El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), entidad adscrita al Ministerio del Ambiente (Minam), inauguró un nuevo centro de operaciones en el distrito de Chancay con el fin de fortalecer la fiscalización ambiental frente al crecimiento económico de la zona.

La ceremonia de inauguración estuvo encabezada por el titular del Minam, Juan Carlos Castro Vargas, y el presidente del Consejo Directivo del OEFA, Juan Narciso Chávez. También participó el alcalde distrital de Chancay, Juan Álvarez Andrade, junto a otras autoridades locales.

Durante su intervención, el ministro del Ambiente destacó que Chancay se está consolidando como un nuevo eje de desarrollo económico del país, lo que implica tanto oportunidades como desafíos ambientales.

“Nuestro deber como Estado es anticiparnos a esos retos, por lo que la instalación de este centro fortalecerá la fiscalización ambiental y atención a las emergencias de manera oportuna”, afirmó.

Asimismo, indicó que su sector busca la conservación y la protección de nuestros recursos para que las poblaciones locales y comunidades tengan una oportunidad de desarrollo.

En tanto, el representante del OEFA destacó la importancia de una presencia del organismo en la zona, debido a los impactos ambientales asociados principalmente a los sectores pesca e industria.

“Es un territorio que enfrenta retos importantes, y la presencia de esta oficina en el distrito de Chancay permitirá reducir significativamente los tiempos de respuesta de la fiscalización, mejorar la capacidad operativa de nuestros equipos”, añadió.

Fuente: Gestión

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En conversación con Gestión, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro Vargas, señaló que a la fecha su sector ha destrabado 471 proyectos de inversión por US$ 29,344 millones, y que ya han empezado a reducir los plazos para la aprobación de sus estudios de impacto ambiental detallados (EIA-d).

Refiere que se han aminorado los plazos de evaluación que se realizan a través del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) adscrito al Minam y que la reducción continuará tras la reciente aprobación de la Línea de Base Ambiental Pública. Aquí los detalles.

-El proceso de evaluación, a cargo del Senace, a los instrumentos de gestión ambiental de proyectos se fue ralentizando en anteriores gobiernos…

Justamente, uno de los aspectos que se buscó en la actual gestión es que destrabemos proyectos que estaban en evaluación por mucho tiempo, en algunos casos por más de cinco años, con idas y vueltas entre el Senace y las autoridades opinantes. Analizamos nuestro marco legal y encontramos que había sobreregulación.

En el 2001 se diseñó el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental que daba plazo de 8 meses para analizar los proyectos, pero, con los años se han ido generando procedimientos extras, requisitos adicionales que lo hicieron muy complejo, no solo en Senace sino en los mismos sectores.

-¿Qué pasos dio su sector el último año para destrabar esos procedimientos extra?

Se dio el Decreto Supremo N° 004– 2024 para reducir los periodos de admisibilidad de un proyecto, y en el cual se tenía que verificar: si (su estudio ambiental) cumplía los términos de referencia, si los consultores que lo hacían estaban registrados y acreditados, y si habían pagado para la evaluación. Todo esto -supuestamente- se debía hacer en solo 5 días hábiles.

-Antes de este DS, ¿cómo era la situación?

Hemos encontrado proyectos sin admisibilidad tras casi año y medio a dos años (de presentados los estudios ambientales), porque en esa etapa (que es inicial) evaluaban aspectos de fondo. Entonces, con este DS hemos regulado que la fase de admisibilidad no pase de 5 días hábiles.

ELIMINARON DUPLICIDAD DE FUNCIONES

-¿Qué otro procedimiento se ha agilizado el año que pasó?

Emitimos el DS 005-MINAM para eliminar las duplicidades (de funciones) entre Senace, la Autoridad Nacional del Agua (ANA) y el Servicio Forestal, lo que nos ha permitido reducir a 6 meses el proceso de evaluación. Antes solo la etapa preliminar tomaba hasta 12 meses, y el proceso de formulación del estudio tomaba casi dos años.

-Entiendo que también se dieron normas para acelerar los procesos de aprobación ambiental de sectores opinantes.

Así es. Junto con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sacamos el Decreto Legislativo 1668 que permitió que sectores productivos como Agricultura, Transportes, Energía y Minas, Vivienda, comiencen a analizar mejor sus procedimientos internos y vayan eliminando barreras burocráticas en sus trámites para los estudios ambientales.

PROYECTOS QUE SE HAN DESTRABADO

-¿Qué resultados se ha obtenido de este cambio normativo a la fecha?

Solamente en el 2024 hemos destrabado US$ 13,800 millones en proyectos y en lo que va el año, en este primer trimestre, ya estamos certificando y aprobando proyectos por US$ 10,700 millones que corresponden a 120 proyectos de inversión.

-Desde que comenzaron estos cambios normativos, ¿cuántos estudios ambientales para proyectos se han aprobado hasta la fecha?

