Raúl Jacob, vicepresidente de Finanzas de la compañía, también reveló que en los próximos 8 a 10 años Southern espera incrementar su producción en 520 mil toneladas de cobre. Actualmente, producen alrededor de 350 mil toneladas en el país.

Con respecto a Tía María, Jacob confirmó que ya se encuentran listos para iniciar su construcción. “Hemos trabajado muy duro para avanzar en temas sociales. La compañía ha conseguido buenos resultados y estamos viendo en el clima cierta tranquilidad con que desarrollemos nuestras actividades. Apuntamos a que (Tía María) entre a operar en el 2027 y seguimos avanzando para iniciar la construcción. Son 120 mil toneladas de cobre al año que aportará Tía María. Posiblemente, esta cifra se va a reajustar cuando se empiece a construir”, añadió.

Además, el representante de Southern declaró que el proyecto Michiquillay, proyecto ubicado en Cajamarca, tiene prevista una “inversión estimada de 2,500 millones de dólares y una producción anual de 225 mil toneladas de cobre”. Proyectan iniciar las operaciones del proyecto en el 2032.

En lo que respecta al proyecto Los Chankas, Jacob señaló que estiman iniciar operaciones para el 2031. “Esperamos producir 130 mil toneladas de cobre y 7500 toneladas de molibdeno, que es un metal que pasa desapercibido entre nosotros, pero que es de gran importancia para el Perú”, comentó.

En tanto, Steven Lewis, director de Desarrollo de Proyectos de First Quantum Minerals (FQM), uno de los mayores productores de cobre a nivel mundial, señaló que en el Perú tienen previsto fortalecer los proyectos de Haquira y La Granja.

“El proyecto Haquira posee uno de los principales depósitos de cobre por desarrollar en el mundo; mientras que La Granja, se encuentra en el top 15 de cobre por desarrollar mundialmente”, reveló el director de FQM.

Por su parte, Gonzalo Tamayo, socio de Macroconsult, afirmó que Arequipa, donde se encuentran los proyectos como Tía María y el Zafranal, “podría recibir 4 mil millones de dólares de inversión en los próximos dos años, los cuales serían muy relevante para el desarrollo del sur del país”.

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En ese sentido, indicó que, para asegurar el crecimiento de la industria minera formal, se precisa de la solución de los conflictos sociales con una mirada de largo plazo, manteniendo la competitividad del sector y mejorando el actuar responsable de las compañías mineras con altos estándares en temas ambientales, sociales y de gobernanza corporativa (ESG).

“Si se logra un clima adecuado y estabilidad para la inversión, los proyectos que estaban programados para empezar a construirse entre el 2021 – 2025 podrían incrementar la producción de cobre en 26% y la de oro en 27%; se generarían 117 mil nuevos empleos directos e indirectos; y la recaudación tributaria proveniente del sector minero aumentaría en US$ 1,400 millones anuales”, señaló.

Con relación a la reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional al régimen fiscal minero peruano, expresó que el FMI concluyó que el modelo es altamente competitivo y uno de los más progresivos de los que se aplican en los países mineros. “Sí el régimen tributario funciona no hay que pensar en cambiarlo sino más bien en cómo emplear mejor los importantes recursos que se están generando actualmente”, remarcó.

De otro lado, manifestó que es necesario que el Ministerio de Energía y Minas recupere su nivel técnico y en ese sentido, destacó los esfuerzos que está llevando adelante la ministra Alessandra Herrera para ese objetivo.

Asimismo, informó que los conflictos sociales que golpean al sector minero han ocasionado pérdidas en producción estimadas en más de 770 millones de dólares y el país ha dejado de percibir otros US$ 195 millones por concepto de impuestos y de regalías durante los primeros cinco meses del año.

La alternativa para lograr una solución a la conflictividad social -anotó- está en el trabajo permanente con una mirada de largo plazo, que involucre establecer mecanismos de prevención y gestión de conflictos que enlace a los tres niveles de gobierno y a las instituciones estatales; hacer prevalecer el Estado de Derecho y lograr el uso eficiente y transparente de los recursos económicos (canon y regalías) que genera la minería.

Un tema que urge resolver -refirió- el presidente de la SNMPE, es el avance descontrolado de la minería ilegal e informal, que se ha convertido en una seria amenaza para el país. “La minería ilegal destruye los ecosistemas y genera graves problemas sociales, ambientales y económicos; sin embargo, nuestras autoridades no han diseñado hasta el momento una estrategia articulada para erradicarla o formalizarla cuando corresponda”, puntualizó

Fuente: Difusión

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Esta decisión implica que se dejarán de invertir alrededor US$ 850 millones en el país debido a que aún no se logra una intervención efectiva del Estado ante la medida de fuerza de los comuneros, indicó la empresa.

Con la minera paralizada por más de 51 días, el vicepresidente de Finanzas de Southern, Raúl Jacob, señala que se genera preocupación en el directorio hacia los proyectos que se tienen en Perú, los cuales superan los S/ 8,000 millones en conjunto.

“El directorio se reúne cada tres meses, pero en este caso las decisiones se van programando de acuerdo al contexto”, dijo Jacob al diario Gestión.

Por el momento, el representante de Southern señala que no hay una fecha definida para retomar el proyecto que queda pendiente

Actualmente la prioridad es solucionar el conflicto que mantiene la minera y que se garantice la operación a largo plazo.

Se estima que la paralización ya está costando alrededor de US$ 225 millones en exportaciones a la compañía, es decir, se están perdidendo US$ 5 millones al día.

Cabe mencionar que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) también calculó que la paralización de la mina Cuajone implicaría una pérdida de S/ 8.5 millones diarios para el Estado.

El gremio calculaba que se dejan percibir ingresos por canon y regalías por cerca de S/ 2.5 millones y más de S/ 6 millones en impuesto a la renta, por día de paralización

Fuente: RPP

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