En un país donde la conflictividad social asociada a las industrias extractivas parece una constante, hay casos que rompen el molde y merecen ser visibilizados. Uno de ellos ocurre en el norte del Perú, en Pueblo Nuevo de Colán, región Piura, donde la empresa Olympic ha desarrollado durante casi 30 años una operación de hidrocarburos rodeada de tierras agrícolas —no en el mar, como comúnmente se piensa— con un modelo de relacionamiento comunitario basado en la confianza, el respeto mutuo y el diálogo sostenido.

Desde su presencia en el lote XIII, la empresa ha logrado convivir armónicamente con comunidades agrícolas que dependen de cultivos como arroz, algodón y frutales. Lo ha hecho no solo cumpliendo con sus obligaciones legales y ambientales, sino construyendo una relación directa con los agricultores, escuchando sus preocupaciones y respondiendo con acciones concretas: instalación de sistemas de riego, mejora de caminos agrícolas, viveros comunales y fortalecimiento de capacidades locales para la agricultura sostenible.

En contextos donde la actividad minero-energética coexiste con la agricultura, es común que surjan resistencias sociales. Sin embargo, el caso que nos ocupa representa una valiosa excepción. La comparación con otras experiencias extractivas en Piura cerca de terrenos agrícolas, como los proyectos mineros de Río Blanco y Tambogrande, resulta inevitable. En Río Blanco, el proyecto lleva más de quince años paralizado debido a la oposición de las comunidades, que temen por sus fuentes de agua y sus cultivos. En Tambogrande, la resistencia del valle agrícola en 2002 permanece en la memoria colectiva como un símbolo de defensa del territorio agrario. Estos casos evidencian que la sostenibilidad de un proyecto no se define únicamente por sus aspectos técnicos o económicos, sino, sobre todo, por la legitimidad social que logre construir.

Lo logrado en Colán es, en cambio, un ejemplo de inserción respetuosa en un territorio agrícola, sin imposiciones ni mayores conflictos. Allí se entendió que la verdadera licencia para operar no se firma en una oficina, sino que se construye día a día en el territorio. Y parte clave de esa construcción ha sido una comunicación diferente: cercana, accesible, comunitaria. A través de una Oficina de Información Permanente, talleres participativos, visitas guiadas y boletines en lenguaje claro, se ha puesto en práctica una comunicación que informa sin imponerse y que busca construir relaciones, no solo transmitir mensajes.

Lo viví en primera persona. Durante mi paso por Olympic, comprobé que el respeto por el entorno no era una consigna para la galería, sino una práctica real, cotidiana. La sostenibilidad no era una palabra bonita: era una forma de estar en el territorio, escuchar, aprender y construir junto a las comunidades. Esa experiencia me demostró una vez mas que es posible hacer industria de otra manera.

Este enfoque profundamente territorial, poco frecuente en el sector, ha mantenido el trabajo de la empresa fuera del radar nacional. Muy pocos peruanos saben que se trata de la principal productora de gas natural del norte del país, abasteciendo de energía a miles de usuarios de manera silenciosa pero constante. Mientras los reflectores están puestos en Camisea y el gas del sur, el norte tiene también una historia de energía y desarrollo que contar.

Esa historia cobra aún más relevancia en el contexto actual, donde el país necesita avanzar hacia una transición energética sostenible. No se trata solo de producir gas: hablamos de liderar la masificación de este recurso en el norte del Perú, contribuyendo a reducir la dependencia de combustibles más contaminantes y favoreciendo una matriz energética más limpia y eficiente. Este aporte no solo tiene implicancias técnicas, sino también sociales y ambientales: permite mejorar la competitividad regional, reducir emisiones y acercar energía accesible a más hogares y empresas en Piura y otras regiones del norte.

La masificación el gas natural, en este sentido, no es solo un objetivo de política pública, sino una palanca concreta de sostenibilidad territorial. Y cuando se gestiona con visión y respeto por el entorno, como en el caso de Colán, puede marcar una diferencia real: demuestra que es posible extraer los recursos naturales sin erosionar los vínculos sociales y, más bien, fortaleciendo las raíces locales.

