La jefa de Estado tendrá una participación en la sesión plenaria del evento internacional que se realiza en Francia.

Acompaña a la presidenta el canciller Elmer Schialer.

En el marco de este viaje, la mandataria cumplirá una agenda de reuniones bilaterales orientadas a atraer inversiones para el Perú.

Entre ellas,  sostendrá una reunión de trabajo con el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, en la que abordarán temas clave de la agenda bilateral. Entre ellos destacan el avance en el proceso de adhesión del Perú a la OCDE y el impulso de nuevas inversiones francesas en el país.

Fuente: Andina

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) suscribió un Memorando de Entendimiento con la Agencia Internacional de la Energía (AIE), que tiene por objetivo establecer un marco general de cooperación en áreas de interés mutuo como política energética, planificación, eficiencia energética, energías renovables, hidrógeno verde y minerales críticos.

Este acuerdo, suscrito por el ministro Jorge Montero Cornejo y el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, en el marco de la “Cumbre Sobre el Futuro de la Seguridad Energética”, que se realiza en Londres, permitirá desarrollar proyectos o programas conjuntos que contribuyan a una transición energética sostenible, con beneficios sociales, económicos y ambientales.

El acuerdo establece las siguientes áreas de cooperación: Estadísticas energéticas, recopilación de datos y modelización; Análisis de políticas energéticas; Eficiencia energética, Energías renovables: solar, eólica, hidroeléctrica, geotermia, bioenergía.

Adicionalmente, aborda la colaboración en minerales críticos incluido el refinado y procesamiento; así como el hidrógeno verde.

Asimismo, el Memorando de Entendimiento establece que las modalidades de cooperación previstas son: proyectos o programas conjuntos, estudios técnicos y recomendaciones de políticas, participación en eventos regionales e internacionales, formación y desarrollo de capacidades, intercambio de datos y proyecciones, organización de actividades como seminarios, talleres, entre otras.

La AIE es una organización intergubernamental autónoma, establecida en 1974 dentro del marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y su objetivo es proveer análisis técnicos, datos estadísticos, y recomendaciones de política energética para apoyar a los países en la provisión de energía segura y sostenible.

Este importante acuerdo se alinea con la Política Energética Nacional al 2040 y el Plan de Desarrollo Nacional, aportando al desarrollo de políticas y a la planificación energética, el desarrollo de tecnologías limpias como el hidrógeno verde y la eficiencia energética, elementos clave para la transición hacia una economía baja en carbono.

El Memorando de Entendimiento establece un periodo de vigencia de 3 años y podrá renovarse por un periodo igual si existe voluntad de ambas partes; no implica compromisos financieros vinculantes, siendo las actividades sujetas a la disponibilidad de recursos de cada entidad firmante del acuerdo.

Finalmente, precisa que las entidades firmantes se mantendrán mutuamente informados de todas las actividades pertinentes en el marco del presente Memorando y celebrarán consultas, según corresponda, a fin de evaluar el progreso en la implementación del acuerdo, para revisar y desarrollar nuevos planes para actividades actuales o futuras.

Fuente: Minem

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Escribe: César Puntriano, socio principal del Estudio Muñiz.

En 1950, el matemático Alan Turing se preguntó si  las máquinas podían pensar. Su duda lo llevó a redactar su artículo “Computing Machinery and Intelligence” y el consiguiente “Test de Turing”, que sentaron las bases de la inteligencia artificial (IA), su visión y sus objetivos.

La IA ha ingresado en la gestión de la fuerza de trabajo a cargo del empleador, lo cual es positivo pues evidencia el gran desarrollo informático que nos acompaña en el día a día. Sin embargo, debe evaluarse el impacto que puede ocasionar dicha gestión a través de los algoritmos en los derechos fundamentales, por ejemplo, mediante el ejercicio de prácticas discriminatorias que pueden afectar a quienes cuenten con una aspiración sindical, a las mujeres, personal discapacitado, entre otros colectivos.

La IA impacta también en la composición de la fuerza laboral. El Foro Económico Mundial estima que para el 2025, 75 millones de puestos de trabajo podrían desaparecer, pero se habrán creado 133 millones de nuevos puestos de trabajo, lo que generará 58 millones de puestos de trabajo como ganancia neta a nivel mundial

La OCDE calcula que hasta el 46% de los empleos corren riesgo de automatización. Los primeros en desaparecer serán los empleos rutinarios y repetitivos.  Aunque, debemos considerar que campos como la programación de sistemas de IA o la ciencia de datos serán las nuevas fuentes de empleo, estimando el Foro Económico Mundial que se crearán 97 millones de trabajos debido a la transformación digital.

