El jueves, con 10 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones, se dispuso en la Comisión de Energía y Minas del Congreso que se elabore un nuevo predictamen sobre el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

El documento que se discutía dentro del grupo de trabajo, presidido por el congresista Paul Gutiérrez, del Bloque Magisterial, permitía una extensión del Reinfo por 12 meses, es decir, hasta fines del 2025. Además, disponía que esta medida pueda ser prorrogada un año más, a través de decreto supremo del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Más temprano, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú) había advertido que ampliar el Reinfo favorecería al crimen organizado y la minería ilegal.

En un comunicado, el gremio señaló que los congresistas que voten a favor de esa norma, están legislando para beneficio del crimen organizado.

El Observatorio de Minería Ilegal (OMI), también mostró su preocupación y resaltó que es crucial que cualquier normativa sea equitativa, respete el Estado de Derecho y beneficie a toda la ciudadanía, no solo a intereses particulares.

Los congresistas de la comisión que votaron a favor de la elaboración de un nuevo predictamen son: Nilza Chacón, César Revilla y Cruz Zeta de Fuerza Popular; José Jeri y Jorge Morante de Somos Perú; Diana González de Avanza País; Rosio Torres de APP; Esdras Medina de Renovación Popular; Enrique Álvaro de Acción Popular y Jorge Montoya de Honor y Democracia.

¿REINFO BENEFICIA A LA MINERÍA ILEGAL?

Carla Mares, decana de la Facultad de Derecho e Investigadora del CIUP, comentó a Gestión que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es una “norma que no ha funcionado y que ha dado cobertura a la minería ilegal”.

“El Reinfo es un registro que inició en el año 2017 y que tenía una vigencia de tres años. Este proceso se ha prorrogado dos veces y estas propuestas hoy del Congreso de prorrogarlo dos años más o hasta tres años más es básicamente consumar una historia sinfín”, añadió.

Lo cierto es que desde la implementación del Reinfo en 2017, se registró que hubo alrededor de 90,000 inscritos, pero solo el 2% logró formalizarse, según datos de Videnza.

“La gran mayoría de los mineros que están en el Reinfo tienen sus registros suspendidos. Estamos hablando de un universo aproximadamente de 90,000 mineros y un poco más de 70,000 tienen el registro suspendido. Esto quiere decir que ni siquiera cumplen los requisitos para estar en el Reinfo como un registro vigente”, indicó Mares.

La doctora en Derecho señaló que esta normativa (Reinfo) ha funcionado como protección de la minería ilegal.

“En el 2017 se creó una norma que se da dentro del marco del nuevo proceso integral de formalización que señala que están exentos de responsabilidad penal aquellos que están en el Reinfo, ¿qué quiere decir? Se permite que los mineros ilegales que puedan seguir con sus actividades”, expresó.

Asimismo, afirmó que el Proyecto de Ley sobre la Pequeña Minería y Minería Artesanal (Ley MAPE), propuesto por el Gobierno, tiene un “carácter de construcción” de un nuevo proceso de formalización con varios ajustes, donde además se tienen diagnósticos de cuáles son las mejoras que debe tener este proceso para finalmente tener éxito, ya que, según data, el número de mineros artesanales y de pequeña escala que se han formalizado no supera los 2,000, de un universo de 500,000.

Además, señaló que el Reinfo protege a los mineros ilegales contra intervenciones por parte de las autoridades.

“Si la policía encuentra la tenencia ilegal de explosivos en una persona que está en el Reinfo, no podría aplicar las medidas de interdicción de la minería ilegal. No podría decomisar bienes, no puede ni demoler ni destruir algunas estructuras para la comisión de minería ilegal”, comentó.

Carla Mares también subrayó que el Proyecto de Ley (Ley MAPE) ataja cuestiones claves, en temas de contratos de explotación y de sesión, ya que se dan incentivos para que los titulares de las concesiones mineras puedan firmar estos contratos con esta ley.

