a ahorrar de 18 meses o 24 meses en la formulación del estudio. Ahora a un proyecto con acceso a la información pública le puede tomar de 3 a 5 meses en ser evaluado en su parte fundamental y análisis de su impacto.

PLAZOS DE EVALUACIÓN SE PODRÍAN REDUCIR AÚN MÁS

-Si hasta ahora se había reducido de 113 a 67 días hábiles estos procesos de aprobación, con la información para la línea base que pondrá a disposición el Estado, ¿cuánto tiempo tomará desde que se presenta el estudio hasta que lo apruebe Senace?

Con la línea base estamos pensando que -para el caso de un nuevo estudio- se va a reducir a más o menos unos 40 o 45 días hábiles porque ya no se va a evaluar la línea base dado que será pública. Entonces, no habrá tiempos que destinar a esa parte. Recordemos que el 80% de las observaciones a los estudios ambientales justamente eran a la línea base.

-En el caso de una modificatoria a un estudio ambiental detallado, ¿cuánto tomaría su análisis a futuro?

Si es una modificatoria, estamos hablando de 20 a 25 días hábiles como máximo. Esto nos va a ayudar a destrabar porque hemos estado realmente muy atrasados y no hemos sido competitivos. Chile aprueba todos los estudios ambientales en seis meses.

-¿El cumplimiento de estos plazos será exigible a los funcionarios del Senace? Hasta ahora, entiendo, hay mucha discrecionalidad en la aplicación de las normativas del sector.

Como parte de la modernización del Senace estamos actualizando su nuevo ROF para establecer nuevos mecanismos de control también sobre los evaluadores (cuyos plazos de evaluación) deben acortase a estrictamente lo que pide el término de referencia.

-¿La modernización que menciona es parte del proceso de reestructuración que se anunció para el Senace?

Sí, Senace está en una reestructuración y es una modernización propia de la institución. Lo que queremos es que, con la capacitación y las guías técnicas que va a ser parte de todo este nuevo modelo, nuestros evaluadores tengan todas las herramientas tecnológicas y manuales que ayude a que su trabajo sea mucho más eficiente sin que se pierda también la calidad de evaluación, que es importante para que el proyecto sea sostenible y no impacte en el ambiente.

-¿Para cuándo estima que en forma efectiva se deberían cumplir estas nuevas reducciones de plazos?

A partir de julio de este año. En lo sucesivo no deberíamos estar superando los 40 días hábiles.

GRANDES PROYECTOS EN ESPERA EN ESTE AÑO

-Para lo que resta del año, ¿la evaluación de cuántos proyectos espera haber concluido?

En cartera ahora tenemos alrededor de unos 100 proyectos que aún están en proceso de evaluación, y entre un 70% a 80% están para recibir opinión de entes técnicos, en especial de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Esperamos poder ayudar a esa entidad (adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri) para que tengan mejores capacidades técnicas, logísticas y presupuestales para que puedan tener sus informes (listos) y sacar esos proyectos.

-De esas iniciativas, ¿qué grandes proyectos están en espera de aprobación?

Estamos evaluando Huancapeti, que es un proyecto importante en la zona de Áncash, que está en análisis en la ANA; hemos terminado ya con el proyecto Romina; se evalúan modificaciones al impacto ambiental del proyecto Coroccohuayco, de Tintaya; se acaba de aprobar el EIA del proyecto de hidrógeno verde en Arequipa, con una inversión grande porque vamos a cambio de la matriz energética.

Fuente: Gestión

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El Gobierno impulsará proyectos en asociación público-privada (APP) y planes en activos (PA) por 70,000 millones de dólares en el 2025-2026, anunció el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi.

Detalló que la inversión está compuesta por una cartera de 80 proyectos que priorizará la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) por más de 16,000 millones de dólares en transportes, saneamiento, salud, educación, hidrocarburos, electricidad, agricultura, inmuebles y turismo, entre otros sectores.

En forma adicional se trabaja en nueve adendas de contratos APP que suman más de 10,000 millones de dólares, de las cuales, antes del 28 de julio, se suscribirán cuatro de ellas por 4,500 millones de dólares, vinculadas con el transporte del gas natural por ductos, aeropuertos regionales, distribución de gas natural por red de ductos en Lima y Callao y del terminal portuario de Matarani.

A este paquete se suma la estructuración y adjudicación de 13 proyectos en APP, que agregarán 19,300 millones de dólares de inversión, compuesto por proyectos como Línea 3 y Línea 4 del Metro de Lima, 10 teleféricos (Áncash, Cusco, Lima, Puno, Moquegua, San Martín) y el ferrocarril Marcona-Andahuaylas.

En forma adicional se consideran otros 22 proyectos en irrigación que impulsará el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), mediante ProInversión, por 24,000 millones de dólares, en su mayoría mediante APP.