La OIT en un reciente reporte denominado “World Employment and Social Outlook: September 2024 Update” señala que los estudios económicos han identificado que las innovaciones tecnológicas en las últimas dos décadas producen aumentos en la productividad laboral, pero reducen los ingresos de los trabajadores. Ello podría deberse a la menor cantidad de horas-hombre de trabajo efectivo una vez implementado el cambio tecnológico.

Tratándose de América Latina (AL), una investigación del Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, prevé que la IA contribuirá hasta el 5.4% del PBI de AL para el 2030, cifra que queda muy por detrás del impacto en América del Norte que equivaldrá al 14.5% de su PBI en el período similar. Ello en razón a la limitada inversión pública en ciencia y tecnología, bajos niveles en las habilidades de IA y la alta informalidad de la economía de nuestros países, características de indudable presencia en nuestro país.  Asimismo, de acuerdo con un estudio de Morning Consult  para IBM llamada “IBM Global AI Adoption Index 2023″, aquellas compañías de Latinoamérica con más de 1,000 trabajadores aumentaron el uso de la IA. El 67% de profesionales de tecnología de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú encuestados, afirmaron que las organizaciones a las que pertenecen aceleraron el uso de la IA en los últimos 24 meses. Dicha cifra es superior al promedio mundial (59%).

Nuestro país ha avanzado en la aprobación de regulación específica en IA como la Ley No. 31814, que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país, publicada el 5 de julio de 2023, pero existen oportunidades de mejora en la infraestructura pues el uso de internet y la velocidad de descarga son inferiores al promedio de América Latina. Es rescatable que se haya incorporado el estudio de las TICs en el currículo escolar, así como la productividad de los investigadores en IA, debiéndose, sin embargo, incrementar el número de publicaciones, su impacto y la presencia de investigadores activos en el campo.

Pero, no perdamos de vista lo señalado sobre el impacto de la IA en las relaciones laborales, lo que nos llevaría a evaluar el hecho que la IA no pueda reemplazar al 100% al ser humano, en razón la capacidad de discernimiento de este último. Podrá complementarlo, pero no sustituirlo. El tiempo dirá si estamos o no en lo correcto. Entre tanto, las compañías deben tomar las previsiones para una gradual incorporación de la IA en sus procesos internos, asegurándose que su nuevo diseño respete el marco normativo vigente.

Fuente: Gestión

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Así lo señaló Angela Grossheim, directora ejecutiva de la SNMPE, al afirmar que este importante documento que será de gran utilidad para el ecosistema minero energético peruano se enmarca en los principios que promueve el gremio, entre los que se destaca el respeto y promoción de los derechos humanos.

Esta nueva Guía de Debida Diligencia en Derechos Humanos -explicó- ha sido elaborada siguiendo los principios rectores sobre Conducta Empresarial Responsable de Naciones Unidas, así como de las guías de organizaciones como el OCDE y del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM).

Al respecto, destacó que esta Guía que es pionera en América Latina, se trabajó desde el Comité de Derechos Humanos de la SNMPE con el propósito de brindar las herramientas para que las empresas del sector minero energético fortalezcan el enfoque de derechos humanos en su gestión empresarial.

En ese sentido, Jenny Vento, presidenta del Comité de Derechos Humanos de la SNMPE, precisó que esta Guía es un elemento orientador que se pone a disposición de las empresas asociadas, cuya implementación dependerá del contexto de cada una de ellas.

El gremio -detalló Vento- ha desarrollado un modelo de debida diligencia, que incluye los pasos y componentes de este proceso hacia una gobernanza robusta en gestión de riesgos, así como mecanismos de acercamiento a la población como el sistema de atención a quejas y reclamos; y la comunicación y cultura.

OCDE destaca iniciativa de SNMPE

Durante la ceremonia de presentación de la Guía de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos, Germán Zarama, gerente para América Latina y el Caribe del Centro para la Conducta Empresarial Responsable – OCDE, manifestó que para su organización un pilar central es que las empresas multinacionales como parte de su conducta empresarial responsable se comprometan con desarrollar la debida diligencia en toda su cadena de valor.

“Hoy la SNMPE busca poner a disposición del sector minero energético una herramienta práctica, que comprende los estándares internacionales en materia de derechos humanos y que incluye una identificación de buenas prácticas en la industria”, citó.

Esta Guía -anotó- debe ser el punto de partida para avanzar en el desarrollo de capacidades y el apoyo técnico para que las empresas y todos aquellos que intervienen en la cadena de suministro puedan diseñar y poner en marcha el proceso de debida diligencia, el mismo que no solo debe comprender las expectativas de los estándares internacionales, sino que también responda al contexto y problemática local.