Desde el año 2023 a marzo del 2025 hemos destrabado un total de 471 proyectos de inversión que suman US$ 29,344 millones en sectores estratégicos como minería, transportes, electricidad, hidrocarburos, proyectos de salud, de agricultura, saneamiento y vivienda.

-¿Qué estudios para grandes proyectos han aprobado entre ellos?

Ya salió por ejemplo la ampliación de la Zona Operativa Portuaria Etapa 1 del puerto de Chancay (por US$ 1,100 millones); hemos destrabado (la cuarta modificación al EIA-d) de Las Bambas (por US$ 6,600 millones); la modificación del estudio departamental de Antamina (por US$ 2,000 millones), el proyecto minero Zafranal (por US$ 1,700 millones), el terminal portuario de Salaverry, complejos hidroeléctricos, líneas de transmisión, entre otros.

-En cuanto a la reducción de los plazos de aprobación de estos estudios, ¿cómo se ha ido avanzando en cada periodo?

En el 2013 (la aprobación de estos estudios) demoraba más o menos 113 días hábiles, casi 3 años de evaluación; y tras la aprobación de los decretos mencionados del 2024 hemos pasado a 67 días hábiles, es decir, más o menos entre 3 a 4 meses (calendario). Inclusive hay proyectos, que se han aprobado en 28 días hábiles.

APRUEBAN LÍNEA DE BASE AMBIENTAL PÚBLICA

-¿Este año se darán más pasos para agilizar aún más estos procedimientos de evaluación?

Vamos a continuar en ese proceso. Hace dos semanas hemos dado el decreto supremo que aprueba la Línea Base Ambiental Pública, para poner a disposición de parte del Estado, información para la elaboración de líneas de base para proyectos del sector privado.

-¿Cuál era el problema con el actual sistema para determinar esa línea de base?

Que el Estado había trasladado su responsabilidad de generar información para la línea de base al privado, que al final debía demostrar cuáles eran las condiciones ambientales existentes en determinado territorio.

-¿Qué cambia con esta disposición?

Que ya no será responsabilidad del titular (del proyecto) levantar esta línea base. El Estado, a través de sus sectores -que generan información ambiental o social, sea hidrológica, hidrogeológica, de flora, fauna, carreteras, escuelas, centros de salud, etcétera-, la pondrá en una sola base, a disposición de cualquier ciudadano a través de una plataforma administrada por el Minam.

-¿Esa Línea de Base Ambiental Pública será sustento para los estudios ambientales?

Será información vinculante porque siendo que los sectores (ministerios) la ponen a disposición, ya no podrá ser cuestionada por los evaluadores en la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental.

-¿Qué plazos se podrán ahorrar los titulares de proyectos con el uso de esta nueva línea de base?

(Los privados) se van a ahorrar de 18 meses o 24 meses en la formulación del estudio. Ahora a un proyecto con acceso a la información pública le puede tomar de 3 a 5 meses en ser evaluado en su parte fundamental y análisis de su impacto.

PLAZOS DE EVALUACIÓN SE PODRÍAN REDUCIR AÚN MÁS

-Si hasta ahora se había reducido de 113 a 67 días hábiles estos procesos de aprobación, con la información para la línea base que pondrá a disposición el Estado, ¿cuánto tiempo tomará desde que se presenta el estudio hasta que lo apruebe Senace?

Con la línea base estamos pensando que -para el caso de un nuevo estudio- se va a reducir a más o menos unos 40 o 45 días hábiles porque ya no se va a evaluar la línea base dado que será pública. Entonces, no habrá tiempos que destinar a esa parte. Recordemos que el 80% de las observaciones a los estudios ambientales justamente eran a la línea base.

-En el caso de una modificatoria a un estudio ambiental detallado, ¿cuánto tomaría su análisis a futuro?

Si es una modificatoria, estamos hablando de 20 a 25 días hábiles como máximo. Esto nos va a ayudar a destrabar porque hemos estado realmente muy atrasados y no hemos sido competitivos. Chile aprueba todos los estudios ambientales en seis meses.

-¿El cumplimiento de estos plazos será exigible a los funcionarios del Senace? Hasta ahora, entiendo, hay mucha discrecionalidad en la aplicación de las normativas del sector.

Como parte de la modernización del Senace estamos actualizando su nuevo ROF para establecer nuevos mecanismos de control también sobre los evaluadores (cuyos plazos de evaluación) deben acortase a estrictamente lo que pide el término de referencia.

-¿La modernización que menciona es parte del proceso de reestructuración que se anunció para el Senace?

Sí, Senace está en una reestructuración y es una modernización propia de la institución. Lo que queremos es que, con la capacitación y las guías técnicas que va a ser parte de todo este nuevo modelo, nuestros evaluadores tengan todas las herramientas tecnológicas y manuales que ayude a que su trabajo sea mucho más eficiente sin que se pierda también la calidad de evaluación, que es importante para que el proyecto sea sostenible y no impacte en el ambiente.

-¿Para cuándo estima que en forma efectiva se deberían cumplir estas nuevas reducciones de plazos?

