Lima, 26 de noviembre de 2024. Michael Acosta, director de la Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAM) del Ministerio de Energía y Minas (Minem), afirmó que su dependencia tiene casi terminada la nueva propuesta de Reglamento de Cierre de Minas para presentar en el mes de diciembre, con lo cual se actualizaría lo establecido por el Decreto Supremo N°033-2005-EM.

“La DGAM ha decidido elaborar un nuevo reglamento de Plan de Cierre de Minas, el cual se viene trabajando, ya está a más del 90% la primera propuesta. Esperamos que no sufra muchas modificaciones y en diciembre, pensamos prepublicarlo y esperamos que de ahí ya pase a la reglamentación”, señaló en el I Simposio Internacional “Transformando pasivos ambientales y cierre de minas en oportunidades que generen valor”, impulsado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP).

Explicó que en el año 2021 hubo una prepublicación que buscaba modificar algunos artículos; sin embargo, ahora se apunta a una modificación con un enfoque integral.

Además, esto se complementaría con el Decreto Supremo N° 014-2024-EM publicado en julio, el cual modificó el reglamento estandarizando el trámite para la evaluación de los Planes de Cierre de Minas, las solicitudes de modificación o actualización; y reduciendo de 170 a 60 días hábiles los plazos para su evaluación.

Propuestas de reglamentación
Acosta precisó que, con la nueva propuesta, se postula que el Plan de Cierre de Mina sea actualizado, por primera vez, luego de tres años de su aprobación y posteriormente cada cinco años desde la última actualización aprobada. También debe ser actualizado si las actividades de cierre, según su cronograma, se inician antes de los tres años desde su aprobación.

De igual manera, se incluye que el Minem, previa opinión favorable del Minam, apruebe el contenido mínimo de los Planes de Cierre de Minas y el contenido mínimo de los reportes semestrales, en un plazo no mayor de 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del Reglamento.

Asimismo, que se reporte semestralmente al Minem, Oefa y Osinergmin, el avance del Plan de Cierre de Mina, a nivel de ingeniería de detalle. Entre otros aspectos para optimizar la transferencia o cesión de Derechos Mineros y las garantías financieras.

“El Plan de Cierre de Minas no aprueba vida útil, tampoco componentes. Es importante porque al momento de regularizar, por así decirlo, lo que se encuentra dentro del marco de ese IGA (instrumento de gestión ambiental) es en el PAD (Plan Ambiental Detallado), en el Plan de Cierre no va eso”, recalcó.

Fuente: Difusión

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Si bien la cotización del cobre mantiene una tendencia al alza desde la pandemia a la actualidad, y los inversionistas están incrementando sus inversiones en países mineros, el Perú sigue sin reaccionar, a pesar de ser el segundo productor del metal rojo a nivel mundial.

Tal falta de reacción se refleja en diferentes situaciones y hechos que advierten los gremios empresariales y entes especializados, como por ejemplo en la evolución de los petitorios y concesiones mineras.

Un análisis que realizó la ONG CooperAcción observa que en los últimos años la evolución de las concesiones mineras en el Perú se ha mantenido estable, a pesar de que, en décadas pasadas, los superciclos de precios de los minerales, se reflejaban en un boom de empresas exploradoras junior.

Así, recuerda que en la década de 2003 al 2013, se produjo una expansión notable de las concesiones en buena parte del país coincidiendo con precios altos de los metales, si bien después de ese superciclo las inversiones mineras se contrajeron.

Tal “estabilidad” o crecimiento plano de las concesiones se aprecia desde el año 2016 hasta ahora, anotó.

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Menor superficie explorada que el 2010

En efecto, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), en el año 2023 se otorgaron 4,696 concesiones, que abarcaban una superficie total de 2.1 millones de hectáreas (has), cuando el 2010 la superficie dada en concesión era mayor (3.63 millones de has).

Además, el año que pasó se presentaron 6,833 solicitudes de petitorios mineros, cantidad que casi no varió respecto al 2022, pero que resulta inferior a los más de 9,000 petitorios solicitados el 2011.

Concesiones en su mayoría inactivas

Pese al número de concesiones otorgadas (4,696 en el 2023), en su mayor parte éstas permanecen inactivas, pues entre enero y marzo del 2024, el Ministerio de Energía y Minas (Minem) reportó actividad en solo 1,081 concesiones, por parte de 559 unidades de exploración.

