Como parte de las acciones del Gobierno Nacional para enfrentar a la minería ilegal en la provincia de Pataz, el ministro de Defensa, Walter Astudillo Chávez, realizó una visita de inspección a los puntos de control instalados en Calquiche, Vijus y Shicún, zonas estratégicas para frenar el traslado ilícito de mineral y fortalecer el control del orden interno.

Tras el recorrido, el ministro de Defensa verificó el cumplimiento de las disposiciones vigentes orientadas al control de personal, la fiscalización del manejo de explosivos y la prohibición del transporte de mineral e insumos sin respaldo legal.

En el punto de control de Shicún, se supervisaron los avances en la implementación de campamentos operativos que ya cuentan con camas y estructuras acondicionadas para albergar al personal del Comando Unificado Pataz, facilitando así su despliegue y operatividad en zonas de difícil acceso.

Durante la visita, el ministro Astudillo también recibió una exposición sobre las acciones y operaciones militares de interdicción y destrucción de infraestructuras ilegales vinculadas a la minería informal y que han permitido intervenir bocaminas, socavones, plantas de beneficio y pozas de procesamiento de mineral.

Dichas acciones buscan debilitar la cadena logística de estas actividades ilícitas.

Con mano firme, el Gobierno Nacional, a través del Comando Unificado Pataz, viene ejecutando acciones contra la minería ilegal y el crimen organizado, con el objetivo de recuperar la tranquilidad y el orden interno en esta provincia de la región La Libertad.

Fuente: Andina

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La minería es uno de los principales motores productivos del desarrollo económico y social del Perú. En la última década, ha contribuido de manera directa con cerca del 60% de las exportaciones, el 11% de la inversión privada, el 11% de la producción nacional, el 8% de los ingresos fiscales y el 5% de la fuerza laboral. Además de su aporte directo, los encadenamientos de la minería con otros sectores productivos revelan importantes efectos adicionales. Por ejemplo, se calcula que por cada empleo directo en minería se crean ocho puestos de trabajo adicionales en otras actividades de la economía (IPE, 2021). Y todo ello se da por el valor que tienen los minerales en la economía mundial, como insumo de múltiples equipos industriales y personales, y en particular facilitando la transmisión de energía, tan necesaria para hogares e industrias.

En las últimas décadas, el mayor desarrollo de esta actividad económica vino acompañado de estándares ambientales, laborales y de relacionamiento comunitario cada vez más elevados, en parte por ser lo usual en empresas mineras globales que ahora invierten en Perú, por los mayores compromisos con la sostenibilidad de los empresarios y también por mayor regulación. Hoy, las grandes empresas mineras del Perú tienen una verdadera talla mundial, con muy altos estándares en uso del agua, en relacionamiento con las comunidades, entre otros.

Sin embargo, muchas veces en la vecindad de sus operaciones se ha venido desarrollando otra minería, con bajísimos estándares y con encadenamientos nada santos. Como destaca Videnza, la minería ilegal es un problema creciente asociado al crimen, corrupción, daño ambiental, explotación laboral y grandes intereses políticos. En la misma línea, el IPE señala que tiene efectos nocivos sobre el empleo, la economía, el bienestar de los ciudadanos, el cuidado del medio ambiente y de las comunidades.

Un caso preocupante es la minería ilegal que viene creciendo en Pataz, que no se da en la vecindad sino dentro de las operaciones de empresas mineras formales. Como destacó El Comercio hace unos días, los mineros ilegales avanzan por túneles clandestinos usando dinamita y armamento de guerra para interceptar operaciones formales, secuestrar al personal, invadir las galerías y robarse el mineral. Y esto se da dentro de concesiones mineras asignadas a empresas formales hace más de 40 años. Ello, a vista y paciencia de las autoridades, a pesar de que la zona lleva casi 5 meses en estado de emergencia y de que ya ha habido 17 personas fallecidas.

Penosamente, el avance de la minería ilegal se viene dando con el aval de nuestros políticos, en particular de congresistas y también gobernadores y alcaldes. Lamentablemente, no sería de extrañar que mercenarios y políticos financiados por las mafias de la minería ilegal estén detrás de las paralizaciones de proyectos mineros de empresas formales.