A partir de julio de este año. En lo sucesivo no deberíamos estar superando los 40 días hábiles.

GRANDES PROYECTOS EN ESPERA EN ESTE AÑO

-Para lo que resta del año, ¿la evaluación de cuántos proyectos espera haber concluido?

En cartera ahora tenemos alrededor de unos 100 proyectos que aún están en proceso de evaluación, y entre un 70% a 80% están para recibir opinión de entes técnicos, en especial de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Esperamos poder ayudar a esa entidad (adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – Midagri) para que tengan mejores capacidades técnicas, logísticas y presupuestales para que puedan tener sus informes (listos) y sacar esos proyectos.

-De esas iniciativas, ¿qué grandes proyectos están en espera de aprobación?

Estamos evaluando Huancapeti, que es un proyecto importante en la zona de Áncash, que está en análisis en la ANA; hemos terminado ya con el proyecto Romina; se evalúan modificaciones al impacto ambiental del proyecto Coroccohuayco, de Tintaya; se acaba de aprobar el EIA del proyecto de hidrógeno verde en Arequipa, con una inversión grande porque vamos a cambio de la matriz energética.

Fuente: Gestión

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El ministro de Energía y Minas, Jorge Montero Cornejo, junto a Juan Carlos Castro, ministro de Ambiente y representantes de nueve comunidades originarias de la provincia de Espinar (Cusco), sostuvieron una prolongada reunión de trabajo que arribó a importantes acuerdos con miras a construir un desarrollo social, económico, ordenado y pacífico de sus poblaciones.

“Estamos cerrando un problema que tiene años y que ahora le estamos poniendo fecha, orden y resultados tangibles para que nuestras 13 comunidades ancestrales campesinas de Espinar realmente tengan, ahora sí, un futuro mejor que podemos entender y saludar”, sostuvo el ministro Montero.

Enfatizó que el Gobierno de la presidente Dina Boluarte, “cumple su palabra” de atender a las poblaciones ancestrales a través de canales de diálogo con los sectores comprometidos con su desarrollo.

El titular del Ministerio de Energía y Minas (MINEM) destacó que los puntos más importes acordados tienen que ver con el plan de cierre de brecha socioambiental, también llamado Plan de Reparaciones, la Planta de Óxidos de la minera Antapaccay, el cierre de la Consulta Previa y la Segunda Modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental.

En esa línea, los participantes firmaron un acta donde se precisa que la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) remitirá el próximo 8 de abril la propuesta del Plan de Acción a las nueve comunidades de Espinar, para su revisión.

Asimismo, en un plazo de 5 días, las comunidades emitirán una respuesta formal que definirá una fecha para su aprobación.

También señala que la Dirección General de Minería del MINEM emitirá un informe especificó a las comunidades sobre la Planta de Óxidos, precisando cuál es el componente objeto de la Consulta Previa.

Adicionalmente, a fines de junio próximo, el OEFA emitirá los resultados de la evaluación a la Planta de Óxidos que realizó en febrero último.

Respecto al proceso de Consulta Previa, los participantes concordaron que se programará una reunión de coordinación previa para el próximo 24 de abril en la ciudad del Cusco entre el MINEM y los representantes de las nueve comunidades originarias. En tanto, las reuniones de cierre del Proceso de Consulta Previa, se realizará del 05 al 10 de mayo de 2025.

Finalmente, el acta indica que, el próximo 20 de mayo se realizará en Lima una reunión técnica respecto a Segunda MEIA. Se precisa que, conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo General, se podrá recibir aportes, comentarios y preocupaciones de las comunidades hasta el momento de la emisión de la resolución final.

En representación del Poder Ejecutivo estuvieron presentes Juan Haro, viceministro de Gobernanza Territorial, junto a otros funcionarios de la PCM, directores del MINAM y MINEM y del OEFA.

Asimismo, participaron representantes de las comunidades de Espinar; Huisa Ccollana, Suero y Cana, Cala Cala, Huarca, Anta Ccollana, Huancané Bajo, Alto Huarca y Huisa.

Fuente: Minem

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Perupetro es la empresa estatal que, en representación del Estado peruano, se encarga de promocionar, negociar, suscribir y supervisar contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Perú. Gestión conversó con su presidente, José Mantilla, sobre los concursos para los lotes petroleros, así como sobre el rol que quiere retomar Petroperú, ahora que tiene un nuevo directorio.

-Petroperú ha subrayado que quiere “reafirmarse” como operador de lotes. ¿Qué piensa Perupetro sobre ello, tomando en cuenta, por ejemplo, que ya el concurso para los lotes I y VI está encaminado?

Petroperú puede participar de manera individual o asociado como ya lo hizo en otros lotes como el 192 o el X. Toda empresa nacional o internacional es bienvenida, eso nos interesa. Pero, eso sí, nosotros garantizamos que la mejor propuesta sea la ganadora.

-¿Cuáles son los puntos que se evalúan para determinar que una empresa es clave y puede entrar a un lote?

