- Jimena Sologuren: “No podemos aceptar una ley con vacíos que perpetúe la informalidad”
- Perú rumbo a IMARC 2025: Misión Minera Peruana lista para conquistar Australia
- Ferreycorp y seis de sus compañías reciben Distintivo Empresa con Gestión Sostenible
- Se inaugura en Arequipa la planta solar más grande del Perú que beneficiará a más de 440 mil familias
- MINEM inicia “Perú Explora” para impulsar proyectos estratégicos de exploración minera 2025–2026
Zetti Gavelán: Autoridad para combatir minería ilegal no debe limitarse a ser un ente declarativo

El vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Zetti Gavelán, saludó la publicación de ley del Congreso de la República que declara de interés nacional y necesidad pública la creación de la Autoridad Multisectorial para Combatir la Minería Ilegal y los delitos conexos y promover el desarrollo socioeconómico de see this website las regiones afectadas (Amcomi).
“Desde el IIMP saludamos la medida y creemos que es un paso positivo. En el mismo sentido, señalamos que es necesario asegurar que esta autoridad no se limite a ser un ente declarativo, sino que cuente con los recursos, autonomía y capacidades para ejecutar acciones concretas que generen resultados tangibles”, indicó en su última columna del Semáforo Minero.
Bajo esa premisa, Gavelán sostuvo que el impacto de la minería ilegal en el país sigue siendo alarmante. Subrayó que, durante el 2024, los operativos de interdicción destruyeron bienes y herramientas valorados en más de S/2 mil millones, lo que evidencia la magnitud de este problema.
“Si bien estas intervenciones son necesarias para frenar la actividad ilegal, la cifra refleja el enorme daño que esta actividad continúa causando al medio ambiente, a la economía formal y a las comunidades vulnerables”, apuntó.
Finalmente, el vicepresidente del IIMP hizo un llamado urgente a las autoridades a fortalecer las estrategias de prevención y sanción, pero, sobre todo, a abordar las causas estructurales de la minería ilegal: pobreza, falta de alternativas económicas y débil presencia del Estado en las zonas más afectadas.