En este escenario sombrío, es buena la noticia de que se reinicia la construcción del proyecto minero Tía María, el cual estaba en compás de espera hace más de 16 años. Bien que el Ministro de Energía y Minas esté impulsando y acompañando decididamente este reinicio; ojalá sea respaldado por el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, y la presidenta Dina Boluarte, y ojalá el reinicio de Tía María gatille el reinicio de otros proyectos que siguen paralizados a pesar de tener todas las condiciones ambientales y sociales necesarias para empezar a brindar bienestar a las comunidades aledañas y el país entero.

Las mafias de la minería ilegal lamentablemente han avanzado mucho en el país, y están tratando de seguir haciéndolo. Por cierto, a la Oefa ni se le ve, a pesar de que en su calidad de ente rector de fiscalización ambiental debería ser protagonista en perseguir a los mineros ilegales, por todo el daño ambiental que ocasionan. Y también deberían ser protagonistas las fuerzas del orden y el Ministerio Público, pues existiría una organización de crimen organizado cometiendo serios delitos. Los esfuerzos de interdicción son muy limitados y, peor aún, los pocos delincuentes que llegan a ser detenidos quedan libres en pocos días.

Estas mafias están detrás de la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que lamentablemente les facilita actuar con impunidad, para lo cual ya habría un proyecto en la Comisión Permanente del Congreso. Según coinciden diversos especialistas, resulta clave que en el corto plazo pongamos fin al Reinfo y establezcamos un sistema de trazabilidad en la cadena de extracción y procesamiento del oro.

Como ciudadanos estemos atentos a la actuación del Poder Ejecutivo en acompañar e impulsar proyectos mineros formales así como el sistema de trazabilidad del oro; en la de Oefa, las fuerzas del orden y el Ministerio Público en perseguir daños ambientales de la minería ilegal; y, en la de los congresistas en no prorrogar el Reinfo. Ojalá se haga el milagro y podamos reencaminar la actividad minera, frenando la ilegal que viene con crimen, corrupción, y daño ambiental, e impulsando la formal, de altos estándares ambientales, laborales y sociales.

Fuente: Gestión

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El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho respondió esta tarde un pliego interpelatorio de 28 preguntas en el Congreso de la República, principalmente por la contratación de una funcionaria en el despacho ministerial que no reunía los requisitos para el cargo que desempeñaba y por la explosión de un grifo en el distrito de Villa María del Triunfo, que dejó un muerto y 40 heridos.

Además, debió responder sobre las supuestas irregularidades en la ampliación de obras del sistema de electrificación rural en las localidades del distrito de Huacaybamba (Huánuco), entre otros temas.

En el debate, los congresistas le increparon la falta de decisión para declarar en emergencia la minería ilegal.

“Aunque esa es jurisdicción del Ministerio del Interior (Mininter), no podemos permanecer al margen del efecto que genera la minería ilegal, porque también perjudica a nuestro sector (…) por ello pronto presentaremos un borrador transversal con otros ministerios para la formalización, recogiendo aportes de todos los ministerios”, mencionó.

Con esto, “se formará un nuevo grupo de trabajo para la estrategia nacional de interdicción dirigido por el Mininter, donde también participará la comisión multisectorial de seguimiento de la formalización minera”, indicó.

Como se recuerda, en enero de este año, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) instaló comisión para erradicar la minería ilegal, a través de la Comisión Multisectorial que realizará el seguimiento a la formalización minera, a las acciones destinadas a erradicar la minería ilegal y a recuperar el ambiente.

Fuente: Gestión

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La minería ilegal crece en Perú y gran parte de las causas para su expansión se explican por la poca formalización minera. Con una perspectiva futura de que metales como el oro y el cobre sigan con precios altos, Gestión conversó con Rodolfo García, alto comisionado para combatir la minería ilegal en el país. El funcionario de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) detalla cuáles son las consideraciones que el Estado tomará en cuenta para erradicar este delito.

Más allá del pedido de facultades reciente que el Ejecutivo solicitó al Congreso en este frente, García sostiene que hay varios aspectos por impulsar y otros por modificar para enfrentar la minería ilegal y acelerar la formalización.