Hay distintos factores que evaluar, entre ellos, la solvencia económica financiera, la propuesta técnica, la propuesta de inversión para sacar el máximo provecho a los lotes, entre otros. Ese es el interés. El éxito de los concursos termina dando beneficios en regalías, canon e impuestos. La mejor propuesta siempre trae beneficios y por eso vamos a ser muy cuidadosos.

-Hablábamos del Lote I y el VI, de la cuenca de Talara (Piura). ¿Cuántos postores hay ya interesados?

En este momento, (los lotes) aún están en proceso de recibir las cartas de interés, (hay plazo) hasta la primera semana de enero del 2025. Todavía no se ha presentado algún postor, pero tenemos conocimiento extraoficial de que tenemos tres interesados.

-¿Petroperú quiere participar también en estos lotes?

Lo hemos escuchado en medios, el interés que tienen ellos. El mensaje para ellos es: “Bienvenidos, pueden concursar, pero sí quiero decir que van a hacerlo en similar condiciones (que los demás)”.

-Otro lote importante de la cuenca de Talara es el Z-69. ¿Cuándo empieza el concurso para adjudicarlo?

Estimamos que este concurso debería lanzarse a más tardar a mediados de enero del próximo año. Hay que mencionar que los activos, las plataformas, entre otros, son de propiedad de Petroperú, el actual operador. Nosotros estamos pidiendo información sobre cuál va a ser la idea de ellos respecto a esos activos.

Pero, para la petrolera va a ser más fácil continuar con la operación porque pueden poner como concidión que van a aportar los activos, las plataformas, para que llegue otro socio posiblemente como operador y haya una sociedad.

-¿Cuánto demoraría que ya tenga un operador el Lote Z-69?

En el caso del lote I y VI, el concurso se lanzó en agosto último, y a finales de enero del 2025 esperamos la buena pro. Siendo así, en el caso del Z-69, debería darse en el mes de julio del próximo año.

-¿Cuál es la situación actual del Lote 192? Se informó el mes pasado que Altamesa se queda sin fondos para desarrollar el proyecto en asociación con Petroperú.

Estamos muy de cerca conversando con ellos, aunque es cierto que han tenido cierta dificultad. El viernes último hemos estado reunidos con ellos donde nos han presentado al nuevo socio que va a aportar capital y por lo tanto la solución al tema económico financiero. Está en proceso todavía, pero ya nos lo presentaron. Creemos que es el primer paso.

-¿Dicho socio entra como financista de Altamesa, o también como socio del Lote 192?

Entiendo que va a entrar tan solo con aporte de capital.

-¿Cómo ve el futuro del petróleo considerando que nos falta explorar más, agendar más concursos?

Hay unas exigencias medioambientales de llegar al 2050 con el famoso “net zero”, pero incluso las proyecciones más ácidas que hay a ese año, consideran al petróleo y gas como un compornente energético importante. Además, como siempre se dice, la transición energética es particular de cada país, depende de sus recursos, y nosotros tenemos recursos.

Estamos completamente seguros que aún seremos grandes consumidores de petróleo y gas. Por eso Perupeto está activo en el tema de activar la producción de petroleo. Tenemos un alto potencial en la cuenca del Marañón, el Lote 39, el Lote 67, hay potencial por lo menos en esa zona de 100 mil barriles. Sobre todo que es petróleo pesado, lo que justamente necesita la refinería de Talara.

-Petroperú tiene nuevo directorio. ¿Cómo va el diálogo con ellos, así como con el Ministerio de Energía y Minas (Minem)?

Estamos muy activos, en comunicación permanente con el Minem, sobre todo con el Viceministerio de Hidrocarburos y la Dirección General de Hidrocarburos. Pero, eso no queda ahí. Tenemos que trabajar de la mano con el Ministerio de Ambiente (Minam) y de Cultura (MinCul). Tenemos que estar enfocados en el mismo objetvo.

Para el inversionista, uno de los problemas que hay es la tramitología. Es un dolor de cabeza para las inversiones porque toma mucho tiempo. Tenemos que alinearnos, trabajar de la mano. El objetivo sería una ventanilla única. Esta herramienta funciona en el caso de la minería, aunque podría ser mejor. Uno de mis objetivos es tratar de trabajar juntos para ayudar a las inversiones.

-¿Quién debe proponer esa ventanila?

Creo que nosotros. Somos los entes promotores de la inversión, somos los más interesados que funcione, integrar a los distintos ministerios, también somos los principales interesados de que el Oleoducto Norperuano (ONP) esté en óptimas condiciones.

-El anterior directorio de Petroperú planteó “devolver” el ONP al Minem. Si esta nueva gestión adopta esta medida, ¿le parecería favorable?

Me parece justo porque es un activo que a Petroperú le cuesta cada año. Hay que buscar un operador dispuesto a invertir en el ONP y ponerlo en valor.

-¿La empresa petrolera Anadarko ya confirmó perforaciones de pozos?