La investigadora dejó en claro que el Congreso debe decidir cuáles van a ser las medidas que tomarán para promover una formalización minera que beneficie el crecimiento económico del país.

“El Congreso tiene dos caminos: o se pone en la línea de los que quieren extender la impunidad de la minería ilegal bajo la cobertura legal y formal del Reinfo, o se pone de lado de quienes quieren acabar con este sistema no solo fracasado, que no dio resultado, sino que, a su vez, ha ido de la mano con incremento galopante de la minería ilegal”, concluyó.

PROTESTAS POR PARTE DE MINEROS INFORMALES

En los últimos días, los mineros informales han intensificado los bloqueos de carreteras en distintos puntos del país, siendo la Panamericana Sur el tramo más afectado. Estas manifestaciones, enfocadas en la exigencia de ampliar el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), se han centrado en puntos críticos de regiones como Arequipa, Ayacucho, Nasca y La Libertad.

Respecto a estas protestas, Mares advirtió que existe un desconocimiento por parte de aquellos que se encuentran realizando protestas para ampliar el Reinfo. “Yo creo que las personas que marchan, no en todos los casos, no conocen exactamente por lo que están marchando y luego creo que también hay muchas intereses que azuzan a personas en contra de la Ley MAPE”, sentenció.

El Proyecto de Ley sobre pequeña minería y minería artesanal (Ley MAPE) es una normativa que busca reemplazar al Reinfo.

A su turno, Aarón Quiñón, investigador del CEMS sobre Minería y Sostenibilidad de la UP, indicó “que la mayoría de personas que han salido a marchar son aquellas que saben cuál es su agenda”.

Fuente: Gestión

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“Lo que pasa es que el oro, uno ya no lo saca de los ríos, sino que ahora se puede sacar de los socavones y la tecnología no es muy distinta. Involucra insumos químicos similares, explosivos y lo que se está viendo es que en la minería cuprífera pueda haber casos en donde esta actividad ilegal se amplíe”, comentó.

Bajo esa premisa, indicó que hoy esta actividad ilícita está concentrada en el oro por los altos precios que hay en el mercado, pero subrayó que el valor del cobre en los mercados internacionales volátil, y en el futuro, el precio subirá debido a la transición energética.

“Entonces al haber actividades rentables y ausencia efectiva del Estado, que se siga proliferando esta actividad ilícita y que se siga vulnerando el Estado de derecho, hace muy factible y fértil el terreno para que se contagie a la minería aurífera a la cuprífera. Eso sí sería un problema muy serio, mucho más serio de lo que hoy en día estamos enfrentando”, consideró.

Seguridad jurídica y ciudadana

En otro momento, Castilla señaló que la falta de seguridad jurídica y ciudadana es un problema que viene afectado la economía de nuestro país. Por ejemplo, refirió que la falta de abordaje efectivo a la minería ilegal, que va de mano con el crimen transnacional, perjudica la imagen de país y la integridad del territorio.

“Vemos que cada vez las bandas criminales controlan territorios y ejercen mucha violencia, y tenemos esto en Piura, La Libertad, en Puno, en Madre de Dios, en Arequipa y esto va ir avanzando. Hay un riesgo que esto se pueda contagiar en regiones colindantes. Ese es un problema porque no hay Estado de derecho y es un problema serio”, advirtió.

Para el exministro también la inseguridad ciudadana afecta la posibilidad de que el Perú tenga un mejor crecimiento. “Ahora se deben invertir cuantiosos recursos en seguridad privada. De hecho, hoy lo que gasta el Estado en seguridad pública es más o menos S/ 15 mil millones y hemos calculado que la seguridad privada que contratan las empresas puede costar otro monto similar de S/ 15 mil millones que se pierden y que, en vez de destinarse a otros usos más productivos, se destinan a resguardar la integridad de los trabajadores, y de las plantas, las empresas y los yacimientos en este caso”, finalizó.

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