El reto, admite también, es gigante. Perú es ya el principal exportador de oro ilegal en la región y el más expuesto de todos a este delito, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) también ya advirtió que, no hay actividad ilícita vinculada al lavado de activos que mueva más volumen de dinero que la minería ilegal en el país.

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Solos imposible

Como parte de la estrategia, García comentó que está buscando apoyo internacional. Un país que ya ha manifestado interés en contribuir al combate de la minería ilegal es Estados Unidos, quien ya coopera con Perú para enfrentar al narcotráfico.

“Lo maneja Cancillería, pero es un trabajo ya en curso. Hay reuniones bilaterales por hacer. Debemos articular con otros países para analizar el tema desde el punto de vista tecnológico, normativo y político”, sostuvo.

Bajo ese marco, el alto comisionado comentó que podría proponerse crear un comité similar al Consejo Fiscal (CF), pero en materia de formalización minera y combate a la minería ilegal, con apoyo extranjero, tanto privado como público.

“Podríamos tener una red de expertos en el tema, que vengan de otros países. Se podría hacer un benchmarking: lo que hizo bien un país, podría replicarse acá, adaptándolo por supuesto. Si conocemos que algo no funcionó, podríamos analizar si nos dará resultado a nosotros”, detalla.

Respecto a los máximos históricos de cobre y oro, que podrían generar mayor extensión de la minería informal e ilegal también según el IPE, García pone paños fríos.

“No puede ser una mala noticia. Es una oportunidad que hay que saber aprovechar adecuadamente. Habrá que insistir en la formalización, erradicación y recuperación del medio ambiente para reducir el impacto que pueda tener el incremento de los precios en la misma minería ilegal”, resalta.

Un frente a explotar, según dice García, sería la bancarización, que ayudaría a tener una mayor trazabilidad del traslado de minerales ilegales/informales. Aquí el ex ministro de Energía y Minas, Luis Miguel Incháustegui, plantea que el Estado evalúe dar algún incentivo a las plantas de procesamiento, como un pago de impuestos diferenciado, por llevar el registro del mineral.

El ex titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem) coincide también en que tener precios altos en metales clave es positivo para el país. Sin embargo, recuerda que hace poco se reveló que Perú cayó 25 posiciones en el ranking minero del Instituto Fraser, que mide el atractivo de un país para las inversiones mineras.

“Se critica el manejo político. Si no hay un combate fuerte a la minería ilegal, vamos a seguir bajando en esa evaluación. Sin acciones claras para promover formalización, las inversiones seguirán dudando de venir al Perú”, considera.

Incháustegui saluda que el alto comisionado proponga una colaboración internacional con “auditores” especializados que hagan un diagnóstico de Perú.

Rescata que ello debe hacerse en colaboración con el sector privado, que ya implementa, en algunos casos, mecanismos de trazabilidad para identificar el mineral formal e informal.

“El alto comisionado debería reunirse con países como Bolivia y proponer cerrojos a las fronteras. Ellos no tienen muchas minas de oro, pero venden a montones. Ese mineral llega de Perú”, agrega el ex ministro.

Enfoque “mixto”

En el último pedido de facultades, el Minem ha solicitado asumir temporalmente la dirección de la formalización minera en el Perú, que hoy está en manos de cada gobierno regional (Gore). Aparte, crearían un único sistema para este proceso, dejando atrás el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo).

García indica que están trabajando en modificaciones legales aparte de la solicitud al Congreso para alentar la formalización. Una de ellas, clave a su consideración es dejar claro en normas que la minería ilegal es un delito que no solo genera daños ambientales.

“Debe verse igual o peor que el narcotráfico. Es una acción criminal que explota personas y defrauda al fisco. Mejorar la tipicidad penal le podría dar más fuerza legal a la Policía y Fiscalía para intervenir”, opina sobre ello Incháustegui.

Sobre que el Minem tome la batuta, García considera que debe evaluarse a detalle qué competencias serían exclusivas de cada nivel de gobierno.

“Hay que buscar una fórmula mixta, tampoco se le puede quitar toda la responsabilidad al gore porque ellos, en teoría, conocen mejor las zonas críticas. Las direcciones regionales de formalización y la central del Minem deben trabajarlo”, plantea.

Para Incháustegui la postura de García pasaría porque el Minem otorgue más capacidad presupuestal a los gores y les dé asistencia técnica constante.