Está funcionando muy bien, resultados muy buenos, tanto así que hay otra compañía, aunque no puedo adelantar el nombre, que vio cómo le está yendo a Anadarko y está interesada en asociarse. Esa es la mejor señal de que los estudios que está haciendo Anadarko van bien. Nosotros creemos que aproximadamente en el segundo trimestre del 2026, si todo va bien, la empresa debería empezar a perforar. Mientras tanto nos corresponde a nosotros socializar.

-¿Qué expectativas tienen para la producción de petróleo en el 2025?

Actualmente, en producción estamos en unos 40 mil barriles por día. Para el próximo año, los incentivos que se dan en la zona de la cuenca de Talara, cuenca Tumbes, el ingreso del Lote 8, del Lote 192 y, sobre todo, las nuevas inversiones de Petrotal con el Lote 95 y la nueva operación que están tomando ellos con el lote 131, podrían permitirnos hacia el cierre de ese año llegar a 70 mil barriles por día.

Fuente: Gestión

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Dicha medida se oficializa a través de un Decreto Supremo N° 012-2024-MINAM , publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, dispone que la política nacional es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades de la administración pública, señaladas en el artículo I de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, en el marco de sus competencias, así como para las personas jurídicas de derecho privado y la sociedad civil, en cuanto les sea aplicable.

Además, precisa que las entidades en todos los niveles de gobierno, en el marco de sus competencias y funciones, deben asumir sus obligaciones y responsabilidades, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 del Reglamento que regula las Políticas Nacionales.

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Entidades involucradas

El decreto supremo también que establece que la conducción de la política nacional se encuentra a cargo del Ministerio del Ambiente, a través de la Dirección General de Cambio Climático y Desertificación, o la que haga sus veces.

De igual modo, refiere que las entidades de la administración pública involucradas en esta política, implementan, en el marco de sus funciones y competencias, los elementos de ésta, a través de los diferentes planes del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico (Sinaplan).

Para tal efecto, dichas entidades correspondientes coordinan con el Ministerio del Ambiente la implementación de los servicios, actividades operativas identificadas, así como otras intervenciones que contribuyan al cumplimiento de los objetivos prioritarios de la referida política nacional.

De otro lado, el Ministerio del Ambiente tiene a su cargo el seguimiento y evaluación de la referida política, en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Modernización de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Por último, la implementación de las acciones asociadas a la política nacional se financian con cargo al presupuesto institucional de los pliegos correspondientes, considerando las competencias asignadas a cada entidad, conforme a las leyes anuales de presupuesto del sector público, para los fines establecidos en la misma, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.

Fuente: El Peruano

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“Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso para abordar el cambio climático y nos impulsa a seguir avanzando hacia un futuro más próspero y sostenible. Agradecemos a todos nuestros empleados por su dedicación y compromiso con la sostenibilidad”, dijo Jean Martineau, presidente y director ejecutivo de Dynacor.

Con la obtención de este distintivo, la Corporación reafirmó su compromiso con una operación más sostenible. Durante el 2023, el 51% de nuestro consumo de energía global provino de fuentes renovables y continuaremos utilizando más energía limpia en nuestras operaciones.

La medición de nuestra huella de carbono no solo permitirá a la Corporación evaluar su desempeño ambiental, sino que también nos brindará la oportunidad de identificar procesos para la mejora continua a favor del medio ambiente.

Además, la Corporación ha establecido buenas relaciones con los grupos de interés de nuestra filial Veta Dorada para incentivar el desarrollo de más proyectos socioambientales, promoviendo así una cultura de sostenibilidad.

El programa Huella de Carbono Perú es una herramienta oficial del estado peruano que reconoce a las organizaciones públicas y privadas que han logrado gestionar sus emisiones de gases de efecto invernadero en beneficio al ambiente. Cuenta con el apoyo de las Naciones Unidas y el proyecto de implementación de metas climáticas del MINAM.

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En el marco del Foro Internacional de Economía Circular, el titular del Ministerio del Ambiente (Minam), Juan Carlos Castro, destacó la importancia de economía circular en el Perú, que viene siendo no solo un compromiso de las industrias, sino también una política del gobierno.

Durante el evento, en entrevista con Gestión el ministro también se pronunció sobre las medidas planteadas ante los incendios forestales, así como la probabilidad de que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) pase a manos del Minam en el corto plazo.

ECONOMÍA CIRCULAR

– ¿Cuánto podría aumentar la inversión en el Perú con la economía circular?

Se espera que en los próximos años, al 2030, con la implementación de estos mecanismos de economía circular se puedan aportar un 2% de PBI, más de S/ 130,000 millones. Con esto llega más inversión y se va a promover que la generación del empleo crezca en 1.6%. A pesar de que vamos a ahorrar en muchos aspectos del proceso productivo, este ahorro se vuelve a inyectar en las industrias para mejorar sus capacidades.

– ¿Cuáles son los principales proyectos en economía circular qué han identificado?, ¿qué retos enfrentan?

