En su reciente participación en el XV Encuentro Internacional de Minería, tanto la presidenta de la República, Dina Boluarte, así como el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, estimaron que las inversiones mineras superarían los $5000 millones al cierre de 2024. Se trata de una perspectiva optimista frente a la caída en inversiones experimentada en 2023, aunque no deja de ser reducida frente al valor total de los proyectos mineros en cartera, que asciende a los $54,556 millones.

Para alcanzar la meta, el gobierno ha destacado la ejecución de proyectos de exploración, pero ha sido cauteloso respecto a la activación de proyectos de gran minería, los cuales demandan mayor cantidad de capital y moverían la aguja significativamente. Para tener una idea de ello, los 75 proyectos de exploración minera que tiene el país en agenda suman un valor total de $644 millones en inversión. En tanto, proyectos como Tía María o Conga representarían por sí solos $1,400 millones y $4,800 millones de inversión respectivamente.

En definitiva, podemos aspirar a más y debemos hacerlo, considerando el objetivo de impulsar la economía, la urgencia de que haya más empleo y la necesidad de recursos para atender las brechas de infraestructura que persisten en el país.

¿Cómo podemos estimular la inversión? Los recientes resultados de la Encuesta de Minería 2023, desarrollada por el Instituto Fraser, y que contó con la participación de más de 2000 inversionistas, empresarios y CEO de todo el mundo, evidencia debilidades que han llevado al país a perder su atractivo como destino para las inversiones. De esta manera, el ranking del Instituto Fraser nos coloca en el puesto 59 de 86 regiones analizadas.

Entre las principales preocupaciones que advierten los encuestados, se encuentra la falta de institucionalidad. En muchos casos, ello ha propiciado hechos de violencia en contra de las empresas mineras y, como viene ocurriendo en el Norte peruano, la proliferación de bandas criminales que vienen ejerciendo la minería ilegal. A esta limitante que advierte el Instituto Fraser se suma la permisología, generada por la vastedad de trámites y permisos que requiere la aprobación de un proyecto.

Somos conscientes de la riqueza mineral del Perú y ello definitivamente nos pone en el radar de los grandes capitales. No obstante, si no establecemos un camino asfaltado y propicio que estimule inversión en el país, veremos postergados nuestros anhelos por crecer y desarrollarnos. Todos buscan seguridad y un clima de confianza, que sólo construiremos con institucionalidad y reglas de juego claras a nivel jurídico para los inversionistas.

Fuente: Gestión

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Si bien el Gobierno había proyectado US$4,600 millones de inversión minera para este 2024, especialistas advirtieron previamente a Gestión que dicho estimado podría no concretarse debido al avance de la minería ilegal en el Perú. De hecho, empresas como Summa Gold han tomado la decisión de suspender todas sus inversiones y actividades de exploración en La Libertad ante el aumento de la inseguridad en Huamachuco, donde opera su mina de oro Isabelita. En conversación con este diario, Jaime Polar, gerente general de la minera, indicó que continuarán con esta medida hasta que haya garantías para el desarrollo de la minería formal.

“Lamentablemente, hemos tenido que suspender nuestras inversiones en ‘greenfields’ (proyectos nuevos), porque la inseguridad ha ido en aumento y no hay garantías para el correcto trabajo de nuestros profesionales. Desde que se declaró estado de emergencia en Pataz, muchos de esos mineros ilegales se han desplazado a Huamachuco y hemos sido invadidos. Por eso hemos tomado esta medida y la mantendremos hasta que las condiciones de seguridad mejoren”, comentó.

En el 2023, la empresa pudo sostener la producción de acuerdo con lo establecido. A pesar de todos los problemas de inseguridad, tuvo un crecimiento de 15% y mantiene una proyección similar para este 2024, si los problemas de inseguridad no avanzan. De esa manera, tiene un plan de producción anual de 80,000 onzas de oro; sin embargo, advierte una reducción del 20% al 25% si es que no se controla las acciones de los mineros ilegales.

“Estamos muy sólidos operativamente. No obstante, el mayor problema que tenemos, actualmente, es que los mineros ilegales están introduciéndose en nuestro yacimiento, por lo que, probablemente, no vamos a poder producir como teníamos planeado, para evitar alguna fatalidad”, aseguró.

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Pide estado de emergencia en Huamachuco

Debido a los referidos problemas, el gerente general de Summa Gold pide que el Gobierno declare en estado de emergencia a la ciudad de Huamachuco, ubicada en la provincia de Sánchez Carrión (La Libertad).

“Queremos que las autoridades policiales puedan tener las facultades necesarias para poder controlar las actividades ilegales y delincuenciales. Uno de los roles fundamentales del Estado es garantizar la seguridad y no porque estemos alejados de la capital vamos a ser olvidados”, sostuvo.

Para Polar, si el Estado controla adecuadamente los insumos como el cianuro y mercurio elementos empleados en las detonaciones de los mineros ilegales-probablemente podría frenar su avance en la ciudad.

Nuevos proyectos

Si bien las inversiones de la compañía en actividades de exploración que ascendían a US$ 4 millones por año se han paralizado, Summa Gold espera tener novedades para el cierre del primer semestre en cuanto a los proyectos avanzados para consolidar adquisiciones.

“Continuamos con las negociaciones y esperamos tener noticias sobre el proyecto que tenemos en Cajamarca en los próximos tres meses. Esta adquisición se daría con miras de abrir una nueva operación en el 2028 o 2029. Junto con las tratativas que tenemos en Ayacucho, apuntamos a yacimientos de oro-plata y oro-cobre”, indicó.

Por otro lado, Polar indicó que planean una inversión de US$ 30 millones este 2024 para la construcción de una nueva planta de tratamientos de aguas ácidas, construcción de nuevos botaderos, la adquisición de nuevo equipamiento y la renovación de su flota de camiones.

Fuente: Gestión

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