A Gestión, el alto comisionado no le precisó qué vendrá para la formalización minera luego del Reinfo, registro extraordinario que caduca a finales de este año y que desde 2012 no ha mostrado mayores resultados.

“Hoy sigue generando impunidad. Incluso si identifican mineros con Reinfo suspendidos, hay que hacer un trámite aparte para que la dirección regional los retire del registro. Puede tomar tres meses”, comenta Incháustegui sobre la situación actual.

Fuente: Gestión

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La minería trazable surge como una alternativa proactiva y eficaz en un contexto de lucha contra la minería ilegal. Como se sabe, la minería ilegal representa una amenaza para el medio ambiente, pero también socava la integridad del mercado, afectando negativamente la economía de las regiones.

Sin embargo, la minería trazable utiliza tecnologías avanzadas como el blockchain y sistemas de georreferenciación para garantizar la transparencia y la trazabilidad de todas las etapas del proceso minero. Con ello, se previene la entrada de minerales ilegales en la cadena de suministro, se promueve la responsabilidad social empresarial y la ética en la industria.

“Mediante la trazabilidad se puede certificar la calidad del cobre entregado. Mediante la implementación de códigos de seguimiento de alta seguridad, se puede obtener información sobre la calidad y origen del cobre que se comercializa, entregando mayor seguridad al comprador. Las compañías que han implementado procesos de trazabilidad han logrado manejar el 99% de su stock de productos”, comenta Patricio Rojas, CEO y fundador de Antara.

Asimismo, mediante la trazabilidad, se obtiene claridad de las cantidades y clasificaciones del mineral que se encuentra listo para ser comercializado, permitiendo saber con exactitud el stock que se maneja en planta, en el puerto y en el tránsito.

Otros beneficios de la minería trazable

Verificación de origen: tanto consumidores como empresas pueden verificar con confianza el origen de los minerales, asegurándose de que provengan de fuentes legales y éticas.

Reducción del impacto ambiental: mediante la vigilancia y el registro exhaustivo de cada fase del proceso minero, la minería rastreable ayuda a identificar áreas de mejora y a reducir el impacto ambiental asociado con la actividad minera.

Empoderamiento de las comunidades: al garantizar la transparencia en los pagos y beneficios relacionados con la actividad minera, la minería rastreable fomenta el desarrollo económico y social de las comunidades locales.

Cumplimiento normativo: la trazabilidad facilita el cumplimiento de las regulaciones ambientales y laborales, asegurando que las empresas mineras operen dentro de los marcos legales establecidos.

“Con la implementación de trazabilidad, se puede obtener claridad de las cantidades y clasificaciones del mineral que se encuentra listo para comercializar. Permitiendo saber con exactitud cuánto stock se maneja en planta, cuánto en puerto y cuánto en tránsito. De esta manera se asegura una cadena de custodia que aumenta la fiabilidad del proceso del cobre y también, evita las pérdidas por poca regulación de stock”, finaliza Rojas.

Fuente: Gestión

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La violencia asociada a la minería ilegal continúa apoderándose de importantes porciones del territorio peruano ante la incapacidad de las autoridades y la complicidad del Congreso, que le pone zancadillas a la lucha contra este flagelo. Pese a estar bajo estado de emergencia desde hace meses, el cinturón minero del norte, y la provincia de Pataz en particular, vuelven a ser víctimas del avance de las economías criminales. Las medidas adoptadas han probado carecer de impacto y hay fundado escepticismo respecto a la efectividad que tendría el reciente nombramiento de un alto comisionado para combatir la minería ilegal.

Durante las últimas décadas, la minería informal e ilegal han crecido y se han expandido en todas las regiones del país, especialmente en Madre de Dios, Puno, La Libertad y Loreto. Con una cotización internacional del oro que rebasa los US$ 2,300 la onza, este tipo de minería aurífera mantiene un elevadísimo nivel de rentabilidad con la capacidad de neutralizar el accionar de las fuerzas del orden, amedrentar a jueces y fiscales que persiguen el delito y, así, seguir operando con impunidad. La minería no formal es responsable del 39.3% de la producción nacional de oro, con una valoración estimada anual de US$ 4,000 millones. Lo previsible es que estas proyecciones vayan en aumento.