En un país marcado por la desconfianza entre empresas y comunidades, experiencias como esta nos recuerdan que otra forma de hacer industria es posible. Una forma donde el respeto por la tierra, la cultura y las personas se convierte en parte del modelo de negocio. Porque, al final, la sostenibilidad no se mide solo en reportes, sino en la capacidad de una empresa para ser parte de un territorio sin fracturarlo.

Por Mg. Roberto Lazo Cuadros
Especialista en Comunicación Estratégica y Gestión del Relacionamiento Comunitario en proyectos de Infraestructura Vial y del Sector Minero-Energético

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Según Rogger Incio, Director de Proyectos de ProInversión, se espera que el proceso se formalice en febrero de 2025, marcando un hito en la industria minera no metálica del país.

El proyecto abarca 94,000 hectáreas y representa una oportunidad para incrementar la producción de fosfatos en el Perú, mineral esencial para la industria de fertilizantes y el sector agrícola. Estudios previos realizados en la zona arrojan indicios de la existencia de grandes reservas de fosfato con alto potencial comercial, lo que genera expectativas entre inversionistas nacionales e internacionales.

“Es un proyecto que lo estamos acogiendo por encargo del Ministerio de Energía y Mina. Estimo que en el mes de febrero ya debe estar siendo encargado formalmente. Es un proyecto importante porque va a incrementar el volumen de producción de fosfatos a futuro. Creo que va a ser de mucho interés entre los inversionistas”, señaló Incio en una entrevista con Diálogos Mineros del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

El Minem está en proceso de elaborar el informe de evaluación exigido por el Decreto Legislativo 1362 para transferir el encargo a ProInversión. Una vez concluido este trámite, se espera que el proyecto ingrese a la cartera de promoción de inversiones.

Este proyecto no solo va contribuir a la minería en Piura sino que también reforzará la producción de insumos fundamentales para el sector agrícola, impulsando la competitividad del Perú en los mercados internacionales.

Piura, productor de fosfatos

De acuerdo al Boletín Estadístico Minero del Minem, la extracción de fosfatos acumulada a noviembre de 2024 ascendió a 12 279 578 TM lo que significó un incremento interanual de 13.1%. A nivel de titulares mineros, Compañía Minera Miski Mayo S.R.L. permaneció como el mayor extractor de fosfatos con el 99.8% de participación. Es importante precisar que, Piura continúa siendo el único departamento extractor de fosfatos en Perú.

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El yacimiento en cuestión, conocido inicialmente como B-5 y hoy como El Faique, se ubica a 11 kilómetros al sur de Tambogrande (Piura) y tiene entre 400 y 800 metros de profundidad. Este depósito de cobre, zinc y plata requiere un desarrollo significativo, que incluye la construcción de un pique de 800 metros, una labor compleja que, según Benavides, tomaría mucho tiempo y tendría un impacto económico limitado en las comunidades locales mientras se lleva a cabo.

Por ello, Buenaventura ha decidido impulsar una iniciativa privada para explotar el yacimiento TG-3, ubicado debajo del río Piura y con características similares a las del B-5, pero a menor profundidad. Lo que permitirá a la empresa no solo acelerar el desarrollo del proyecto, sino también ofrecer beneficios sociales a las comunidades cercanas, como el suministro de agua para la agricultura de Locuto, desde la fase de exploración.

Sobre el proyecto
Cabe señalar que el proyecto TG-3, liderado por ProInversión y presentado como iniciativa privada en 2018, antes de la pandemia, es clave para la expansión de Buenaventura en el mercado cuprífero. Esta estrategia ha atraído la atención de importantes actores de la industria en Latinoamérica, como Antofagasta PLC, que se ha sumado al accionariado de Buenaventura.

Benavides también destacó que, aunque el yacimiento TG-3 y El Faique requieren más perforaciones para convertir los recursos minerales en reservas, la información disponible, tanto de exploraciones previas del BRGM como de estudios recientes, brinda la confianza necesaria para escalar la producción hasta 15 mil toneladas diarias de procesamiento en una futura planta de flotación.

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Río Blanco Copper, gerente social del proyecto, indicó que la mina se desarrollará como operación a tajo abierto, producirá 200 mil toneladas de cobre fino y 3 mil toneladas de molibdeno por año. Además, contará con una vida útil de producción superior a 20 años y generará 5 mil puestos de trabajo para construcción y 1,200 puestos de trabajo para operación, y creará 7 mil puestos de trabajo indirecto.

