Tras varios días de bloqueo ininterrumpido, los mineros informales que protestan en el sur del país otorgaron este jueves una tregua de dos horas para permitir el paso de vehículos en la vía Panamericana Sur, a la altura del puente Ocoña, en la región Arequipa. Sin embargo, a las 8:06 de la mañana, el paso volvió a ser interrumpido y los manifestantes retomaron la medida de fuerza.

Durante ese breve lapso, decenas de unidades lograron avanzar desde el sur hacia el norte, reduciendo momentáneamente la enorme cola de vehículos que, según reportes policiales, alcanzaba los 10 kilómetros.

Apenas concluyó el plazo de la tregua, los manifestantes se reagruparon y cerraron nuevamente la vía, dejando varados a quienes no alcanzaron a cruzar.

Los bloqueos forman parte de una protesta sostenida por mineros informales que exigen la modificación de la Ley de Pequeña Minería y la ampliación de los plazos del Reinfo. La medida afecta no solo el tránsito vehicular, sino que tiene un severo impacto económico.

Según el presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, los bloqueos afectan a regiones como Arequipa, Nasca y otras zonas del sur, y ya provocan pérdidas de entre 20 y 30 millones de dólares solo en la última semana. La cifra incluye tanto a la agroexportación como al abastecimiento nacional.

“Cada día la situación se agrava más”, dijo Amaro a Canal N. Además, precisó que productos como palta, cebolla, ajo y espárragos no están llegando a los mercados ni a los puertos de embarque. También alertó que el cierre de rutas está restringiendo el acceso a fertilizantes y materiales esenciales para la producción.

Asimismo, el sector ganadero enfrenta pérdidas por la imposibilidad de acopiar leche, un producto perecible.

“En algunas zonas la están botando, y eso puede impactar en los precios de productos básicos en los próximos días”, explicó.

Amaro alertó que, de continuar los bloqueos, Lima, Arequipa y La Libertad podrían empezar a sentir el impacto en 48 horas.

“Se viene una ruptura de la cadena de pagos y un posible desabastecimiento”, señaló.

Finalmente, el representante de AGAP exigió al Ejecutivo tomar medidas urgentes: “Una carretera es una infraestructura estratégica del país y no puede bloquearse porque a alguien se le ocurre. El gobierno debe actuar ya”.

Fuente: Gestión

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El ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, anunció la creación de un comando unificado, liderado por un general del Ejército del Perú (EP), para combatir el crimen organizado en Pataz, tras expresar su pesar por el asesinato de 13 trabajadores mineros en la esta provincia de la región La Libertad.

Recordó que el control del orden interno en la provincia de Pataz estará a cargo de las Fuerzas Armadas, como parte de la prórroga del estado de emergencia aprobada mediante decreto supremo. La medida, que regirá por 30 días a partir del 9 de mayo, responde a la grave situación de violencia y actividades ilegales en la zona.

Precisó que el despliegue de las Fuerzas Armadas se efectuará bajo un comando unificado, que será liderado por un general del Ejército con amplia experiencia en operaciones y capacidad de liderazgo.

Articular acciones

“La respuesta del Ejecutivo ha sido inmediata. Se ha prorrogado el estado de emergencia y el control del orden interno lo asumirán las Fuerzas Armadas. El comando unificado permitirá articular la actuación de los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional”, detalló.

Asimismo, Astudillo explicó que la Policía Nacional cuenta con unidades especializadas para enfrentar la minería ilegal, capacidades que serán integradas estratégicamente bajo esta nueva estructura de mando conjunto. También destacó la participación activa de instituciones como el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Sunat y Sucamec.

Entre las medidas adicionales dispuestas figura la inmovilización social obligatoria –toque de queda– desde las 18:00 hasta las 6:00 horas en las localidades de Pataz, Parcoy y Tayabamba. Además, se ordenó paralizar toda actividad minera en estas jurisdicciones, como parte del esfuerzo por contener el accionar de organizaciones criminales vinculadas con la minería ilegal.