En el evento que se realizó en el auditorio de la SNMPE, también participaron Olga Orosco, representante del Proyecto CERALC; Edgardo Rodríguez, director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, y Marcela Huaita, jefa de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quienes analizaron la Guía de Debida Diligencia en materia de Derechos Humanos elaborada por el gremio minero energético.

Lima, 18 Julio 2024.

OFICINA DE PRENSA.

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM), mediante la participación del Estado, la empresa y la sociedad civil, desarrolló la iniciativa para la Transparencia en las Industrias Extractivas -EITI Perú, la cual promueve la transparencia, la vigilancia social y eleva la reputación del mercado de inversiones nacional.

En esta línea, el ministro Mucho anunció la reincorporación del Perú al EITI, tras haber culminado el 9no Informe Nacional de Transparencia, levantándose la suspensión temporal dada en diciembre del 2023, marcando la pauta en la implementación subnacional de EITI en las regiones de nuestro país.

“Tenemos el gusto y agrado de anunciar que hemos recuperado nuestra condición de “país cumplidor” en esta importante plataforma mundial, en la cual participan países de todo el mundo y que es un soporte fundamental para la meta que tenemos como país en la OCDE”, señaló el titular del MINEM.

Agregó que esta iniciativa permite rendir cuentas al país respecto al destino de los recursos generados por actividades extractivas en el sector minero energético, como el canon, sobrecanon y regalías.

“Si este informe hubiese existido desde el inicio del boom minero, en el año 2000, el Perú sería otro. La cantidad de transferencias e ingresos, habrían posibilitado un desarrollo sostenible en las comunidades”, enfatizó el funcionario.

En otro momento, el ministro Rómulo Mucho señaló que debemos seguir mejorando en la utilización de estos recursos, para destinarlos a inversión pública y proyectos que repercutan en beneficio de la población y las comunidades, antes que en gasto corriente.

“Estamos contentos de reinsertarnos en la Iniciativa EITI para rendir cuentas y encauzar los recursos generados a través de las inversiones en minería e hidrocarburos”, indicó el ministro, señalando que este proceso puede ayudar a fortalecer el proceso de descentralización, muy necesario para encaminar al país al desarrollo.

A su turno, Jennifer Pike, directora de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Gobernanza de USAID, felicitó al MINEM por cumplir con la entrega de este reporte, lo cual ha permitido levantar la suspensión del Perú de la Iniciativa EITI.

“El Perú es un país privilegiado, con riquezas naturales. Somos conscientes que gran parte de la economía del Perú, se basa en el sector extractivo, pilar para el desarrollo del país y asegura los ingresos de miles de familias que desean salir de la pobreza”, señaló la representante de USAID.

Cabe mencionar que el EITI promueve la transparencia, poniendo a disposición información sobre los pagos que realizan las industrias, cómo se usan y sus obligaciones socioambientales, a fin de contribuir a la gobernanza efectiva y legítima de las actividades extractivas.

El viceministro de Minas, Henry Luna, formo parte del panel “Importancia del Informe Nacional de Transparencia para la gobernanza del sector extractivo en el Perú”, en la cual se refirió al trabajo que realiza el sector en la automatización y transparencia de todos sus procedimientos.

“Creemos que debemos aunar esfuerzos para de una manera transparente pedir a la sociedad civil, en especial a las organizaciones no gubernamentales, que se den el trabajo de leer estos informes, y que no tergiversen la información generada por el sector energía y minas”, expuso Luna Córdova.

Al cierre, la viceministra de Hidrocarburos del MINEM, Iris Cárdenas, señaló que la extracción de recursos naturales contribuye al crecimiento de la economía del Perú y proporciona financiamiento para servicios públicos esenciales.

“Como presidenta del EITI, nos comprometemos a impulsar la elaboración de la información correspondiente programada para el 1 de octubre y que la región del Cusco forme parte de este proceso, al ser el lugar donde se encuentra la principal fuente de energía que tiene el país, que es el gas natural”, finalizó Cárdenas Pino.

Fuente: MINEM

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En el último quinquenio la minería en el Perú ha enfrentado sus mayores trabas, primero con la llegada del covid que llevó a restringir esa actividad el 2020 y casi anuló su exploración. Y luego, entre 2022 y 2023 la conflictividad social y el bloqueo de vías, paralizaron muchas minas en el sur.

Si bien ya se han superado esos episodios coyunturales y se ha mantenido un alza sostenida en los precios del cobre y el oro (los principales metales que exporta el Perú), la mayor parte de la cartera de proyectos mineros sigue tan paralizada como antes de la pandemia.

Según coinciden diversos sectores involucrados en esta actividad, el factor común que los tiene paralizados (más allá de la conflictividad social), es la aún no resuelta tramitología que agobia a los empresarios mineros.