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¿Cuál será el impacto económico?

Gerardo Ramos también estimó que Río Blanco generará recursos económicos por concepto de canon minero ascendentes a S/ 1,713 millones, durante los 20 años de explotación, monto que se repartirá en porcentajes establecidos al gobierno regional (25%), municipios del departamento (40%), municipios provinciales (25%) y municipalidad distrital (10%).

“Por otro lado, en el rubro de la educación y agricultura, Río Blanco ha impulsado acciones, como el mejoramiento integral del Pronoei Rayito de Luz, la firma del convenio y entrega de herramientas a la Asociación Agropecuaria Predio Tapal, y la formalización de la Asociación de Productores Cafetaleros Rio Canchis y su inscripción en Sunarp”, ejemplificó.

Perfil geológico

Río Blanco posee recursos de 1,257 millones de toneladas con ley de 0.57% de cobre y 228 ppm de molibdeno, reservas de 500 millones de toneladas con ley de 0.63% de cobre y 215 ppm de molibdeno, relación de desbroce de mineral a desmonte de 1 :1.01.

“Respecto a la geología regional, Río Blanco está ubicado en el área Cenozoico Andino de cobre, cinturón de mineralización de oro que alcanza unos 1,000 kilómetros, en el lado de Perú, y se extiende hacia Ecuador. Por dicha zona se encuentran numerosos depósito de cobre y oro de clase mundial, incluyendo Yanacocha, Alto Chicama, Portovelo-Zaruma, etc.”, detalló.

Fuente: Gestión

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El presidente de la CNA, Antolín Huáscar, manifestó que la presencia de actividad minera en el distrito de Tambogrande representa un peligro para su agricultura, debido a que es líder en la producción de mango y limón en el Perú, además alberga los bosques algarrobales más extensos del norte del país.

“Saludamos la decisión del Gobierno de derogar estas normas que nunca se debió aprobar. Hoy más que nunca debemos asumir que la agricultura es más importante que la minería, sin alimentos no habrá vida, la minería es incompatible con la agricultura”, expresó.

Los representantes de la CNA solicitaron al Gobierno central que se respete el derecho al desarrollo y buen vivir elegido por las comunidades campesinas, indígenas, originarias del Perú.

Asimismo, que se destine el 10% del presupuesto de inversión pública de los gobiernos regionales y locales para la agricultura familiar, y se garantice la participación de las comunidades campesinas y nativas en su programación y ejecución.

Fuente: La República

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Al respecto, Aurania postuló a 419 concesiones mineras que cubren unas 413,200 hectáreas en el norte del Perú.La empresa comenzó una revisión detallada de los datos existentes y disponibles por el Gobierno peruano.La empresa proveerá una actualización a medida que avance los trabajos.

Fuente: Gestión Pág. 5

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Con constantes operativos e interdicciones (prohibiciones) realizadas de maneras constantes en las zonas de influencia de la minería ilegal, la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) viene erradicando paulatinamente esta ilícita actividad en la región Piura.

Estas acciones de fiscalización permanente continuarán este año con el apoyo de la Policía Nacional y el Ministerio Público, según lo aseguró el director regional de este sector, Percy Fiestas Aquino. En estas intervenciones se decomisan los materiales, notifican a los responsables y cierre en asiento informal.

Los principales distritos donde se ejerce esta ilícita actividad son Paimas, Suyo y Sapillica en la provincia de Ayabaca, así como en Tambogrande y Las Lomas, en la provincia de Piura.

Cabe mencionar que las unidades mineras de metálicos se concentran en Ayabaca (1,080), Piura (171), Sullana (21), Huancabamba (17), Morropón (3), Paita (2) y Talara (1), haciendo un total de 1,302.

En cuanto a los no metálicos se ubican en Sullana (32), Paita (24), Sechura (16), Talara (15), Piura (10) y Morropón (1) con un total de 98.

La DREM refiere que hasta la fecha se cuenta con un padrón de 1,330 mineros en proceso de formalización, de los cuales se ha llegado a un promedio de 30 formalizados, quienes están en condiciones de laborar legalmente.

Fuente: La República

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