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Decreto legislativo endurece sanciones a toda la cadena de la minería ilegal
El Poder Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N.° 1695, mediante el cual se incorporan diversas modificaciones al Código Penal con el objetivo de fortalecer la lucha contra la minería ilegal en el país.
La norma modifica los artículos 307-A, 307-E y 307-F, e incorpora el nuevo artículo 307-G, reforzando el marco penal aplicable a toda la cadena delictiva vinculada a la minería ilegal, esto es desde la extracción sin autorización hasta el tráfico de insumos, maquinaria y recursos minerales de origen ilícito.
En el caso del delito de minería ilegal (artículo 307-A), se mantiene una pena severa de cinco a ocho años de prisión, aplicable no solo a quienes operen sin autorización administrativa, sino también a quienes se encuentren fuera del proceso de formalización minera y generen —o puedan generar— daño ambiental o a la salud.
Uno de los aspectos más relevantes del decreto es el endurecimiento de las sanciones contra actividades conexas. El tráfico ilícito de insumos químicos y maquinaria destinada a minería ilegal (artículo 307-E) será castigado con penas de seis a nueve años de prisión, al igual que el tráfico de recursos minerales provenientes de minería ilegal (artículo 307-F), ampliando la responsabilidad penal a quienes transporten, comercialicen o exporten minerales de origen ilícito, incluso cuando “debían presumir” dicho origen.
Como novedad, el artículo 307-G incorpora la inhabilitación como pena adicional. Los condenados quedarán impedidos, por un periodo igual al de la pena principal, de obtener concesiones mineras o participar en actividades de comercialización y transporte de minerales, incluso a través de terceros.
Finalmente, la norma modifica la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N.° 30077), incorporando expresamente estos delitos ambientales dentro de su ámbito de aplicación, lo que permitirá el uso de herramientas especiales de investigación.
La norma es refrendada por la Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, consolidando un enfoque integral frente a este fenómeno criminal.
Fuente: El Peruano
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