Tras varios años de iniciado el proceso de formalización minera y constantes prórrogas decretadas por el Congreso, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) se ha convertido en una herramienta para encubrir la ilegalidad. Permite que el mineral extraído ilegalmente sea transportado hacia las refinerías y plantas de procesamiento y pueda luego ser comercializado con un aparente marco de legalidad. Muestra del fracaso de dicho proceso es que el 83% de los inscritos en el REINFO están en condición de suspendidos por no cumplir con los requisitos mínimos exigidos. En el caso de La Libertad, hay 4,787 mineros informales inscritos en el REINFO y, según la encuesta de hogares del Instituto Nacional de Estadística e Informática, el empleo en el sector minero informal en dicha región alcanzó 8,546 trabajadores en el 2022.

Lidiar con esta situación debe ir más allá de políticas de seguridad interna y del endurecimiento de las penas por estos delitos. Debe considerar también la urgente necesidad de asegurar una presencia efectiva del Estado en el cierre de brechas sociales y en la creación de condiciones que fomenten oportunidades productivas. Urge una estrategia integral que permita sostener cualquier esfuerzo por retomar control del territorio, lo que pasa por establecer condiciones mínimas que velen por el bienestar de la población. El caso de la provincia de Pataz, en La Libertad, epicentro de la violencia en la actualidad, grafica una cruda realidad de atraso que convive con actividades ilícitas que son el sustento para un importante segmento de la población.

Según el Censo Nacional del 2017, la provincia de Pataz tenía 82,036 habitantes y las dos actividades económicas que ocupaban predominantemente a la fuerza laboral eran la agricultura (33%) y minería (29%). Esta última ha generado cuantiosos recursos públicos producto de las transferencias por canon y regalías mineras. En el caso de la provincia, el presupuesto institucional modificado (PIM) aumentó en 65% entre el 2017 y 2023; y, en el caso del distrito de Pataz, el PIM se multiplicó 1.7 veces en dicho periodo. Sin embargo, las brechas sociales no se han logrado cerrar y se mantienen dentro de las más rezagadas del país. Por ejemplo, el 20% de la población de la provincia de Pataz no sabe leer ni escribir. En cuanto al nivel educativo alcanzado por la población, la mayoría culmina solo la educación primaria (42.2%) y, en menor medida, la secundaria (27.1%). En materia de salud, el 38.8% de los niños en Pataz ha recibido vacunas completas, y solo el 3.3% cuenta con el paquete integral de salud del niño de 1 a 4 años.

La eficiencia de la gestión pública explica en gran medida la desconexión que existe entre la asignación de recursos presupuestales y el bienestar de la población. De acuerdo con el Índice Local de Eficiencia de la Inversión Pública (ILEI) desarrollado por Videnza, la provincia de Pataz se ubica en el puesto 170 de 194 provincias evaluadas al cierre del 2023. Si bien ejecutó el 73% de su presupuesto de inversión, muestra importantes deficiencias para cumplir con su programación multianual de inversiones, ejecuta proyectos con un sobrecosto de 34% respecto a lo aprobado en el expediente técnico, y sus obras tienen un retraso promedio de 1,277 al cierre del 2023. La construcción de establecimientos educativos muestra el mayor retraso: superan los 2,000 días. El caso del distrito de Pataz revela problemas aún mayores, al haber ejecutado tan solo el 31% del presupuesto de inversión pública y ubicarse entre los distritos con peor ejecución presupuestal en el país.

Sin duda, restaurar el orden interno y luchar contra las economías criminales son tareas prioritarias e involucran estrategias y acciones de múltiples actores públicos y privados. Sin embargo, transformar la realidad socioeconómica de las jurisdicciones donde campea la ilegalidad es una tarea ineludible que no puede seguir postergándose por la desidia e incapacidad de autoridades que no gobiernan, sino que están sometidas al avance de la criminalidad.

Fuente: Gestión

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Esta designación se oficializa hoy a través de la Resolución Ministerial Nº 106-2024-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Asimismo, se da por concluida la designación de Marlene Espinoza Goyena, dándosele las gracias por los servicios prestados.