Además, esa cantidad de unidades exploratorias ocupaba el 0.29% del territorio nacional, espacio inferior a hace una década, cuando realizaban actividad en el 0.33% de la superficie del país, en 418,234 has.

Exploración que se deja de ejecutar

Coincidentemente, según ComexPerú, un total de 49 proyectos, de la cartera de 55 proyectos de exploración minera que registraba el país, se dejaron de ejecutar entre febrero del 2022 y el 2024, por motivos ajenos a la actividad minera.

De los que se dejaron de realizar, 43 iniciativas, valorizadas en US$195 millones fueron descartados, al no cumplir con el ingreso de la solicitud de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) a causa de los cambios en la regulación en los años 2022 y 2023.

Por otro lado, seis proyectos valorizados en US$ 112 millones se cancelaron directamente por la “tramitomanía2 del Estado, observó el gremio.

Inversión en caída

Miguel Cardozo, presidente de Alturas Mineral Corp., advirtió que -según informó el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP)- , mientras en el mundo la exploración minera se incrementó en 61% el 2023, en el Perú, por el contrario, cayó 3%, siguiendo una tendencia negativa que se inició el 2017.

El especialista atribuyó esta caída, entre otros factores, a una norma que regula los permisos ambientales para exploración, el decreto supremo 042-2017, y que estableció el silencio administrativo negativo, que traba los proyectos, al no otorgárseles autorización, si los entes públicos no emiten opinión en un tiempo determinado.

Tramitología no resuelta

Según el IIMP, existen 23 proyectos (de construcción de minas) por US$30,000 millones sin ejecutar a la fecha, por la excesiva tramitología estatal.

Esa entidad estima que son 407 las regulaciones que deben pasar las empresas mineras ante 29 instituciones del Estado, para lograr dar luz verde a esas iniciativas.

A su turno, Marcial García, socio de la División Tax Services de EY Perú, coincidió en que, mientras las inversiones mineras en el mundo están aumentando, en línea con los altos precios de los metales, en el Perú han venido cayendo.

¿Somos atractivos?

Observó que el hecho de que las concesiones mineras no registren mayor crecimiento tiene que ver con la pérdida del atractivo de Perú como destino para inversiones exploratorias, como lo reflejó la última encuesta del Instituto Fraser, donde Perú retrocedió varias posiciones.

Recordó que hace décadas atrás, en pasados ciclos altos de precios, en efecto, el Perú vivio un boom de empresas exploradoras, entre ellas muchas compañías junior de Canadá, que levantaban capital de riesgo en la Bolsa de Toronto e invertían en Perú.

“Desafortunadamente, el Perú ha perdido atractivo y probablemente esos capitales estén migrando ahora a otras zonas que sean percibidas de manera más favorable para los inversionistas”, aseveró.

Fuente: Gestión

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El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) presentó, a través de la Dirección General de Promoción y Sostenibilidad Minera (DGPSM), la Cartera de Proyectos de Exploración Minera 2024, conformada por 75 proyectos ubicados en 17 departamentos y una inversión conjunta que asciende a US$ 644 millones.

La nueva cartera tiene por objetivo explorar para desarrollar posibles nuevas zonas de explotación, así como extender la vida útil de las minas que se encuentran en operación.

Asimismo, precisa el documento que todos los proyectos son de titularidad de empresas del sector privado del estrato de régimen general (gran y mediana minería) y abarcan la exploración de sustancias metálicas.

En esa línea, 32 de los 75 proyectos listados se encuentran ejecutando o están por ejecutar su exploración, debido a que ya cuentan con todos los permisos requeridos (IGA aprobado, Consulta Previa Preliminar concluido, Inicio de Actividades de Exploración autorizado, entre otros) y representan una inversión de US$ 253 millones.

En tanto, un grupo de 27 proyectos, que suma una inversión de US$ 263 millones (40.9% del total), se encuentra en la etapa de evaluación de la Autorización de Exploración. Mientras que los últimos 16 proyectos están en el proceso de evaluación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA) y concentran una inversión de US$ 128 millones.

Respecto al tipo de mineral a explorar, los proyectos de cobre encabezan la lista con 40 proyectos y una inversión total de US$ 254 millones, representando el 39.4% del monto total de la cartera de exploración.

Le sigue el oro con 12 proyectos y una inversión de US$ 191 millones (29.6% del total), el zinc con 9 proyectos por una inversión de US$ 84 millones (13.1%) y plata con 8 proyectos y una inversión de US$ 75 millones (11.6%).

