Alertan que el dictamen en evaluación limitaría los mecanismos de supervisión y control frente a la minería ilegal

“La propuesta apunta a que los 50,000 mineros informales excluidos porque en cuatro años no realizaron trámites para su formalización sean reincorporados junto a los 30,000 que tienen vigente su Reinfo”.

Extitular del Minem sostuvo que Reinfo ya no tiene razón de ser y se debe dar paso a la Ley MAPE. Especialistas dicen que es inaceptable suspender facultades del ministerio de Energía y Minas para luchar contra el crimen.

El 31 de diciembre culmina la última ampliación de plazo para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), pero lejos de enfocarse en aprobar la Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE), en el Congreso pretenden no solo otorgar dos años más a los informales para que realicen sus actividades, sino que estas no sean fiscalizadas.

La bancada Podemos, del investigado José Luna Gálvez, impulsó este proyecto en octubre último, y esta semana ha exigido al presidente del Parlamento, Fernando Rospigliosi, que agende el debate de la norma para la siguiente sesión del Pleno.

Luna busca capitalizar votos para su candidatura a la presidencia en 2026. Otro que ha estampado su firma de respaldo al proyecto es el congresista de izquierda Roberto Sánchez, quien también quiere conseguir el sillón presidencial con Juntos por el Perú.

La propuesta apunta a que los 50,000 mineros informales excluidos —porque en cuatro años no realizaron trámites para su formalización— sean reincorporados junto a los 30,000 que tienen vigente su Reinfo.

Pero lo peor es que se quiere suspender las facultades del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para supervisar y, de ser el caso, retirar a los mineros que no acatan los requisitos —como incumplir las responsabilidades ambientales y efectuar explotación en áreas no permitidas— hasta que la Ley MAPE sea promulgada.

En otras palabras, quieren otorgarles impunidad a los mineros informales.

Rechazan dictamen

La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Julia Torreblanca, dijo a Perú21 que el referido dictamen debe ser rechazado íntegramente por el Congreso, porque no contribuye al despliegue de una minería responsable.

“Lo que se debe hacer es reforzar las facultades fiscalizadoras del Ministerio de Energía y Minas, no suspenderlas. Con ese dictamen se está priorizando la ilegalidad, se está atentando contra la Constitución”, sostuvo.

Torreblanca recordó que, según las últimas cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), las exportaciones de oro ilegal sumarían este año US$12,000 millones, cifra de la que el Estado peruano no se beneficia porque no percibe tributos.

En esa línea, exigió “firmeza” desde el gobierno de José Jerí para enfrentar la criminalidad que coexiste con la minería ilegal.

“No he escuchado hasta ahora la posición del ministro de Energía y Minas. Sabemos que querían simplificar permisos para el uso de explosivos, pero esa no es la manera de avanzar. Lo que deben ver es que la explotación minera se realice en lugares permitidos, cumpliendo las normas y resguardando la salud de los trabajadores”, manifestó.

Por su parte, el extitular del Minem Jorge Montero alegó que, luego de cuatro ampliaciones de plazo, el Reinfo “perdió su rol”, ya que los mineros que acceden a este no concretan la formalización.

“Ya no se sabe en manos de quién está el Reinfo: si es un minero con la firme convicción de formalizarse, un ilegal duro y puro o un tramitador que está entre ambos. Es una zona gris peligrosa; cuando se tiene este escenario, tienes que extinguir la herramienta”, argumentó.

Montero remarcó que la mayoría de los 50,000 mineros excluidos del Reinfo “se encontraban en un mercado negro” que traficaba con explosivos y que prestaba el documento para que otros mineros trabajen indiscriminadamente y sin consecuencias.

“Reintegrar a estos mineros significa reconstruir una maquinaria financiera que bombea recursos de la minería ilegal a cualquier otra actividad ilegal en el Perú”, insistió.

Coincidió en que el Legislativo no debe aprobar el dictamen y que, en todo caso, el ministerio podría ampliar el Reinfo por seis meses más a los mineros informales que les falte solo unos pasos para cerrar el procedimiento.

Enfatizó que el Congreso tiene que elaborar la Ley MAPE para regularizar estas actividades extractivas.

A su turno, Karina Garay, vocera del Observatorio de Minería Ilegal, calificó de “retroceso” el proyecto de ley, porque el Reinfo blinda con “inmunidad administrativa y penal”.

“Se quiere favorecer a ciertos sectores en plena campaña electoral. Lo que se debe exigir a los congresistas es que aprueben la Ley MAPE; ese debe ser el camino”, expresó Garay a este diario.

La sesión del Pleno en la que se votará el dictamen será clave de cara al 2026: los peruanos sabrán qué partidos están del lado del crimen y la ilegalidad.

Fuente: Perú 21