Áncash: conflicto social amenaza estabilidad minera

La minera Antamina enfrenta un escenario de creciente conflicto en Áncash. Desde agosto de este año, comuneros de la comunidad campesina de Huaripampa han protagonizado enfrentamientos con la Policía Nacional en un reclamo, sin ningún sustento legal, por 184 hectáreas inscritas en registros públicos a nombre de la empresa, que ahora ha devenido en una exigencia de dinero bajo amenaza. Es decir, en una extorsión.

Huaripampa es una comunidad ubicada en el distrito de San Marcos que vendió aproximadamente 2,200 hectáreas a Antamina en el año 1998 para desarrollar su actual operación. Su presidente actual es Roger Ariza, quien ha recurrido a Duberlí Pintado, un asesor externo investigado por presunta extorsión y usurpación agravada, según denuncias recogidas por medios de comunicación nacionales. En los últimos años, Pintado logró obtener retribuciones monetarias por parte de la minera Contonga, también ubicada en la zona.

El conflicto, liderado por el arquitecto Pintado, se centra en una exigencia de US$27 millones (cerca de S/100 millones) como compensación por la supuesta usurpación de tierras comunales. Al parecer, se quiere replicar la experiencia de Contonga.

El saldo hasta ahora: pérdidas materiales superiores a S/20 millones, con maquinaria y vehículos incendiados en la zona de Huacacocha, además de constantes tensiones en torno a las operaciones mineras. El enfrentamiento llegó a picos el 20 de agosto último, cuando se incendió maquinaria y otros bienes en los terrenos de la operación minera. La maquinaria dañada es propiedad de proveedores locales, que prestan servicios a la empresa.

De reclamos ambientales a una exigencia millonaria

En el año 2003, ante algunos reclamos de los comuneros, se realizaron diversas reuniones que dieron como resultado acuerdos en donde se reconoce y ratifican los linderos de la compraventa del año 1998. Estos acuerdos fueron plasmados en una escritura pública la misma que fue debidamente suscrita por representantes tanto de la comunidad de Huaripampa como de Antamina.

En octubre de 2023, se presentan reclamos comunales se centraban en supuestos daños ambientales a una laguna. Sin embargo, desde 2024 la discusión viró hacia la superposición de terrenos y supuestas usurpaciones. Pese a múltiples intentos de diálogo, incluyendo un acta en septiembre de 2024 para buscar una “solución social”, las conversaciones quedaron en punto muerto tras el ingreso de nuevas dirigencias comunales.

En mayo de 2025, la comunidad presentó un “Estudio Definitivo” (sin ningún sustento legal ni técnico) que fijaba una compensación de 27 millones de dólares, cifra rechazada por la compañía minera. La radicalización llegó unos meses después y, desde entonces, grupos reducidos de comuneros, y liderados por el asesor Pintado, permanecen instalados en Huacacocha (un sector aledaño a la propiedad de Antamina), bloqueando la posibilidad de una solución pacífica.

“El riesgo de este tipo de radicalización es que, bajo el discurso de reclamo social, se abren espacios para prácticas extorsivas que terminan afectando no solo a una empresa, sino a la competitividad de todo el sector minero peruano”, advirtió Claudia Cooper, vicepresidenta de Sostenibilidad y Asuntos Externos de Antamina.