Como se recuerda, mediante Decreto Supremo Nº 143-2023-PCM, se crea la Comisión multisectorial de naturaleza permanente, dependiente de la PCM, con el objeto de realizar el seguimiento a la formalización minera y a las acciones destinadas a la erradicación de la minería ilegal y a la recuperación del ambiente.

Este grupo de trabajo está conformado, entre otros, por el presidente del Consejo de Ministros, a través del alto comisionado para el combate de la minería ilegal, quien la preside.

El alto comisionado es designado por resolución ministerial de la PCM y, en su condición de presidente de la Comisión multisectorial, está a cargo de liderar el desarrollo de las funciones de dicho órgano colegiado.

Rodolfo García Esquerre se desempeñó como comandante general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) entre 2018 y 2020, habiendo ocupado otros cargos en esta institución.

La resolución ministerial cuenta con la firma del presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén.

Fuente: ANDINA

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En la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, se destruyeron tres bocaminas ilegales e incautaron herramientas y material explosivo que eran usados para la actividad ilícita valorizado en más de un millón de soles. El operativo se ejecutó desde las 8:00 a. m. del 26 de marzo, hasta las 8:00 a. m. del miércoles 27 de marzo.

En el marco del estado de emergencia en Pataz, donde el control del orden interno está a cargo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú, se intervinieron campamentos mineros ilegales.

Sectores intervenidos en Pataz

En el sector de Zarumilla, se hallaron tres bocaminas. Dos de estas fueron destruidas por no tener los permisos correspondientes y se detuvo a Vicente Ruiz Espejo (49), Sergio Benavides Araujo (19) y Hermes Venegas Meza (59).

En Loma de Penzas, las autoridades ubicaron una bocamina ilegal sin presencia de personas, pero se hallaron diversos bienes y maquinarias destinadas para la extradición de oro. Esta fue calificada para su destrucción.

Resultado de la intervención

Además, producto de los despliegues, se intervinieron y destruyeron tres campamentos rústicos, cartuchos de dinamita, cordones, detonantes, detonadores, anfo artesanal, motores, sacos de mineral aurífero, palas, picos, carretillas, barretas, entre otros instrumentos.

A estos resultados, se le suman los del operativo contra la minería ilegal ejecutado el 13 y 14 de marzo en la misma provincia. En este, se destruyeron cuatro socavones y tres campamentos mineros, además de materiales, herramientas e insumos.

De igual manera, en el sector La Zeta, en el que fueron detenidos tres sujetos que pretendían secuestrar a un grupo de mineros, el 23 de marzo.

Fuente: Gestión

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El Congreso de la República propició, nuevamente, condiciones para que la minería ilegal, el principal problema del país según el 62% de peruanos (de acuerdo con cifras de Confiep), siga operando a sus anchas. Con la reciente derogación de la disposición de un decreto legislativo que aceleraba los plazos para la formalización, el Parlamento ha extendido la permanencia de quienes lucran de una actividad que, además de impactar el medio ambiente, genera una espiral de violencia que afecta a muchas personas vulnerables.

Dicho decreto, aprobado en diciembre del 2023, establecía que los inscritos en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) contaban con un plazo límite hasta el 20 de marzo para presentar ante el Ministerio de Energía y Minas (Minem) un contrato de explotación o de cesión, sobre el área que operan, suscrito con el titular de la concesión minera que tenga autorización para realizar actividades de exploración o explotación. Con ello, habrían quedado fuera del registro los ilegales.

No es un secreto que en la actualidad hay mineros ilegales inscritos en el Reinfo que, bajo el manto de legalidad que les confiere estar en una especie de limbo, continúan lucrando sin ninguna repercusión en su contra. Según hemos reportado (Gestión 08.01.24), a noviembre del 2023, el monto estimado atribuible a la minería ilegal fue de US$ 805 millones. Es decir, dio un salto siete veces mayor al identificado el año anterior. Así, algunos meses más podrían representar varios millones extra para esta actividad ilícita y una continuación de las nefastas consecuencias que la acompañan.

De haberse mantenido los plazos previstos, se habría afectado a mineros artesanales que podrían haber estado en proceso de obtener la documentación necesaria para presentar al Minem. Eso es cierto. Pero si no lo han conseguido hasta ahora, pese a las repetidas prórrogas, ¿es factible que sí tengan los papeles en regla en diciembre, que es cuando el registro, en principio, dejará de estar vigente?

