Lima, 13 de junio de 2025. Entre los años 2022 y 2025, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó que la minería ilegal en el país movilizó US$ 2,248 millones, informó el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana durante el pedido de voto de confianza ante el Congreso de la República.

“La UIF ha emitido 161 informes, en los cuales se identifican movimientos financieros sospechosos por un monto aproximado de US$ 2,804 millones, de los cuales US$ 2,248 millones (el 80% del total) estarían directamente vinculados a actividades de minería ilegal”, aseveró.

Cabe resaltar que un anterior informe de la UIF señalaba que entre los años 2012 y 2022 tal actividad ilegal que se ha convertido en un flagelo que azota el país tuvo 3,905 reportes de operaciones sospechosas, por US$ 18,478 millones.

Al respecto Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que el monto reportado por la UIF podría llegar a ser mayor teniendo en cuenta que esa actividad ilegal procesa más minerales además de oro.

“Con relación a la cifra, no hay manera de poder validar montos al ser una actividad de naturaleza ilícita y no-bancarizada, pero todo parece indicar que la cifra real sería mucho mayor a los $2.2428 millones indicados. Recordemos que la minería ilegal no solo procesa minerales de oro, sino también de cobre”, dijo al IIMP.

Ortiz agregó que, entre las medidas a adoptar es prioritario contar con un marco legal que permita operar solo a aquellos pequeños mineros que cumplan con tener derechos mineros.

“Es decir, de concesiones mineras o contratos de explotación, que cuenten con planes de manejo ambiental y respeten las normas laborales. De esa forma no se mantendrá el esquema actual de venta indiscriminada de explosivos, insumos químicos fiscalizados, invasión de concesiones mineras y libre comercialización de mineral ilegal”, concluyó.

La entrada Minería ilegal movería más de los $2,248 millones calculados, si sumamos el procesamiento de cobre, afirma Juan Carlos Ortiz aparece primero en Revista Horizonte Minero.

La nueva estrategia contra minería ilegal debe ser articulada, cumplir tiempos y estar vinculada al presupuesto público, aseveró el gerente general del Instituto Peruano de Economía (IPE), Carlos Gallardo.

El vocero del IPE saludó el anuncio de la PCM para que la Sucamec y la Sunat tengan roles protagónicos en la lucha contra la minería ilegal en el país. Sin embargo, anotó que más que instituciones se necesitan estrategias articuladas y vinculantes entre todas las instituciones involucradas.

“Hay que aprovechar la experiencia que tiene a Sunat en estas acciones, el control de insumos químicos, de evaluar la actividad económica de las empresas vinculadas a esta actividad en toda la línea del Corredor del Sur, por ejemplo, para dar con una serie de actores a los que se les pueda fiscalizar de una manera más cercana, para identificar estas acciones ilegales”, sostuvo en conversación con el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Asimismo, Gallardo indicó que la estrategia para combatir la minería ilegal y las acciones a realizar deben estar vinculadas al presupuesto público destinado para tal fin.

“Las instituciones que formen parte (de la estrategia) deben cumplir metas de acuerdo con el presupuesto. No deberían pedir presupuesto para nada más a medida que avancen en las acciones que tengan vinculadas a estos propósitos”, enfatizó.

Articulación importante

Según el alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Rodolfo García, un total de 18 entidades trabajan en conjunto en esta nueva política.

El economista consideró importante la articulación en la estrategia, “las acciones vinculantes, deben ser concretas, con hitos y tiempos, con un líder y un equipo suficiente”.

“He escuchado al alto comisionado (de la PCM) decir que tiene tres personas en su equipo, pero es difícil articular con esa cifra con 15 o 20 entidades”, cuestionó.

Resaltó que la estrategia que se plantee va a necesitar de un liderazgo acompañado de la PCM y de la misma presidenta Dina Boluarte.

Más acciones con inteligencia

El vocero del IPE añadió que, si bien es oportuno y necesario, la minería ilegal no únicamente requiere el seguimiento a los insumos, explosivos, maquinaria, etc.

“El trabajo de inteligencia que también debe hacerse a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la información que tiene Sunat y las fuerzas del orden” refirió, sin dejar de lado la constante destrucción de dragas y equipos con los que cuentan la minería ilegal.

En el proceso de formalización minera dijo también “tiene que haber mucha inteligencia”, y ser resuelto sin ampliaciones y con sanciones.

“Que se arme un registro y avanzar sobre la base de ese mismo, vincular a los trabajadores y no se debe encontrar a una persona que esté explotando la mina con una autorización correspondiente. Necesitamos mucho mayor presencia de las fuerzas del orden, ya se tienen identificado los lugares donde esta actividad es más fuerte, Madre de Dios, Pataz, Trujillo”, comentó al IIMP.

Además, aseveró que es crucial la trazabilidad en las plantas de beneficio y usar el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro (REPCO).

“Hay como 12 mil registrados en el REPCO, cuál es el nivel de control que se está ejerciendo sobre ellos”, cuestionó.

También mencionó que se debe brindar una alternativa de desarrollo económico a este grupo de mineros ilegales.

“Qué les damos a estas personas que trabajan en la minería ilegal porque necesitan subsistir. En muchos casos es la única actividad donde pueden percibir ingresos, hay que ir desarrollando actividades económicas viables para ellos”, dijo Gallardo.

Finalmente, para Gallardo es necesaria la cooperación transfronteriza. “Necesitamos llevar esto a nivel internacional, con Colombia, Brasil y Bolivia, donde hay bastante presencia de minería ilegal por las vías de escape que hay para esta actividad”, concluyó.

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