En un país donde la conflictividad social asociada a las industrias extractivas parece una constante, hay casos que rompen el molde y merecen ser visibilizados. Uno de ellos ocurre en el norte del Perú, en Pueblo Nuevo de Colán, región Piura, donde la empresa Olympic ha desarrollado durante casi 30 años una operación de hidrocarburos rodeada de tierras agrícolas —no en el mar, como comúnmente se piensa— con un modelo de relacionamiento comunitario basado en la confianza, el respeto mutuo y el diálogo sostenido.

Desde su presencia en el lote XIII, la empresa ha logrado convivir armónicamente con comunidades agrícolas que dependen de cultivos como arroz, algodón y frutales. Lo ha hecho no solo cumpliendo con sus obligaciones legales y ambientales, sino construyendo una relación directa con los agricultores, escuchando sus preocupaciones y respondiendo con acciones concretas: instalación de sistemas de riego, mejora de caminos agrícolas, viveros comunales y fortalecimiento de capacidades locales para la agricultura sostenible.

En contextos donde la actividad minero-energética coexiste con la agricultura, es común que surjan resistencias sociales. Sin embargo, el caso que nos ocupa representa una valiosa excepción. La comparación con otras experiencias extractivas en Piura cerca de terrenos agrícolas, como los proyectos mineros de Río Blanco y Tambogrande, resulta inevitable. En Río Blanco, el proyecto lleva más de quince años paralizado debido a la oposición de las comunidades, que temen por sus fuentes de agua y sus cultivos. En Tambogrande, la resistencia del valle agrícola en 2002 permanece en la memoria colectiva como un símbolo de defensa del territorio agrario. Estos casos evidencian que la sostenibilidad de un proyecto no se define únicamente por sus aspectos técnicos o económicos, sino, sobre todo, por la legitimidad social que logre construir.

Lo logrado en Colán es, en cambio, un ejemplo de inserción respetuosa en un territorio agrícola, sin imposiciones ni mayores conflictos. Allí se entendió que la verdadera licencia para operar no se firma en una oficina, sino que se construye día a día en el territorio. Y parte clave de esa construcción ha sido una comunicación diferente: cercana, accesible, comunitaria. A través de una Oficina de Información Permanente, talleres participativos, visitas guiadas y boletines en lenguaje claro, se ha puesto en práctica una comunicación que informa sin imponerse y que busca construir relaciones, no solo transmitir mensajes.

Lo viví en primera persona. Durante mi paso por Olympic, comprobé que el respeto por el entorno no era una consigna para la galería, sino una práctica real, cotidiana. La sostenibilidad no era una palabra bonita: era una forma de estar en el territorio, escuchar, aprender y construir junto a las comunidades. Esa experiencia me demostró una vez mas que es posible hacer industria de otra manera.

Este enfoque profundamente territorial, poco frecuente en el sector, ha mantenido el trabajo de la empresa fuera del radar nacional. Muy pocos peruanos saben que se trata de la principal productora de gas natural del norte del país, abasteciendo de energía a miles de usuarios de manera silenciosa pero constante. Mientras los reflectores están puestos en Camisea y el gas del sur, el norte tiene también una historia de energía y desarrollo que contar.

Esa historia cobra aún más relevancia en el contexto actual, donde el país necesita avanzar hacia una transición energética sostenible. No se trata solo de producir gas: hablamos de liderar la masificación de este recurso en el norte del Perú, contribuyendo a reducir la dependencia de combustibles más contaminantes y favoreciendo una matriz energética más limpia y eficiente. Este aporte no solo tiene implicancias técnicas, sino también sociales y ambientales: permite mejorar la competitividad regional, reducir emisiones y acercar energía accesible a más hogares y empresas en Piura y otras regiones del norte.

La masificación el gas natural, en este sentido, no es solo un objetivo de política pública, sino una palanca concreta de sostenibilidad territorial. Y cuando se gestiona con visión y respeto por el entorno, como en el caso de Colán, puede marcar una diferencia real: demuestra que es posible extraer los recursos naturales sin erosionar los vínculos sociales y, más bien, fortaleciendo las raíces locales.

En un país marcado por la desconfianza entre empresas y comunidades, experiencias como esta nos recuerdan que otra forma de hacer industria es posible. Una forma donde el respeto por la tierra, la cultura y las personas se convierte en parte del modelo de negocio. Porque, al final, la sostenibilidad no se mide solo en reportes, sino en la capacidad de una empresa para ser parte de un territorio sin fracturarlo.