Este portafolio beneficiará a 14 regiones, propiciará la ampliación de un millón de hectáreas en la frontera agrícola, generará 2.3 millones de empleos y las agroexportaciones alcanzarían los 50,000 millones de dólares.

Durante el evento ‘Transformando la infraestructura con inversiones estratégicas: Portafolio APP-PA 2025-2026’ de ProInversión, el ministro Salardi explicó que la cartera de proyectos es un primer gran paso del Gobierno para acortar las brechas de infraestructura del país, el que se estima en más de 100,000 millones de dólares.

Apoyo previsional

Por otro lado, el MEF firmó un contrato con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el “mejoramiento de los servicios operativos o misionales institucionales de la Oficina de Normalización Previsional (ONP)”.

El monto total de inversión del proyecto es 298 millones 838,257 soles (80 millones 920,189 dólares); se cubrirá con recursos de operaciones oficiales de crédito con el BID (60 millones) y recursos ordinarios (19 millones 920,188), así como con donaciones y transferencias (un millón).

En el acto participaron el ministro Salardi; el representante del BID en el Perú, Tomás Lopes-Teixeira, y el jefe de la ONP, Antonio Bringas.

Tras la firma, el titular del MEF comentó que el contrato permitirá alcanzar un hito importante en el camino de mejorar la prestación de servicios de la ONP, a fin de llegar a pensionistas y afiliados con mayor eficiencia y calidad, por medio del uso de la tecnología.

Buen ritmo

El ministro Salardi sostuvo que las medidas y acciones que adopta su cartera sentarán las bases para impulsar la actividad económica a buen ritmo en el mediano y largo plazo.

“Nuestra idea es dejar los motores encendidos desde este año, de tal manera que no hay razón por la cual nuestra economía deba detenerse, a pesar del ciclo electoral. Entonces, el sector Economía demostró ser muy resiliente y tiene condiciones para seguir en esa dinámica”, explicó.

Explicó que en los primeros meses se observaron indicadores que permiten augurar un año positivo.

Fuente: El Peruano

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Ocho adendas a contratos de Asociación Público – Privada (APP) por US$ 7,204 millones a concretarse en este año, en sectores estratégicos, como portuario, ferroviario, vial e hidrocarburos; se viene impulsando, dio a conocer el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi.

El funcionario detalló que las modificaciones contractuales plantean, principalmente, incorporar nuevas inversiones con el objeto de contribuir a reducir las brechas de infraestructura en el país e incrementar la competitividad en sectores estratégicos.

Entre los proyectos priorizados se tiene la expansión de infraestructura en la Línea 1 del Metro de Lima (US$ 2,186 millones) y de Transportadora de Gas del Perú (TGP) en el sur del país (US$ 2,000 millones), así como nuevas inversiones en el Segundo Grupo de Aeropuertos (US$ 1,300 millones) que integran los terminales de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

También se identificó las nuevas inversiones en el Terminal Portuario Matarani (US$ 708 millones), el Sistema de distribución de gas natural en Lima y Callao – Calidda (US$ 458 millones), en la Red Vial 6 (US$ 500 millones) y el Ferrocarril del Centro (US$ 13 millones), entre otros.

Hace unos días, el ministro de Economía refirió que cuatro de las ocho adendas priorizadas podrían ser suscritas antes del 28 de julio de 2025 y que, las modificaciones contractuales, se vienen avanzando con apoyo técnico de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada – ProInversión.

Adelantó, además, que el MEF viene evaluando – en conjunto con los sectores – las modificaciones de 20 contratos de APP, que permitirán viabilizar inversiones conjuntas con impacto directo en el Producto Bruto Interno (PBI) y la calidad de vida de la población.

Estos avances van alineados a la actualización de Gobierno sobre el crecimiento de la economía de un 4% para este 2025, sustentado precisamente en una aceleración de inversiones en proyectos públicos y privados, shock de desregulación, consolidación de la confianza empresarial, inflación baja y flexibilización de los costos de financiamiento, entre otros.

Cabe recordar que, en el Perú, se han otorgado 138 proyectos en APP por US$ 35,800 millones en los últimos 22 años, que permitieron mejorar la competitividad en 17 rubros económicos y comerciales, entre ellos, Transportes, Electricidad, Comunicaciones, Hidrocarburos, Irrigación, Saneamiento y salud, ente otros.

Fuente: Gestión

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Lima, 28 de enero de 2025. El director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Homar Lozano, indicó que el Perú cuenta con 300 mil toneladas de cobre en proyectos greenfield (nuevos), lo cual nos da una ventaja competitiva a nivel mundial en potencial de proyectos y reservas.

“Se habla del Congo, que produce un poco más inclusive que nosotros, pero como país tenemos mayor potencial de proyectos, estructura, organización y reservas para superar fácilmente eso. Tía María, por ejemplo, adicionaría 120 mil toneladas anuales; Zafranal (Arequipa), otras 126 mil; y Trapiche (Apurímac), 70 mil. Ahí tenemos un poco más de 300 mil toneladas en proyectos ‘greenfield’ (nuevos)”, declaró a un medio local.

