Primer Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal será liderado por el MINEM

Nuevo director Wilfredo Portilla anuncia las primeras acciones del año para avanzar hacia la formalización de miles de mineros en el país.

Un Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal será una de las primeras acciones que emprenderá este año el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), a través de la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), anunció el nuevo titular de esa dependencia, Wilfredo Portilla Barrera.

En entrevista con RCR Red de Comunicación Regional, el funcionario brindó detalles sobre su plan de trabajo para continuar el proceso de formalización de miles de mineros que realizan esta actividad a pequeña escala en el país.

“Dentro de lo que es nuestra estrategia y siguiendo el plan de trabajo, tenemos primeramente el Censo Nacional de la Pequeña Minería y Minería Artesanal. Necesitamos ubicar dónde se encuentran estos pequeños mineros, cuántos son, quiénes son y dónde están, requerimos un sinceramiento operativo”, sostuvo Portilla.

Otro paso importante, será la adecuación de las normas y dispositivos complementarios para simplificar los procedimientos del proceso de formalización. “A esto llamamos, en términos de gestión empresarial, mejoramiento continuo. Aplicar una reingeniería a esta área porque es muy lenta, es muy pesada”, acotó el funcionario.

“Nuestra gestión está inmersa en el desarrollo sostenible, cuyo principio es dejar un mundo igual o mejor a nuestra futura generación, que el que nosotros encontramos”, agregó.

Asimismo, puso énfasis en la transferencia del acervo documentario del proceso de formalización minera integral al MINEM, y dijo que siete gobiernos regionales han completado este procedimiento, por lo que se establecerán canales de diálogo con las autoridades regionales que tienen pendiente culminar.

Finalmente, Wilfredo Portilla, señaló que su gestión encaminará y pondrá énfasis en la aprobación de Ley MAPE en los próximos meses.

“Le vamos a poner el punche para que esto se agilice. Y eso está dentro de lo que consideramos nosotros la reingeniería del proceso administrativo. O sea, es nuestra función hacerlo. Es nuestra obligación moral hacerlo. Y que de una vez haya una ley que garantice el derecho de estos 5 millones de personas”, concluyó.