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Sin fecha de inicio

De acuerdo con la última actualización del Minem, de los 51 proyectos de construcción de minas por US$54,556 millones, el grueso, 31 proyectos por US$39,781 millones aún no tienen fecha de inicio de obras.

Según la actualización, esos proyectos no han determinado fecha de inicio de ejecución, por factores asociados a decisiones empresariales, asuntos sociales, entre otros, y también, principalmente porque se encuentran en etapas tempranas.

Proyectos

Sin embargo, la misma cartera consigna que varios de los grandes proyectos con fecha por definir, en realidad tienen varios grados de avance, que los ponen incluso a un paso de la etapa de ejecución, pero siguen paralizados.

Tal es el caso por ejemplo de los proyectos Reposición Ferrobamba, de cobre, por US$1,753 millones; o de Rio Blanco, de cobre, US$2,792 millones, que, en ambos casos, cuentan ya con estudios de factibilidad, al igual que Conga, de US$4,800 millones.

Más avanzados que ellos, con estudios de ingeniería de detalle, se encuentran los proyectos Tía María (US$1,400 millones) y Yanacocha Sulfuros (US$2,500 millones).

IIMP: Parados por causas ajenas a las empresas

Sobre el tema, el presidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Abraham Chahuan, precisó que (de la cartera total de 51 proyectos de minas) existen 23 proyectos valorizados en US$30,000 millones sin ejecutar a la fecha, por causas ajenas a las propias empresas.

La paralización, según refirió, se debe a la excesiva tramitología de las instituciones gubernamentales, pues para impulsarlos, se requiere superar al menos 407 regulaciones administrativas en 29 instituciones del Estado.

Pérdida para el país

En ese sentido, señaló que el costo de la no ejecución de estas iniciativas entre los años 2008 y 2022, significó pérdidas de S/700 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal.

“Las cifras son abrumadoras. ¿Queremos un país desarrollado? Tenemos estos recursos, el capital humano, la inversión, pero este tema de los permisos es la traba”, insistió.

Añadió que el no desarrollo de estos proyectos también impidió que 1.7 millones de personas adicionales hayan salido de la pobreza en el año 2022.

¿Y la Ventanilla Única Digital?

Además, si bien el Gobierno asegura que ya está avanzando en la implementación de la Ventanilla Única Digital para la minería (VUD), para la fase de exploración, diversos expertos consultados descartan que se haya logrado destrabar alguno de los numerosos trámites para esa actividad.

Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del IIMP, señaló que, en esta etapa la VUD cumple el rol de difundir información acerca de los procesos y requisitos para obtener una licencia de exploración. Lamentablemente, aun no se conoce el cronograma de implementación de las siguientes fases, anotó.

Pero además, observó que los sistemas digitales no son compatibles en diseño y en procesos de aprobación por lo que la solución demanda no solo un esfuerzo en desarrollo de interfases digitales, sino también en la modificación de los procesos administrativos de cada institución involucrada.

PPU: No se ven efectos positivos aún

Más crítico aún, Rafael Lengua Peña, experto en minería y socio del estudio Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU), considera que los avances en la primera fase de la VUD son meramente declarativos.

Recordó que, según el Gobierno, en marzo se completó la primera fase de la VUD, que incluye la articulación con 5 entidades estatales y la integración de 6 procedimientos administrativos priorizados.

No obstante, indicó que ello aún no genera un efecto positivo en la reducción de plazos para la tramitación de los permisos requeridos para la exploración, y tampoco ha llevado a destrabar algún proyecto de ese segmento, pues la VUD aún no se ha implementado.

La VUD no resolverá la tramitología

Ahora, aún si la VUD se llegase a implementar en el país de manera integral (lo cual está previsto para el 2025) siguiendo las buenas prácticas de la OCDE y con ello se consiguiese reducir los plazos, esto no solucionará el problema de la tramitología en el Perú, sentenció Lengua Peña.

Para reducir el problema de la tramitología y poder captar inversiones se requiere una reforma bastante más agresiva en tres planos, consideró el especialista. Primero, anotó, en el plano normativo se requiere eliminar tramites o requisitos innecesarios, simplificar los procedimientos y aplicar el silencio positivo de manera general (salvo contadas excepciones).

Segundo, se requieren mejoras tecnológicas -como aquella que se espera con la implementación de la VUD- para mejorar la eficiencia y productividad de la administración pública.

Tercero, mencionó, se requiere dotar a las entidades evaluadoras de mayores recursos y de capital humano adecuado para que los tramites sean gestionados de una manera eficiente, dentro de un marco razonable y de confianza y en los tiempos esperados.

Fuente: Gestión

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