Bajo esa premisa, Lozano resaltó que el 75% del total de 51 proyectos mineros que tiene nuestra cartera, es de cobre, o lo equivalente a US$40 mil millones. En otro momento, agregó que, en la última década, la producción de oro descendió de 140 toneladas a casi 100, y la de cobre creció de 1,4 millones a casi 2,8 millones, pero aún es insuficiente en comparación con el potencial productivo local.

“La lista de proyectos en espera aumentaría la frontera de producción, especialmente del metal rojo”, expresó el director del IIMP.

Fuente: Difusión

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Lima, 13 de enero de 2025. Según el último boletín estadístico del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hasta octubre de 2024, el país cuenta con un total de 75 proyectos de exploración minera en cartera, de los cuales 32 se encuentran en fase de ejecución o están por ejecutarse. Estos proyectos están distribuidos en 13 regiones del país y representan una inversión acumulada de US$ 252.6 millones.

De estos 32 proyectos de exploración, las regiones de Áncash y Arequipa albergan la mayor parte de estas iniciativas, con siete y seis proyectos en curso, respectivamente. En cuanto a los metales que concentran la mayor parte de las inversiones, el cobre es el mineral más buscado, con 18 proyectos enfocados en la exploración del metal rojo, considerado clave para la transición energética global.

Mejoras en las iniciativas exploratorias
En declaraciones al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Fernando Castillo, consultor en Gestión Social en minería y energía, destacó la mejora de las iniciativas exploratorias en el país, impulsado especialmente en un contexto de precios internacionales elevados para los metales.

“Hay una mejora de las iniciativas exploratorias de las compañías, en especial por lo atractivo que están significando los precios en el mundo. La tendencia alcista de los minerales no se va a detener, los analistas indican que es posible que haya una inflación minera, pero aún así es muy alentador”, señaló al IIMP.

Desafíos regulatorios
De los proyectos de exploración en cartera, al menos ocho cuentan con el Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) aprobado desde el 2020, lo que refleja el largo plazo a nivel de permisos que enfrentan las empresas que desean desarrollar proyectos de exploración en Perú.

Castillo hizo una comparativa con otros países mineros, cuestionando el tiempo que toman hacer los trámites y el retraso que eso significa para el proyecto. “Un instrumento ambiental trae seis meses de retraso, para algo que no genera ningún daño. En cambio, la posibilidad de hacer exploración en otros países es muy simple: basta con hacer una declaración jurada en algunos casos, porque está demostrado que la exploración no genera ningún tipo de daño ambiental, es una acción menor”, precisó.

Finalmente, el especialista consideró que Perú debería tomar como referente a otros países mineros. “Debería revisarse el tema de trámites para que Perú pueda ser verdaderamente un país promotor en el marco legal como se desarrolla en países mineros con los que competimos. Debemos fijarnos en lo que hace Australia, Canadá, México, Estados Unidos y China”, refirió.

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El Gobierno Regional de Arequipa reconoció que en esa región existen más de 7,000 proyectos de inversión, entre ejecutados y en ejecución, que no cuentan con la debida certificación ambiental como exige la normativa vigente.

Así lo indica Fernando Cornejo, presidente del Consejo Regional de Arequipa, en carta dirigida al presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en la cual plantea un proyecto de ley de alcance nacional, que buscaría resolver la omisión antes mencionada.

En la misiva, señala que la Gerencia Regional Ambiental del Gobierno Regional de Arequipa, da cuenta de la mencionada cantidad de proyectos que estarían incumpliendo la referida exigencia.

¿De qué sectores son los proyectos?

Esos proyectos, refiere, ejecutados o en ejecución, provienen de los sectores de minería, electrificación, hidrocarburos, transporte, acuícola o pesca, y vivienda, según informe de la mencionada gerencia regional.

Añade que algunas de esas iniciativas, como por ejemplo de saneamiento y electrificación, son de inversión pública, y que para su puesta en funcionamiento, tienen que ser entregados a órganos rectores que se encargan de su administración y mantenimiento.

¿Qué se plantea?

A fin de resolver esta situación, el consejo regional acordó presentar un proyecto legislativo que autoriza excepcionalmente a la presentación, evaluación y aprobación de los estudios de certificación ambiental de proyectos de inversión ejecutados o en ejecución, que no cuenten con tal certificación.

El proyecto coincide en que toda persona natural o jurídica, de derecho público o privado, nacional o extranjera que pretenda desarrollar un proyecto de inversión en el Perú que sea susceptible de generar impactos ambientales negativos de carácter significativo, debe gestionar una certificación ambiental ante la autoridad correspondiente.

Sin embargo, advierte que este marco normativo propuesto, no exime de responsabilidad administrativa, civil o penal a quienes hayan infringido lo dispuesto en la Ley del sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.

Fuente: Gestión

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