Las controversias alrededor del Reinfo solo evidencian su fracaso como mecanismo para la formalización. Pese a ello, existe el riesgo de que, llegado fin de año, pueda ampliarse su vigencia (ver página 12). Todo indica que está en proceso de elaboración un nuevo proyecto de ley de la pequeña minería y minería artesanal. Esperemos que con dicha iniciativa puedan implementarse mecanismos suficientes a nivel administrativo, de rectoría del proceso y de apoyo a los verdaderos mineros artesanales como para darle una solución a una actividad (la minería ilegal) que no deja de desangrar al país.

Fuente: Gestión

La entrada Editorial: El Reinfo ha fracasado como mecanismo para la formalización minera aparece primero en Revista Horizonte Minero.

Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE), informó que, en los últimos años, la minería ilegal ha representado una pérdida importante de ingresos para el Estado, equivalente al 2.5% del PBI anual (S/ 22,700 millones al año).

Por ello, es importante analizar las medidas que puede adoptar el Gobierno para erradicar la minería ilegal.

Medidas que debe tomar el Gobierno

• No aperturar el Reinfo

Aperturar nuevamente el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) está en debate en el Congreso; sin embargo, esta sería una medida que impacte en las inversiones mineras negativamente, y que genere una entrada a la minería ilegal.

Cesa Ipenza, profesor de la Escuela de Gestión Pública de la UP, menciona que “abrir el Reinfo nuevamente genera un problema tremendo porque mineros ilegales se disfrazan de mineros informales y no se les puede sancionar. No debería abrirse este proceso. El Poder Judicial y el Ministerio de Energía y Minas deberían impulsar los procesos ordinarios, es decir, que primero se cumpla la ley y luego se opere”.

Por su parte, Aarón Quiñón, investigador del CEMS de la Universidad del Pacífico, considera que, así como están las condiciones actualmente, una ampliación del Reinfo no va a funcionar.

“Creemos que la discusión debería ser más amplia y proponer un nuevo proceso de formalización integral que supere los obstáculos que tiene el proceso ordinario de formalización”, menciona el especialista.

Actualmente, según el Reinfo, son 87,082 personas que se encuentran inscritas, de las cuales, 14,766 están en proceso de formalización y el 72,316 están suspendidas.

Angela Grossheim considera que “el Reinfo ya no debería continuar ampliándose ni permitiendo que se incorporen más personas con solo la inscripción porque cuando uno se inscribe, tiene que cumplir con algunas condiciones que son pequeñas: tener un instrumento de gestión ambiental, inscribirse en un registro único y señalar cuál es su producción”.

Si no se cumple, las personas que ya se inscribieron en el Reinfo no pueden ser procesadas por minería ilegal. Por lo que se “ha generado una puerta abierta para las actividades delictivas porque con ese documento, las personas que no quieran formalizarse, pueden ser impedidos de ser procesados por ello”.

• Proceso de formalización

Según la ley, el proceso de formalización minera es hasta el 31 de diciembre del 2024, por lo que Ipeza recomienda “no dilatarlo más. Los mineros que quieren realizar alguna actividad minera deberían hacerlo de manera ordinaria. Primero deben cumplir la ley y luego operar”.

Además, reconoce que, con respecto al impacto de la minería artesanal y la de pequeña escala, emplea mucho más que la minería a mediana y gran escala porque es un sector que mueve entre 200,000 a 500,000 personas.

“Si esta minería artesanal en proceso de formalización culminara el proceso y llega a ser formal, las estimaciones podrían tener ente 1 y 1.6% del PBI nacional, que es un aporte muy importante a nivel nacional, solo si terminan de formalizarse. Si esta minería tuviese acceso a mercados competitivos a nivel internacional, el impacto podría ser mayor”, agrega Quiñón.

En el caso de no utilizarse el Reinfo, los mineros informales acatarían el proceso ordinario y, con ello, ninguno podría formalizarse. Por ello, recomienda que las autoridades rescaten los obstáculos y los errores para generar un proceso integral.

• Proponer incentivos para acelerar la formalización

Quiñón también menciona que una estrategia de formalización en la minería no solo debe determinar cuáles son los requisitos a cumplir, sino también se debe motivar a que se culmine el proceso.