La DGPSM señala que La Libertad lidera las inversiones en exploración con el 18.6% del monto global con 2 proyectos (US$ 120 millones), debido al ingreso de Las Defensas y Palca, ambos proyectos auríferos de Compañía Minera Poderosa S.A.

Pasco ocupa el segundo lugar, captando el 13.3% del presupuesto de exploración, representado en 4 proyectos con una inversión conjunta de US$ 86 millones; mientras que Áncash se ubica en la tercera posición con 12 proyectos por una inversión de US$ 83 millones (12.8% del total).

Fuente: MINEM

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El Perú cuenta con una cartera de 70 proyectos de exploración minera valorizados en 521 millones de dólares, afirmó el director del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Miguel Cardozo.

Precisó que, de ese total, hay 39 proyectos que involucran una inversión del orden de los 200 millones de dólares, conformados por iniciativas de exploración que ya son ejecutadas o lo serán prontamente.

Sin embargo, Cardozo aseveró que la cartera tiene nueve proyectos más que aún siguen en trámites para la aprobación de su Instrumento de Gestión Ambiental (IGA). Estos suman una inversión total de 167 millones de dólares, es decir, el 13% del portafolio.

“No obstante, estos proyectos, que están todavía en el tema ambiental, en términos de inversión representan un tercio de la cartera”, manifestó.

Agregó que muchos de estos proyectos ya se encuentran un poco más avanzados y se están demorando en lo que se refiere a la entrega del IGA.

Injustificada

El especialista manifestó que esta demora no está justificada y resulta ilógico que las autoridades estatales, que ya conocen estos proyectos, vuelvan a hacer estudios.

Uno de los casos más recientes es la ampliación de la vida útil de Antamina.

“Antamina buscaba un permiso de reposición, esto significa que quiere ampliar su producción en cantidad, pero también en años, es decir, que la vida de la mina se extienda”, aseveró.

“Pasaron más de cuatro años y cuatro meses para recibir un permiso en un proyecto que ha estado trabajando y ha sido visitado por todas las autoridades ambientales del país durante 20 años, algo que no tiene sentido”, declaró el ejecutivo.

Por regiones

El director del IIMP detalló que los 70 proyectos de exploración se encuentran distribuidos en 16 regiones del país, entre ellas Áncash y Arequipa, que cuentan con 10 proyectos cada una. Cardozo detalló que Cajamarca tiene tres proyectos de exploración valorizados en 124 millones de dólares y representa el 24% de toda la cartera, el mayor porcentaje de inversión.

“Uno de ellos es La Zanja, un proyecto de oro y plata. Cajamarca es la región con la mayor inversión prevista en la cartera de exploración, lo cual ratifica, sin duda, que es la región con mayor potencial geológico reconocido; aunque, lamentablemente, es poco aprovechado por razones sociales y políticas”, puntualizó el especialista.

Recursos

Las transferencias económicas a las regiones generadas por la actividad minera, que incluyen canon minero y regalías mineras legales y contractuales, ascendieron a más de 2,247 millones de soles en enero del 2024, indicó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

De acuerdo con la última edición del Boletín Estadístico Minero (BEM), las transferencias económicas por el adelanto del canon minero sumaron más de 1,844 millones de soles.

Respecto a las transferencias por Regalías Mineras Legales y Contractuales, durante el primer mes del año registraron más de 402 millones de soles.

Áncash ostentó el primer lugar con más de 496 millones de soles (22.1% del total de las transferencias); mientras que Arequipa ocupó el segundo lugar (344 millones de soles).

Cifra

3.96% es el crecimiento que registró el sector minería e hidrocarburos en enero de este año, según el Inei.

Fuente: El Peruano

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Ante tal situación, nuestra preocupación debe estar siempre orientada a prevalecer el equilibrio entre las actividades del proyecto y la protección y conservación del ambiente, no solo pensando en el presente, sino dándole la garantía a nuestras futuras generaciones de un ambiente saludable y apropiado para su desarrollo.

Frente a la necesidad de conocer y analizar el cumplimiento exacto y diligente de lo que establecen las reglas o normas ambientales, surge el monitoreo ambiental, como la herramienta fundamental para vigilar y dar seguimiento a las actividades del proyecto.

El monitoreo ambiental también nos ayudará a conocer el desempeño ambiental del Proyecto, afianzando las buenas prácticas realizadas y tomando acciones correctivas donde no las hicimos.

Es importante el fortalecimiento del rol del Estado en la promoción de Proyectos comprometidos con el desarrollo sostenible y a través de sus instituciones, exigir y velar por el cumplimiento de normas ambientales, mediante un control, supervisión y fiscalización permanente.