Por Mg. Roberto Lazo Cuadros
Especialista en Comunicación Estratégica y Gestión del Relacionamiento Comunitario en proyectos de Infraestructura Vial y del Sector Minero-Energético

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En octubre de 2013, la Comunidad Campesina de Llacuabamba (Parcoy, Pataz) alcanzó un hito histórico al obtener su certificado de operación minera, fruto de un acuerdo con Minera Aurífera Retamas S.A. (MARSA). Esta iniciativa, gestada desde 2011, permitió formalizar a 170 mineros artesanales en sus inicios. Hoy, más de 1,200 mineros han sido integrados a la legalidad, convirtiendo a Llacuabamba en la primera comunidad campesina en practicar minería responsable en el país, operando bajo la norma ISO 9001.

El contrato firmado entre la comunidad y MARSA fue un precedente: se estableció un esquema de cesión de uso de concesiones mineras bajo una figura legal clara, en la que la empresa mantenía la titularidad, pero delegaba la explotación artesanal a los comuneros organizados en asociaciones productivas. MARSA asumió el compromiso de acompañar el proceso desde lo técnico, legal y ambiental, garantizando canales de comercialización formales, acceso a formación en seguridad y medio ambiente, y asistencia para cumplir con los requisitos de formalización.

Por su parte, la comunidad se comprometió a cumplir con los estándares técnicos y normativos, así como a organizarse para gestionar la actividad de manera transparente y responsable. Como parte del acuerdo, los mineros formalizados destinan un porcentaje de su producción a la comunidad, que se invierte en infraestructura pública, salud, educación y desarrollo social. Este modelo no solo ha generado empleo digno e ingresos sostenibles, sino que también ha fortalecido el tejido comunitario, promoviendo una cultura de legalidad y corresponsabilidad.

Desde mi experiencia directa en MARSA, fui testigo de cómo el diálogo continuo, la planificación estratégica y una comunicación transparente crearon una relación de confianza entre la empresa y la comunidad. La formalización en Llacuabamba no fue una imposición, sino un proceso participativo donde se entendió que la sostenibilidad solo es posible si existe legitimidad social.

Este enfoque contrasta profundamente con lo que ocurre en otras zonas de la región, como el distrito de Pataz, donde el crecimiento descontrolado de la minería ilegal ha generado un escenario crítico. Recientemente, trece trabajadores mineros fueron asesinados dentro de un socavón; la violencia, corrupción, las mafias del oro y la extorsión han tomado el control de vastos territorios.

En este contexto, Minera La Poderosa ha buscado formalizar a los mineros artesanales mediante acuerdos y contratos individuales. Aunque busca encauzar estas actividades hacia la legalidad mediante compromisos técnicos y legales, la ausencia de un enfoque comunitario y un marco normativo sólido ha limitado su impacto sostenible y ha dificultado la creación de un entorno seguro.

La minería ilegal en Pataz ha generado una economía paralela que financia actividades delictivas, erosiona la institucionalidad local, contamina los ecosistemas y genera tensiones sociales graves. Si bien el Estado ha desplegado operativos policiales y militares en las zonas de conflicto, estas acciones resultan reactivas y temporales. No abordan el núcleo del problema: la falta de una política clara de formalización que combine incentivos, fiscalización, desarrollo productivo y articulación territorial. El REINFO, lejos de cumplir su propósito, ha otorgado un blindaje temporal a miles de operadores ilegales que no muestran avances reales hacia la legalidad.

Frente a esta realidad, la comunicación y el relacionamiento estratégico son más que herramientas: son condiciones esenciales para la sostenibilidad. La experiencia de Llacuabamba demuestra que la confianza se construye con diálogo genuino, información clara, liderazgo compartido y visión a largo plazo. Cuando la minería se gestiona desde una perspectiva territorial, con un enfoque social y ambiental, puede convertirse en un motor de desarrollo.

Hoy, más que nunca, el Perú necesita modelos replicables de formalización minera que prioricen el bienestar comunitario, respeten el medio ambiente y contribuyan a la paz social. Esto exige una acción coordinada entre el Estado, las empresas, las comunidades y la sociedad civil, donde la comunicación no sea un accesorio, sino el eje articulador del cambio.

Por Roberto Lazo Cuadros, Mg. en Comunicación Estratégica. Especialista en comunicación y relacionamiento comunitario en el sector minero-energético

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