- Antapaccay fortalece el liderazgo y desarrollo productivo de mujeres en espinar
- SNMPE: Urge trabajo público-privado para seguridad energética del Perú
- Perú establece medidas para garantizar el suministro de gas natural al mercado interno
- Perú suscribe 9 cooperaciones técnicas con CAF por US$ 1,89 millones para impulsar infraestructura, salud y gobernanza
- Pan American Silver Shahuindo contribuye a poner en marcha la primera planta certificada de cuyes en Cajamarca
Zetti Gavelán: Autoridad para combatir minería ilegal no debe limitarse a ser un ente declarativo
El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Zetti Gavelán, saludó la publicación de ley del Congreso de la República que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Autoridad Multisectorial para Combatir la Minería Ilegal y los delitos conexos y promover el desarrollo socioeconómico de las regiones afectadas (Amcomi).
“Desde el IIMP saludamos la medida y creemos que es un paso positivo. En el mismo sentido, señalamos que es necesario asegurar que esta autoridad no se limite a ser un ente declarativo, sino que cuente con los recursos, autonomía y capacidades para ejecutar acciones concretas que generen resultados tangibles”, indicó en su última columna del Semáforo Minero.
Bajo esa premisa, Gavelán sostuvo que el impacto de la minería ilegal en el país sigue siendo alarmante. Subrayó que, durante el 2024, los operativos de interdicción destruyeron bienes y herramientas valorados en más de S/2 mil millones, lo que evidencia la magnitud de este problema.
“Si bien estas intervenciones son necesarias para frenar la actividad ilegal, la cifra refleja el enorme daño que esta actividad continúa causando al medio ambiente, a la economía formal y a las comunidades vulnerables”, apuntó.
Finalmente, el vicepresidente del IIMP hizo un llamado urgente a las autoridades a fortalecer las estrategias de prevención y sanción, pero, sobre todo, a abordar las causas estructurales de la minería ilegal: pobreza, falta de alternativas económicas y débil presencia del Estado en las zonas más afectadas.