Realizar un monitoreo ambiental durante toda la vida útil del Proyecto (antes, operación y cierre), es también una herramienta importante para una buena gestión ambiental del Proyecto.

Realizar un monitoreo ambiental durante toda la vida útil del Proyecto (antes, operación y cierre), no únicamente constituye un requisito legal en muchos de los sectores productivos, sino que es también una herramienta importante para una buena gestión ambiental del Proyecto.

A nuestra consideración, para lograr un monitoreo ambiental consciente a lo largo del desarrollo del Proyecto, es imprescindible conocer de forma detallada el Proyecto y sus actividades, y a partir de ahí, identificar los componentes ambientales que podrían verse afectados durante su desarrollo.

El diseño del programa de monitoreo y la selección de indicadores ambientales debe considerar diferentes factores, todos ellos relacionados con el potencial impacto que este genera; tanto, en el ámbito físico, biológico, económico y social. La relevancia de cada uno de estos factores dependerá de las singularidades y características del Proyecto.

El monitoreo realizado previo al inicio de actividades, conocido como “línea base”, tiene la finalidad de establecer las condiciones iniciales del ambiente, esta primera radiografía del área del Proyecto, no es o será únicamente una caracterización general e integrada del área, su importancia también radica en la utilidad de la información recopilada, que posteriormente nos servirá para establecer el nivel de exigencia de las medidas de manejo que se requieran aplicar, con la finalidad de evitar o reducir los potenciales impactos que el Proyecto genere; por lo tanto, la representatividad de la red de muestreo es y será una característica fundamental para lograr una adecuada línea base.

Durante la etapa operativa del Proyecto se llevan a cabo varios monitoreos, con una frecuencia establecida; por lo general, en un instrumento de gestión ambiental (IGA), estos monitoreos de seguimiento permiten evaluar ambientalmente de forma cuantificable y verificable el Proyecto, detectar las fallas en las medidas de manejo y de ser el caso, proponer nuevas medidas para cumplir con los estándares de calidad ambiental o tal vez, siendo más proactivos, como parte de un proceso de mejora continua. Finalmente, en la etapa de post-cierre se realiza un último monitoreo el cual tiene por finalidad evaluar la efectividad de las medidas de cierre implementadas.

Cabe precisar que el éxito de un monitoreo ambiental recae en los resultados. Obtener valores fidedignos y contrastables, únicamente se logra siguiendo las metodologías y lineamientos aprobados en protocolos nacionales e internacionales, haciendo uso de tecnologías adecuadas y manteniendo un control y aseguramiento de la calidad de las muestras, desde la toma hasta la obtención del resultado. Sin embargo, los resultados no son más que valores, si no son adecuadamente interpretados, es ahí la importancia de contar con especialistas ambientales que cuenten con el conocimiento suficiente para realizar un análisis integrado de todos los factores ambientales.

En ese sentido, todas las etapas del monitoreo ambiental, desde el diseño hasta la interpretación de los resultados, requieren de experiencia y conocimiento para llegar a conclusiones que verdaderamente sirvan como indicadores de la gestión ambiental de un Proyecto y que ayuden adecuadamente en la toma de decisiones para una mejor dirección de estos, con la única finalidad de acercarnos cada más, por la senda del tan ansiado desarrollo sostenible.

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El sector señala que el estado de emergencia nacional afectó el plazo de ejecución y cumplimientos de estas actividades, compromisos y obligaciones estipuladas en los Instrumentos de Gestión Ambiental (IGA) de los proyectos mineros en ejecución, como para los que se encuentran en el Sistema de Evaluación del Impacto Ambiental como para los que están en los IGA complementarios -como la ficha técnica ambiental y el plan de cierre de minas-.

En ese sentido, el proyecto de decreto establece reprogramar por un plazo máximo de 12 meses las actividades de los IGA no ejecutados por el estado de emergencia.

Ello deber ser con comunicación directa a la autoridad ambiental competente y la de fiscalización ambiental, sustentando dicha reprogramación. Ello debe ser presentado en un plazo de 45 días hábiles, adjuntando la actualización de periodos de ejecución y cumplimiento de cada actividad establecida en el cronograma inicial.

Ambos plazos se cuentan desde la entrada en vigencia de la norma.

Asimismo, de involucrar obligaciones de carácter social, el titular del proyecto minero deberá comunicar a los actores sociales involucrados.

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