Es decir, “que los mineros artesanales puedan acceder a cadenas de valor sustentables, responsables, que sean un beneficio económico para ellos. Esta es una estrategia diferente que se tiene que seguir para la erradicación de la minería ilegal”.

Ello debería verse reflejado en el presupuesto que dispone el Estado. Según el profesional, se destinó S/ 86 millones a la erradicación de la minería ilegal en el 2023 y, para la formalización, se designó S/ 24 millones.

Por ello, menciona que el enfoque debería situarse también en el segundo punto porque “una de las consecuencias de no formalizar es el aumento de la ilegalidad y de la criminalidad, que es lo que estamos viendo en Pataz, Arequipa y Madre de Dios”.

• Orden interno y seguridad

Grossheim explica que determinadas zonas requieren una seguridad especial, producto de la violencia que se ejerce con la minería ilegal. A su vez, considera que deben implementarse direcciones especializadas en el Ministerio del Interior para dirigir labores de inteligencia e investigación.

Según el documento “Abordaje integral de la minería informal e ilegal en el Perú”, elaborado por la SNMPE, existen seis zonas abordadas por economías ilícitas producto de la minería ilegal.

 Territorios con minería ilegal en el Perú. Foto: SNMPE

En estos territorios, se encuentran clanes familiares mafiosos; control y corrupción de autoridades políticas y funcionarios para la rentabilidad del negocio ilícito; control territorial y de rutas por cárteles mafiosos; presencia de un poder mafioso contra el estatal, incluso transnacional en zonas de frontera; gran impacto ambiental; violación de derechos humanos.

• Desarrollo institucional

Actualmente, la minería pequeña o artesanal está bajo fiscalización de los gobiernos regionales. Angela Grossheim considera que estas autoridades no cuentan con las capacidades y los recursos para poder hacerlo como corresponde.

Por ello, deben fortalecerse estas direcciones y realizar acciones conjuntas a través de convenios como Osinergmin, Oefa, Sunafil, para que “realmente entidades especializadas pueden realizar la supervisión y fiscalización y si cumplen con los requisitos de la MAPE”.

A su vez, considera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también podría trabajar con las autoridades mencionadas, en el caso de que haya actividades sospechosas relacionadas como el lavado de activos.

• Adoptar tecnologías limpias

El mercurio y el cianuro son algunos de los insumos principales para separar el oro de otros minerales, pero el uso incorrecto e indiscriminado puede contaminar ecosistemas y provocar la muerte de personas y animales.

Por ello, César Ipenza menciona que se deben aprovechas las tecnologías limpias para “recuperarse una mayor cantidad de oro, a diferencia del uso del mercurio. Además, se evitaría la contaminación en los pueblos. La adopción requiere que las autoridades como el Minem y el Ministerio del Ambiente (Minam) acompañen a los mineros a impulsar e implementar estas medidas”.

En esta línea, se ha presentado el proyecto de Ley N° 6906/2023-CR para reducir el uso del mercurio en la minería; con ello, se busca establecer disposiciones normativas para evitar este mineral en la obtención del oro en la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (MAPE).

Con ello, también se combatirá el contrabando y el mercado informal de la compra y venta del mercurio, actividades que suelen fomentar el acceso a la minería ilegal e informal.

Ipenza menciona que los precios de las tecnologías limpias varían, “pueden costar US$ 5,000, pero dependerá del proceso de adaptación a nuestro contexto, pero si el Estado apuesta por ello, hay una asistencia y los costos se masifican, el costo de adquisición puede reducirse”.

Tecnologías limpias erradicarían el uso del mercurio en la extracción de oro. Foto: Seguridad minera

Postura de la ciudadanía ante la minería ilegal

El Estado tiene varias acciones que tomar para frenar la minería ilegal e impulsar la formalización del sector; sin embargo, no son los únicos personajes que pueden actuar para mejorar las circunstancias de esta actividad.

César Ipenza insta a la ciudadanía a no consumir joyería de oro que no se encuentre certificada porque “no solo deberíamos cuestionar la actividad, sino ser unos consumidores responsables”. En esa línea, una joya que no tenga claridad de sus orígenes, puede provenir de la minería ilegal.

Fuente: Gestión

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