El ministro Astudillo subrayó que esta intervención no es improvisada, ya que desde el inicio de su gestión ha mantenido presencia constante en la zona. “Desde el primer día de mi gestión estuve en Pataz, el 14 de febrero del año pasado, un día después de decretarse el estado de emergencia”, recordó.

Más agentes

En cuanto al refuerzo de seguridad, anunció que la Policía Nacional aumentará significativamente su presencia en Pataz, pasando de 400 a 1,000 efectivos especializados. Por su parte, las Fuerzas Armadas también incrementarán su contingente, conformado por 100 militares. Subrayó la responsabilidad del Estado de garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de actividades económicas legítimas, como la minería.

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Las acciones contra la minería ilegal en el distrito y provincia de Pataz, en la región La Libertad, no se detienen. En la presente semana, el Gobierno nacional desplegó un operativo policial en el centro poblado de Zarumilla, en el que se incautaron y destruyeron bienes empleados en esta actividad ilícita y valorizados en 52 447 800 soles.

Este operativo se suma al realizado hace unos días, también en Pataz, que permitió la incautación y destrucción de objetos por un valor general de 30 272 000 soles.

“En una semana hemos asestado dos golpes certeros a la economía de esta actividad que pone en riesgo la vida de las personas, el medio ambiente y el orden público. Desde el Ejecutivo reafirmamos la decisión de no cesar con estas intervenciones hasta erradicar la minería ilegal”, indicó el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

La última intervención fue liderada por la Dirección de Medio Ambiente de la Policía Nacional del Perú (PNP). En este segundo operativo, en menos de siete días se detuvo a una persona y se registró la interdicción de explosivos, carros mineros, motores eléctricos, motobombas, maquinaria y otros implementos.

La acción policial también contó con la participación del Ejército del Perú, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, el Ministerio de Energía y Minas, el Gobierno Regional de La Libertad, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) y la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).

Estas acciones son coordinadas en la Comisión multisectorial de naturaleza permanente encargada de hacer seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a erradicar la minería ilegal y recuperar las zonas afectadas, instancia liderada por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Fuente: El Peruano

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Otro nuevo ataque contra la minería. En la madrugada del 8 de mayo de 2024, la línea de transmisión LT 6050 de 60 kV que conecta el Sistema Eléctrico Nacional (SEIN) con Mina Poderosa, ubicada en la localidad de Santa Rosa de Zancobamba, en Pataz-La Libertad, fue objeto de un atentado. La torre 55 que sostenía esta conexión fue volada en un acto terrorista, dejando sin energía a todas las operaciones de la unidad minera, incluyendo Marañón y Santa María.

Este incidente se suma a una serie de ataques violentos que han afectado a Poderosa en los últimos meses, resultando en la pérdida de vidas humanas y daños materiales significativos. Desde incursiones criminales hasta ataques a la infraestructura clave, como torres de alta tensión, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, la empresa ha enfrentado una situación preocupante.

Hace un mes, el Gobierno amplió el Estado de emergencia den la zona, pero al parecer esto no sería suficiente. Pablo de la Flor, gerente de asuntos corporativos de la minera, comenta que “los ilegales nos siguen atacando a pesar del Estado de emergencia”.

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Emergencia

La provincia de Pataz, donde se encuentra la mina Poderosa, está bajo estado de emergencia, con un contingente de más de 300 efectivos de la Policía Nacional Perú (PNP) y del Ejército desplegados en la zona. Sin embargo, la efectividad de estas medidas de seguridad se ve cuestionada por la continuidad de los ataques.

La derogación reciente de una norma por parte del Congreso, la cual buscaba combatir las actividades ilícitas asociadas a la minería ilegal, ha generado preocupación sobre la capacidad del Estado para hacer frente a este problema. A pesar de los esfuerzos de las fuerzas del orden, la falta de coordinación y apoyo interinstitucional ha dificultado la contención de la violencia.