El principal esfuerzo que se va a hacer es con los gobiernos locales porque tenemos un gran desafío para la gestión de los residuos sólidos, que todavía no ha avanzado como esperábamos. Hay que inyectar mucho financiamiento para plantas de valorización y quitar este enfoque de relleno sanitario.

Las industrias también están avanzando. Algunas han cambiado su flota a vehículos eléctricos, en el puerto de Chancay todo es eléctrico, la ampliación del Puerto del Callao ha insertado sistemas eléctricos, y las empresas mineras están reutilizando sus aguas residuales o desechos.

– Respecto a la gestión de residuos, un estudio del Minam evidencia que aún cerca de la mitad de los peruanos no tienen acceso a los servicios de limpieza pública, ¿exactamente cuál es la medida qué están tomando para reducir la brecha?

Hay todavía una débil capacidad de los gobiernos locales para avanzar en la gestión y uno pasa por las políticas públicas que tienen de amnistías y exonerar intereses en los pagos de arbitrios, por lo que hay una morosidad que hace difícil gestionar. Entonces, lo que estamos haciendo es capacitar a los gobiernos subnacionales y ayudarles al diseño de nuevas políticas públicas, que va a ser progresivo.

Se está haciendo un acuerdo con los gobierno locales para que asumamos la construcción de los sistemas de tratamiento y las plantas de valorización que ellos no tienen, mediante cooperación internacional. El compromiso de ellos es que operen y mantengan estas infraestructuras.

– De cara al 2025, ¿qué se está teniendo en cuenta para cerrar esta brecha en servicios de limpieza pública?

El próximo año estamos incorporando a 16 municipalidades de seis regiones en esta construcción de infraestructuras y la dotación de su flota vehicular de compactadores para el recojo de los residuos sólidos.

Pero, los gobiernos locales también tendrían que ir migrando hacia un mecanismo más compartido con la empresa privada. Se ha demostrado que la gestión propia del municipio no ha sido suficiente y hay que conceder este servicio a un privado que se encargue de todo el ciclo sin que el municipio pierda su capacidad fiscalizadora y responsable de la gestión. Necesitamos ir mirando estos mecanismos, pero es un tránsito todavía lento.

En breve entrevista con Gestión, el titular del Minam, Juan Carlos Castro, comentó sobre los avances en economía circular, así como la posibilidad de pasar la ANA a la gestión de su cartera.

MEDIDAS OCDE

– Por otro lado, hace unos meses indicó que se implementaría una serie de medidas como parte del proceso de adhesión del Perú a la OCDE, ¿con que ya se ha avanzado?

Tenemos alrededor de más de 100 compromisos que tenemos que cumplir en materia de agua, bosque, suelo, fiscalización y protección ambiental. En las próximas semanas vamos a prepublicar la nueva norma del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Además, el último informe que fue presentado en Francia ha sido aprobado por la OCDE, y el próximo año va a haber otra reunión.

OPOSICIÓN A RESERVA NACIONAL

– En abril se creó la Reserva Marina en el Norte, pero hubo una oposición de Perupetro porque se iba a superponer con lotes offshore, ¿se han realizado ajustes o se conversó en estos meses con Perupetro al respecto?

La creación de la reserva tuvo una objeción de PeruPetro y del propio ministerio de Energía y Minas, pero fue salvada en las reuniones técnicas. Esta reserva lo que reconoce es que todas las actividades preexistentes de la creación son respetadas, solo que el desarrollo de la actividad ya se hace bajo nuevas reglas ambientales. Todos han quedado de acuerdo con esto.

– Pero ¿a qué se debieron las objeciones que salieron luego de la aprobación?

Conversamos con el ministro de Energía y Minas y parece que ahí hubo una descoordinación entre ellos. La observación de PeruPetro fue subsanada en su momento y parece que el funcionario que dio las declaraciones no tenía conocimiento de eso.

REESTRUCTURACIÓN DE LA ANA

– En otro tema, usted comentó que la ANA es una entidad “muy burocrática” en el proceso de certificación ambiental y mencionó que se esperaba que pase a manos del Minam, ¿se ha discutido eso?

En la propia Ley de Recursos Hídricos se establece que cuando el Minam se haya fortalecido y consolidado, la ANA debería pasar al Minam. Esta transición va a tomar su tiempo porque hay que ver los arreglos institucionales, una modificatoria en la propia ley de recursos hídricos, y coordinar qué es lo que queda en el Ministerio de Agricultura.

– ¿Cuánto tiempo tomará la reorganización?

Tienen cuatro meses para reestructurar la estructura misma que tiene la ANA, los modelos de gestión que tiene. Esperamos que a fines de año podamos tener una nueva estructura de la ANA con miras a una institución moderna y sobre todo mucho más eficiente en los trámites.

– ¿Y con esto ya pasaría el próximo año al Minam?

No, la transición hacia el Minam todavía es un proceso que va a llevar tiempo, es una conversación que aún no se ha sostenido con el Ministro de Agricultura y todavía falta definir cómo sería su proceso. En algún momento pasará, será en este gobierno o en otro, pero la ANA, aplicando la ley, tendría que pasar al Minam.

INCENDIOS FORESTALES

– Otro tema importante son los incendios forestales. Ya han emitido un proyecto de ley de prevención y control de incendios forestales, ¿en qué estado se encuentra?

El 16 de octubre hemos sido convocados por el Congreso de la República para sustentar ante la Comisión Agraria este proyecto. Estamos poniendo énfasis en la prevención, la creación del cuerpo de brigadistas contra incendios forestales, los lineamientos para la quema controlada, y los permisos de quema bajo condiciones climáticas que así lo ameriten, así como las sanciones.

– Algunas críticas al proyecto señalaban que este no está abordado la causas profundas de este problema, ¿qué nos podría decir ante esto?

El Perú no tiene una legislación propia en incendios forestales. En el Perú no hay incendios naturales todos son provocados, entonces estamos regulando para trabajar fuerte en la prevención y con nuestros agricultores que tienen estas costumbres culturales para establecer en qué momento pueden hacer la quema controlada.

La ley lo que hace es fortalece la prevención para que los gobiernos locales y regionales puedan responder en caso tengamos un momento como ese. No es tanto poner sanciones sino invocar más a la prevención.

– ¿Qué otras medidas se están tomando desde el Minem ante estos incendios forestales?

Las áreas protegidas tienen su propio programa para reforestación y recuperación de ecosistemas, entonces eso ya está en marcha. Para los bosques y zonas agrarias, lo que se ha hecho es que la tecnología que hemos diseñado para áreas degradadas por deforestación vamos a suspenderlas y la vamos a llevar a San Martín y Amazonas, para insertar ahí estas esferas reforestadoras con semillas de rápido crecimiento y recuperar esas hectáreas perdidas.

Fuente: Gestión

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El ministro de Energía y Mucho, Rómulo Mucho, inauguró la Cuarta Pasantía Minera 2024, dirigida a 30 dirigentes y líderes de los distritos de Cocachacra, Dean Valdivia y Punta de Bombón, provincia de Islay – Arequipa, donde se asienta el proyecto cuprífero Tía María, con una inversión de US$ 1400 millones.

Durante su intervención, el ministro Rómulo Mucho dijo a los pasantes que es posible encontrar alianzas entre la minería y la agricultura, actividades que coexisten desde los albores de la existencia humana porque se encontraron metales para labrar la tierra y fertilizantes que provienen vienen de los minerales.

“Gracias a los fertilizantes que produce la minería, se obtienen excelentes cosechas en el agro que mejoran su productividad, usando tecnología moderna en beneficio de las comunidades”, sostuvo.

En el evento, organizado por la Dirección de Sostenibilidad y Articulación Minera (DSAM), también participó el titular del Ministerio del Ambiente (MINAM), Juan Carlos Castro, quien destacó la excelente articulación que existe entre su sector y el MINEM para garantizar el desarrollo sostenible de las actividades mineras en materia ambiental y social.

En otro momento, el titular del MINAM Invitó a los pasantes a conocer más sobre la gestión ambiental que realiza su sector con la supervisión y fiscalización de la OEFA y el SENACE, que muchas veces se desconoce los procesos que estos entes desarrollan.

Esperanza Molla titular de la DSAM, destacó que, al cierre del 2023, Arequipa es la segunda región productora de cobre y oro con 470,755 TMF y 21,541,535 KG finos, respectivamente. Asimismo, lidera la producción de molibdeno con 9,974 TMF y la quinta en plomo con 23,392 TMF.

Asimismo, acotó que Arequipa, es la segunda región que mayor transferencia de recursos recibe a través del Canon Minero (S/858,603,333), Regalías Mineras (S/217,137,729) y Derecho de Vigencia (S/56,434,234), a nivel nacional durante el 2023.

En esta Cuarta Pasantía Minera, que se desarrollará en nuestra capital hasta el 10 de agosto, los participantes serán capacitados en módulos relacionados a la actividad minera, normativa legal, gestión ambiental, gestión social, emprendimiento y desarrollo personal.

Fuente: MINEM

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El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, anunció que se realizará una visita de campo a la cuenca de Llallimayo, ubicado en la provincia de Melgar (Puno), para sobrevolar la zona junto a sus homólogos del Ambiente y de Desarrollo Agrario y Riego, donde, tras la elaboración de informes técnicos, se evaluará la Declaratoria de Emergencia por peligro inminente de contaminación hídrica en esa jurisdicción del altiplano peruano.

El ministro participó en una reunión multisectorial donde se trató la problemática de contaminación de la cuenca del Llallimayo, con participación de funcionarios de instituciones públicas, además del congresista Carlos Zeballos, el alcalde de Municipalidad Provincial de Melgar, Russell Mamani, el presidente Frente de Defensa Llallimayo, Hernán Nina, y otros representantes de la sociedad civil.