En este contexto, desde la minera, se hace un llamado a las autoridades competentes para redoblar los esfuerzos en la lucha contra la minería ilegal y garantizar la seguridad de las operaciones legales en el país.

Fuente: Gestión

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El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, y el ministro del Interior, César Gentille Vargas, volaron en helicóptero desde el fuerte ‘Pachacútec’ –sede de la Sexta Brigada de las Fuerzas Especiales– hasta la zona de Boca de Inambari.

Los acompañaron en el periplo altos mandos militares y policiales, la fiscal provincial de Madre de Dios, Karina Garay (quien participó en el exitoso operativo), y el gobernador regional, Luis Hidalgo.

Actuación en conjunto

“Es importante dar un mensaje de actuación conjunta, cooperativa y colaborativa de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para alinear esfuerzos en nuestro propósito común, encargado por el Presidente de la República, de darle sostenibilidad al plan de operaciones Mercurio 2020 e incrementar nuestros resultados”, resaltó el ministro Gentille Vargas.

El titular del Interior enfatizó que la visita permitió optimizar el trabajo que realizan ambos ministerios en la lucha contra la minería ilegal, la tala y otros ilícitos colaterales.

Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, recordó que “así como estamos luchando con éxito en el Vraem contra el terrorismo, nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional están profundizando la integración de sus acciones contra los delitos ambientales. Es la única manera de erradicar la tala y minería ilegales”.

Adelantó que la reunión con las autoridades de Madre de Dios permite planificar las acciones que llevarán en conjunto con la PNP, las FF. AA. y el Ministerio Público en el 2021, permitiendo darle sostenibilidad en conjunto al plan y un mayor impulso a estas acciones contra la minería ilegal.

Los ministros verificaron in situ el trabajo que se hace en la zona y ser testigos de lo que es capaz de afectar al ecosistema “un solo punto”, es decir, una draga. Por ello, destacaron la labor que hace el personal policial, militar y fiscales, día a día, con acciones para proteger el medioambiente.

Las acciones

De acuerdo con la información del comando operativo, el trabajo en conjunto se realizó sorpresivamente el sábado a las 6 y 30 de la mañana, en la desembocadura del río Inambari.

Las fuerzas combinadas de policías y militares salieron de ‘Alfa’, una de las tres bases temporales mixtas de alta movilidad implementadas en la zona de ‘La Pampa’, en el espacio que antes ocupó el campamento de minería ilegal ‘Balata’. Cuando el sábado llegaron las fuerzas del orden, los infractores huyeron.

Entre lo incautado destacan alrededor de 500 galones de combustible, 15 motores, quemadores, entre otros insumos usados por los mineros ilegales. A bordo de un helicóptero, las autoridades observaron la destrucción de la maquinaria incautada.

Daño al medioambiente

El ministro Chávez Cresta subrayó la gravedad del daño que genera esta ilícita actividad al medioambiente.

“Vemos el daño que puede generar la minería ilegal. Hemos podido ver que no solo hay afectación en la cuenca del río (Inambari), sino también hay afectación al bosque con la tala ilegal de madera”, dijo.

El ministro Gentille, a su turno, recordó que continuarán supervisando las acciones en conjunto en este y otros puntos del país “donde mantenemos operaciones conjuntas, como en el Vraem, lo que nos permite alinear los ejes de acción para obtener los resultados esperados y derrotar a la minería ilegal”.

Subrayó que es necesario continuar realizando estos operativo “de manera sorpresiva, inopinada y constante” para poder ir librando la zona, paulatinamente, de estas actividades.

Junto con los ministros llegaron también a la zona de operaciones el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general de Ejército César Astudillo Salcedo; y el inspector general de la PNP, teniente general PNP Herly Rojas.

Durante su recorrido, los representantes del Poder Ejecutivo visitaron la comisaría de Tambopata e invocaron a policías y militares a seguir trabajando “con denodado esfuerzo, profesionalismo y vocación de servir al país”.

En dicha comisaría, los ministros asistieron la exposición de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP.

Fuente: El Peruano

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