“Vamos a tomar acciones concretas y plantear soluciones. Está en nuestro itinerario realizar un viaje a la zona para hacer un sobrevuelo y luego de la elaboración de informes técnicos por los sectores competentes, se evaluará la declaratoria de emergencia”, sostuvo Rómulo Mucho

Fue luego de escuchar las demandas de las autoridades y dirigentes puneños contra la minera Aruntani SAC, por el continúo vertimiento de agua no tratada que contamina al recurso hídrico de la zona.

Durante la reunión, realizada en la sede del MINEM, los participantes también acordaron que habrá un financiamiento de S/ 1.6 millones requeridos para la realización del proyecto del Programa Especial del Lago Titicaca (PELT), que será gestionado por el MINEM, así como el presupuesto correspondiente al ejercicio 2025, hasta por un monto estimado de S/ 10 millones para la cuenca de LLallimayo.

Asimismo, se informará a la sociedad civil y las autoridades de Llallimayo sobre el uso del presupuesto de S/4.6 millones destinado a la cuenca, y se dará una aproximación a los notos que serían asignados al ejercicio presupuestal 2025.

Fuente: MINEM

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El conflicto que suele surgir entre productores agrícolas y empresas mineras por el uso del agua, así como por como su impacto en el ambiente, es una situación que parece ocurrir también a nivel de entidades públicas involucradas en esos temas, debido a la excesiva burocracia.

En mayo, el ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, afirmó que se habían propuesto aligerar los procesos burocráticos para la certificación ambiental que debe otorgar su sector, pero que enfrentaban trabas para ello, y que éstas, en su mayor parte, procedían de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Antecedentes

En esa ocasión, el ministro Castro detalló a Gestión que la ANA exigía evaluar hasta 300 criterios técnicos en materia hídrica, antes de poder aprobar los estudios de impacto ambiental (EIA).

Como se sabe, los citados estudios ambientales son planteados por las empresas que prevén desarrollar determinados proyectos de infraestructura, para su evaluación por el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), adscrito al Ministerio del Ambiente (Minam).

De esa forma, el titular del Minam reconocía que una evaluación ambiental que debía tomar meses, demoraba años (por las exigencias de la ANA) y citó que, en el caso de proyectos mineros, se podían tardar entre cinco a ocho años, por el incremento de la tramitología.

¿Qué responde el Midagri?

En entrevista a Gestión, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, consultado sobre el tema, reconoció que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) ha colapsado administrativamente y anunció que va a entrar en un proceso de reorganización.

Sobre el primer aspecto, indicó que ello ha surgido por aspectos externos a dicha entidad, debido a que el Gobierno le encargó asumir tareas ajenas a su creación, como es por ejemplo la descolmatación de los ríos y, para lo cual, le asignó el manejo de un pool de maquinarias para esa labor.

“La ANA es un ente técnico normativo, no es un ente ejecutor, como sí tenemos a otros ejecutores en el ministerio; y no tengo problema en decirlo: fue un error encargarle la descolmatación de ríos”, aseveró.

Así, mencionó que esa entidad está recibiendo el reclamo de muchos proveedores que no se les paga “porque tienen un cerro de expedientes allí, y como nunca han manejado ejecución, ha habido muchos errores en los procesos, y no pueden cerrarlos”.

¿Qué implicará la reorganización?

Ante esta pregunta, el ministro Manero indicó que, en primer lugar, la reorganización buscará restaurar sus funciones como ente técnico y normativo, en segundo lugar, dimensionar mejor a dicha institución en términos de su alcance a nivel regional, y en tercer lugar, agilizar sus procesos.

En el aspecto de dimensionamiento, refirió que existen diversas instancias regionales, como por ejemplo la administración local del agua (ALA) entre otras, que tienen que dar licencias para muchos proyectos mineros.

“Puede haber 50 expedientes de licencias (para minería) y puede haber un solo funcionario encargado de todo eso”, observó, y dio a entender que eso es un indicador de que no está bien dimensionada dicha autoridad para atender todas las necesidades del sector.

Respecto a la agilización de sus procedimientos, el ministro Manero reconoció que hay problemas por resolver, como son las demoras para la emisión de opiniones sobre obras de infraestructura que involucran cuerpos de agua.

Solo emitir opinión demora dos años

“Porque, la ANA no solo opina sobre el agua (en sí) sino por ejemplo (para instalar) una tubería de gas que debe cruzar un canal o un río, tienen que pedirle primero opinión y luego autorización a la ANA, y a veces, sólo la opinión demora uno o dos años”, mencionó.

En tal sentido, explicó que la reorganización buscará agilizar sus procesos, de tal forma que sean casi inmediatos. En el curso de diez días deberían estar dando opinión sobre muchas cosas, aseveró.

Aunque el ministro no mencionó cuándo concluiría el proceso de reorganización de la ANA, consultadas sobre el tema, fuentes oficiales del Midagri indicaron que es posible que el ministro informe más sobre este tema en los siguientes días.

Fuente: Gestión

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